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Salud. Imagen de referencia. | Foto: El País

EPS

¿Empezará ahora sí la recuperación del sistema de salud?

Inyectar $6,7 billones al sistema dará un respiro a las empresas, pero no sería suficiente. Los usuarios esperan que esto se refleje en una mejor atención.

28 de julio de 2019 Por: Redacción de El País

Cada día de este año los colombianos han puesto 1800 quejas y reclamos ante la Superintendencia de Salud por las dificultades para acceder a una cita o a un medicamento. Fueron 336.837 en el primer semestre del 2019, 67.386 más que en igual periodo del 2018.

Las quejas son las mismas: falta de oportunidad en las citas, sobre todo de especialistas, no suministro de medicamentos, demoras en la programación de cirugías, tardanzas en las autorizaciones y tratamientos. Los hospitales y clínicas del país están llenos de estas historias que en muchos casos terminan de manera trágica.

Esta fotografía de la salud nacional se replica en el Valle del Cauca. Alex Camacho, defensor del Paciente de Cali, dice que las quejas de los caleños no paran y que en los últimos cuatro años la situación ha empeorado.

“Las dificultades persisten y uno de los grandes motivos por los cuales los que se enferman no reciben la atención oportuna, es porque las EPS no cuentan con la red suficiente para garantizar los servicios”, dice.
Esta dependencia ayudó a instaurar en 2018 un total de 6802 derechos de petición para reclamar atención en salud en Cali; en el 2017 fueron 4836, es decir 77 % más de usuarios necesitaron esa ayuda para reclamar el servicio el año anterior.

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La otra cara del sistema de salud la tienen las empresas. El sector asegurador del país movió en 2018 $64,3 billones, esto incluye EPS, planes adicionales de salud, ARL y Soat. Adicionalmente, los ingresos de los 6478 prestadores de salud en Colombia, que reportaron información, están alrededor de $60,7 billones. El 14 % del total de entidades son hospitales públicos, cuyos ingresos ascendieron a $13,9 billones. Es decir que el sistema movió el año pasado unos $124 billones.

Aunque esa cifra parece astronómica, la mitad del presupuesto nacional, el sector de la salud en Colombia no ha logrado estabilizarse.

Según datos de la Asociación de Clínicas y Hospitales de Colombia, Achc, las EPS les deben a estas entidades $10 billones, la Superintendencia de Salud ha llegado a estimar las deudas de todo el sistema hasta en $17 billones y esta semana el Gobierno Nacional, al poner en marcha el acuerdo de Punto Final, que busca pagar la cartera vencida de servicios prestados que no hacían parte del Plan de Beneficios en Salud (PBS), habló de una deuda del Estado con las EPS de $6,7 billones. Es decir que no hay, a la fecha, una cifra clara de la cartera que tiene todo el sector.

De todas maneras, los $6,7 billones anunciados darán un respiro al sector, lo que entusiasma a EPS, clínicas y hospitales, pero aún no a los usuarios que siguen sufriendo porque se les brinde una atención oportuna. Adicionalmente, una parte de los actores del sector creen que se deben implementar otras medidas para hacer sostenible la salud en Colombia.

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¿Se necesita una reforma?

Sergio Prada, analista experto en salud, dice que hay dos cosas que se deben reformar para que este sector salga adelante: acabar la figura de lo No incluido en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), “el Gobierno no puede dejar ese cabo suelto que fue el que generó el lío financiero y, por otro lado, las instituciones prestadoras deben comprometerse a tener mejores sistemas de gestión para que la información sea clara, se pueda auditar y todos los cobros tengan evidencia”.

Hoy en Colombia opera un Plan de Beneficios en Salud que está financiado por el Gobierno y el aporte de los trabajadores y, por otro lado, están los medicamentos y servicios de alto costo que no hacen parte de ese paquete. Según informaciones de las EPS, al mes se radican en la Administradora de Recursos del Sistema (Adres) cuentas por cobrar de lo No PBS por $400.000 millones, lo que suma al año unos $5 billones. De esto, solo están financiados unos $3 billones, los otros $2 billones generan el hueco fiscal que ha ocasionado las grandes deudas.

Por eso, Javier Correa, gerente financiero de Coomeva EPS, también cree que se debe establecer qué servicios y medicinas quedarán cubiertos y al mismo tiempo desaparecer la figura de lo no incluido en el PBS. Recordó que a las EPS les cargaron obligaciones de dar servicios que no estaban en el ese plan original y sin financiación.

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Al respecto Juan Carlos Giraldo, director de la Achc, destacó que sanear las deudas de las EPS va en el camino correcto, pero no es la solución completa. “Faltan una serie de medidas para que la situación no se repita” y, por ello, cree que la reforma del sector es un pendiente del Gobierno.

“El sistema no puede seguir a punta de planes de choque y de contingencia, apreciamos el esfuerzo, pero se requiere la reforma que cambie el uso y la tenencia de dinero, que defina un plan de beneficios más robusto y que se dé un viraje en la atención en salud, pasando de lo curativo a lo preventivo. El Acuerdo de Punto final responde a deudas del pasado, pero hay que mirar el presente y el futuro”.

Otra cosa piensa Gustavo Morales, director de Acemi, entidad que agrupa a las EPS. “Yo creo que no se requieren más leyes en salud porque lo que se ha logrado en este Gobierno, más lo que se traía del anterior, ya implica una revolución silenciosa en el sistema que apunta a mejorar”.

Agregó que con las decisiones del Gobierno se está a punto de hacer una inyección de recursos de gran magnitud y eso permitirá saldar deudas y mejorar el servicio. “Todos esos esfuerzos regulatorios se reflejarán en beneficio de los pacientes”, aseguró.

¿Qué pasa con la salud del Valle?

El Valle tiene 4,3 millones de afiliados a salud, la mitad de ellos en el régimen contributivo, es decir que aportan por este servicio. En la región operan las principales EPS del país, pero adicionalmente hay tres originarias del departamento: Coomeva, SOS y Comfenalco Valle, las cuales en conjunto tienen 3 millones de afiliados, según datos de la Supersalud.

La situación más sensible la tiene Coomeva EPS que tiene cuentas por cobrar al Estado por $1 billón, de los cuales $650.000 millones están vencidos, monto que se espera recuperar con el acuerdo de Punto Final. A su vez, esta institución le debe a sus proveedores cerca de $1 billón. Mientras Comfenalco Valle tenía al mes de mayo cuentas por pagar cercanas a $70.000 millones y cuentas por cobrar a la Nación por $74.000 millones.

Gustavo Morales, presidente de Acemi, aseguró que el Valle tiene una industria fuerte de salud con tres EPS grandes del régimen contributivo, que pese a la situación del sector han ejercido liderazgo. “SOS y Coomeva han hecho grandes esfuerzos para superar las dificultades y los nuevos mecanismos que implementa el Gobierno les dará un impulso que beneficie a los usuarios”.

Para este directivo, el acuerdo de Punto Final resuelve la deuda acumulada por prestar servicios no incluidos en el Plan de Beneficios, “que son responsabilidad del Estado” y destacó que la ley introducirá mecanismos para evitar que, en el futuro, se viva la misma situación. “Se está definiendo el instrumento de techo para acabar la figura de los recobros de servicios de alto costo”.

Se prevé que las EPS tendrían un presupuesto para atender lo no incluido en el Plan de Beneficios y serían responsables de ese manejo.

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