Así funciona la financiación de las campañas presidenciales, un ‘agujero oscuro’ de la contienda electoral

¿Cuánto dinero han gastado los más de cien precandidatos presidenciales durante la precampaña? Esa es una pregunta que hoy no tiene respuesta concreta, pese a los numerosos escándalos por violación de topes e ingresos de dineros indebidos en las campañas políticas en Colombia.

El país no olvida el ‘Proceso 8000’, el Caso Odebrecht y la reciente polémica por violación de topes que ‘enloda’ la campaña del hoy presidente de la República, Gustavo Petro, de las que siguen surgiendo aristas.

Si bien la campaña por la Casa de Nariño inicia oficialmente el 31 de enero de 2026 y cada aspirante tiene la obligación de reportar sus gastos e ingresos desde esa fecha, las ‘irregularidades’ inician en la etapa de precampaña, en la que existen vacíos respecto a las reglas de financiamiento.

El País ingresó a la página web de Cuentas Claras, un aplicativo del Consejo Nacional Electoral, CNE, destinado a que los candidatos reporten su financiación, y aún no está disponible la opción de consulta ciudadana para conocer cuánto dinero ha ingresado y salido de las actuales aspiraciones.

Ni siquiera hay un reporte de quienes esperan avalar su candidatura por firmas, a pesar de que la reglamentación del CNE, señala que los Grupos Significativos de Ciudadanos tienen la obligación de registrar, en Cuentas Claras, el consolidado de ingresos y gastos en la etapa de precampaña, así como los precandidatos en consulta, ya sea interna o interpartidista.

En ambos casos, el tope de gastos es de $ 6080 millones, pero quienes esperan el aval de un partido, sin consulta interna, no tienen la obligación de reportar, entonces, ¿cómo se monitorean los montos de las precampañas y cómo se garantiza que no ingrese dinero ilegal?

“Lo único con alguna normatividad es la etapa de recolección de apoyos, donde hay obligación de reporte y está prohibido realizar actos de proselitismo o propaganda electoral. Sin embargo, no existen topes de gasto ni un control real, lo que deja la precampaña en un escenario de opacidad casi total”, explica Frey Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral, MOE.

“La precampaña es un terreno institucionalmente muy difuso que funciona como un agujero negro para la transparencia. Aunque muchos de los precandidatos mueven recursos muy significativos en logística, pauta, giras y pagan mucho dinero en ayudas, asesorías y consultorías, la ley no los obliga a reportar de forma rigurosa esos gastos antes de la inscripción formal de la candidatura”, indica el consultor y analista político Álvaro Benedetti.

“Esto crea un espacio en el que se pueden invertir muchas sumas, incluso lavar dinero. Hay que recordar que los entes de vigilancia solo entran en escena cuando la campaña ya está oficialmente abierta, por lo que esos meses de proselitismo sin trazabilidad financiera son muy peligrosos y así operan prácticamente todos los actores del espectro político”, añade.

El gasto más significativo del que se tiene conocimiento fue el alquiler del Movistar Arena para un evento realizado por el precandidato Abelardo de la Espriella, que según dijo en diálogo con medios de comunicación, tuvo un valor de cerca de $160 millones y “con arandelas llegaría a $ 280 o $300 millones”.

En su momento, el abogado solo explicó que el dinero fue suyo, obtenido a través de los productos que vende.

Además de él, en cada ciudad se pueden ver vallas publicitarias con los rostros o nombres de diferentes aspirantes, adicionalmente están los gastos en redes sociales para promover su contenido o las pautas pagas con ‘influencers’, que, según se sabe, no son gastos menores.

Frey Muñoz comenta que solo es posible rastrear parcialmente los gastos e ingresos de los precandidatos: “Es rastreable aquello que deja huella pública, como eventos y pauta visible en medios, redes o plataformas. En el caso de los Grupos Significativos de Ciudadanos, solo se conoce lo que ellos decidan reportar. El resto de gastos —consultorías, logística, pagos en efectivo, aportes en especie, apoyo de terceros— puede quedar fácilmente por fuera”.

Ante esos vacíos, desde Transparencia por Colombia se ha propuesto que el CNE emita un pronunciamiento sobre cuál será la forma de investigar y establecer si se incurrió en actividades extemporáneas de campañas y cuál será el proceso de revisión de los recursos invertidos en estas actividades.

Asimismo, señala necesario que el CNE informe si está adelantando seguimiento a las actividades de precampaña, que el Consejo de Estado, una vez termine la campaña actual, precise los límites de las actividades proselitistas y que la Procuraduría concluya oportunamente las investigaciones disciplinarias que tiene en curso.

En campaña

Si bien la etapa de campaña cuenta con normas más robustas que intentan evitar la violación de topes y el ingreso de dinero ilegal a las aspiraciones, estas no han servido para evitar que grandes escándalos enturbien el proceso electoral.

“Los vacíos en las reglas de reporte y financiación son estructurales, debilitan todo el sistema de control y aunque existe la obligación de reportar los gastos en Cuentas Claras, ese mecanismo descansa prácticamente en el autorreporte, lo cual permite buscar la manera de eludir, de minimizar esos gastos reales, ocultar aportes, diferir información hasta después de la elección”, comenta Benedetti.

Según este analista, “ninguna entidad tiene la capacidad de hacer verificación cruzada en tiempo real con bancos, lo cual es una desgracia para el sistema democrático”.

Para el 2026, el CNE estableció que para la primera vuelta presidencial, el tope de la campaña debe ser $ 37.110.502.954, y para la segunda vuelta de $17.357.787.485, cantidad que algunos sectores han considerado muy pequeña desde ahora.

En opinión del Subdirector de la MOE, se requieren varias reformas para fortalecer la capacidad de control: “Fortalecer la autoridad electoral con presencia efectiva a nivel municipal para verificar gastos en territorio y contrastarlos con las cuentas reportadas, crear gerencias regionales obligatorias en campañas nacionales. Implementar un sistema de reporte de aportantes que permita cruzar ingresos y gastos en tiempo real”.

“Además de exigir reportes directos o colaboración con la autoridad electoral por parte de plataformas como Meta y Google y cruzar información con bases oficiales como la Unidad de Información y Análisis Financiero y la Dian”, agrega.

De hecho, advierte que es muy fácil que dinero ilegal entre a una campaña, ya que el recurso puede ingresar antes de que exista formalmente esa aspiración.

“Muchos aportes se camuflan como eventos pagados por terceros, donaciones en especie, aportes no declarados, uso de intermediarios o testaferros. A esto se suma una débil capacidad institucional de monitoreo en tiempo real, lo que facilita la entrada de recursos de origen ilícito o no permitido”, explica.

Por otro lado, el analista Carlos Charry anota que “el problema de fondo no es tanto sobre si la norma está bien hecha o no, sino de cómo son los mecanismos de financiación. Ahí es donde la responsabilidad debería caer sobre los partidos políticos. En un sistema electoral fundamentado en colectividades sólidas, la cosa sería muy distinta”, comenta.

“Lo mismo sería si la financiación de campaña fuera estatal y los candidatos se vieran obligados a tener unas reglas en función a las normas que impone el Estado. No estaríamos pensando en topes de campaña ni en si se reciben recursos o donaciones en especie o en cuentas paralelas si todos los candidatos tienen un determinado valor y todos juegan con las mismas reglas”, agrega.

Ante el panorama actual y las crecientes polémicas por financiación de campañas, Charry sugiere que no solo el CNE debería ser el ente encargado de las investigaciones, sino que debería haber una división de la Fiscalía para delitos electorales.