Cali, la ciudad de las fotomultas y los taches: ¿y los semáforos?

Cali es una ciudad de fotomultas que, al cierre de 2025, dejaron, en promedio, un millón de comparendos. Son alrededor de 70 cámaras que Waze advierte en cada viaje, con una luz titilante. Eso, en principio, está bien: las cámaras nos obligan a disminuir la velocidad, a no pasarse el semáforo en rojo, a tener el Soat y la revisión técnico-mecánica al día. En una sola palabra: orden para una capital caótica, anárquica en su tráfico.

La ciudad también está llena de taches amarillos, reductores de velocidad y otros dispositivos de ordenamiento vial, en una medida de la Secretaría de Movilidad llamada Plan Salvador, que resulta en algunos puntos más problemática. Hay zonas —como en la Simón Bolívar, a la altura de Puerto Maderas— donde la intervención fue una chambonada: se redujeron dos carriles de la autopista, se creó un embudo y apareció un trancón monumental frente a un semáforo que, de hecho, si funcionara correctamente, sería la forma más efectiva de reducir la velocidad. En un semáforo los conductores paran. ¿Para qué, entonces, llenarlo de taches?

A esto se suma un posible detrimento patrimonial. Los reductores de plástico no duran: los dañan las llantas de los buses, los vandalizan o se deterioran en cuestión de semanas. Basta ver lo ocurrido en la Simón Bolívar, donde los taches instalados hace poco ya presentan daños evidentes. Y en ellos se han gastado recursos importantes. Hay intersecciones donde la inversión alcanzó los $ 70 millones; si se suman todos los taches financiados con recursos provenientes de las fotomultas, la cifra es millonaria. Y se está perdiendo.

En otros sectores de la ciudad, además, estos dispositivos se instalaron en puntos poco transitados, casi a la carrera. Aunque también es cierto que en otras zonas han ordenado el tráfico, evitado el zigzagueo, la peligrosa invasión al carril contrario.

En todo caso, tanto por el alto número de fotomultas como por la proliferación de taches, sumado a ciertos abusos —como el intento de algunos guardas de tránsito de llevarse las motos de los obreros de una construcción en el norte— (un asunto es el control y otra la persecución al ciudadano), Cali es hoy una ciudad molesta. “Emputada”, escribió el concejal Roberto Ortiz, para ser más precisos.

Pensándolo bien, el enojo no obedece tanto a estas medidas en sí, sino a la sensación de que la Alcaldía es muy diligente para exigirle al ciudadano que cumpla con lo que le corresponde, pero no muestra la misma eficiencia para garantizar su parte en la construcción de una ciudad segura. Está bien la cámara de fotodetección, pero también tapen los huecos; muy bien el control en las calles, pero la Alcaldía debe garantizar que los semáforos funcionen, y esto no siempre ocurre. La tensión nace de ahí: ¿quién multa a los funcionarios que no cumplen con lo que les corresponde?

La excusa reiterada es el vandalismo. Y es cierta: Cali es una ciudad donde se roban los semáforos. Pero pareciera que ir tras los responsables no es una prioridad, pese a que no se trata de un delito menor.

Cada controlador de una intersección cuesta, en promedio, $ 150 millones. En 2024 y el primer semestre de 2025 se habían robado 21 de estos equipos: $ 3150 millones, toda una fortuna.

“Creemos que detrás hay una banda criminal especializada y se tienen sospechas de que estarían involucrados contratistas que en algún momento pasaron por la Secretaría de Movilidad. Estas tarjetas no todo el mundo sabe para qué sirven ni dónde están ubicadas; es un conocimiento que se aprende cuando se está en la Secretaría. Y se están hurtando los equipos completos, tanto las tarjetas principales como los CPU de los semáforos. Estos elementos solo sirven para los semáforos, nada más”, me dijo en su momento Gustavo Adolfo Cambindo, líder del equipo de Semaforización de la Secretaría de Movilidad.

En la Policía no existe un grupo especializado que cuide la infraestructura pública de Cali. Lo que se sabe es que los semáforos robados en la ciudad se venden en otras capitales. O, al revés: en Cali se instalan semáforos hurtados en otros lugares. Como ocurrió en la Calle 5 con Carrera 70, donde la Fiscalía advirtió que el equipo había sido denunciado como robado.

Capítulo aparte merecen los llamados semáforos inteligentes. En Cali no hay ni uno solo, pese a que la actual Administración prometió cien y a que, durante la alcaldía de Jorge Iván Ospina, se desembolsó el 80 % de los recursos al contratista para iniciar la instalación: $ 40 mil millones, sin que se haya puesto un solo semáforo “inteligente”. ¿Cuándo serán sancionados los responsables?

El enojo de Cali con las fotomultas y los taches, entonces, tal vez desaparezca cuando quienes dirigen la ciudad también le cumplan al ciudadano, y no solo esperen lo contrario. Mientras al ciudadano se le exige cumplir cada norma bajo la lupa de una cámara, aún hay semáforos apagados o funcionando a medias, calles llenas de huecos y millones que se esfuman sin responsables claros.

La pregunta, aún en rojo intermitente, es: ¿quién responde cuando la ciudad falla?