Sin control

Inicia el año con una ofensiva de medidas abusivas e insensatas del Gobierno Nacional que dejan al descubierto serias falencias institucionales para contrarrestarlas a tiempo. Me refiero a la reforma tributaria vía emergencia económica, el billonario crédito con un inversionista privado y el incremento sin precedente del salario mínimo para 2026.

Decisiones con un fin electoral, exigente en dinero y en acciones que fidelicen electores.

El déficit fiscal es innegable y preocupante, pero la solución planteada por el Gobierno ha sido inadecuada, pues, en vez de reducir el gasto público, ha acudido a más impuestos. Lo que llevó al Congreso, en dos oportunidades seguidas, a negarle una nueva tributaria. La respuesta fue acudir a la figura excepcional de la emergencia económica y social, a fin de recaudar $ 11 billones, en clara y flagrante violación de la Constitución.

A lo anterior se suma la contratación de un crédito por $ 23 billones con inversionistas privados, a una tasa de interés de 13,15 %. Lo que ha generado controversia y suspicacia, en especial, por el valor a pagar por el préstamo. El promedio de la tasa de interés real del Fondo Monetario Internacional para Colombia en 25 años es menor al 9 % (4 a 5 puntos menos). El país, es decir los ciudadanos, pagaremos tres billones de pesos anuales en intereses durante quince años; un despropósito.

Para concluir, el Gobierno arrojó la bomba del incremento en el salario mínimo del 23 %. Difícil oponerse a que los empleados formales que devengan el mínimo (2,4 millones) reciban un mayor ingreso en términos reales, mejorando su capacidad adquisitiva. De ahí la dificultad de explicar sus efectos negativos, aunque pronto a los beneficiados no les hará diferencia por la inflación que causará. Y pronto se verán los efectos en el empleo formal y en toda la economía.

Desmenucemos lo señalado. En el caso de la tributaria, es evidente que se abusó de la figura de la emergencia económica, pues la crisis fiscal no es un hecho imprevisto y se hizo adportas de que los funcionarios de la Rama Judicial salieran a vacaciones, para dilatar la revisión obligatoria de la Corte Constitucional, que se espera declare inexequible la norma. Mientras tanto, a pagar más impuestos. Una jugada dolosa, fríamente calculada.

Respecto del crédito, es inexplicable su alto costo, existiendo opciones más favorables. El ‘riesgo país’ ha crecido por el desafortunado manejo de la economía y de la situación fiscal y por la incertidumbre política. Pero colocar títulos de tesorería en condición tan adversa, por semejante monto y con un solo fondo, es irresponsable. Lo que lleva a preguntarse por la conveniencia de la total autonomía de los gobiernos para este tipo de operaciones.

Con relación al salario mínimo, más allá de la discusión por el porcentaje de incremento y los daños colaterales, es de esperar que el Consejo de Estado también lo tumbe, por no ceñirse a los requisitos económicos de ley para su fijación (IPC, PIB, productividad) y por burlar el proceso de concertación exigido. Pero su revisión legal tomará tiempo. Similar a la tributaria express y al crédito a dedo, evidencia deficiencias institucionales.

El que un gobierno pueda expedir una tributaria por decreto atropellando una figura excepcional, contrate un crédito billonario y absurdamente costoso con un solo fondo sin ningún control y desconozca descaradamente la ley al definir el salario mínimo, y en los tres casos se salga con la suya al menos temporalmente, devela problemas en el sistema de contrapesos del Estado. Sistema diseñado para gobiernos decentes, que cumplen la Constitución de buena fe, no crápulas dispuestos a todo para quedarse en el poder.