Economía
SuperSociedades entrega avances en proceso de liquidación de Almacenes La 14: se han vendido activos por $16.600 millones
Superintendente Billy Escobar explica que la entidad actúa con estricto apego al marco legal para restablecer el equilibrio patrimonial y garantizar que los recursos disponibles se distribuyan conforme a la ley.
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10 de mar de 2026, 11:25 a. m.
Actualizado el 10 de mar de 2026, 11:25 a. m.
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La Superintendencia de Sociedades entregó un nuevo informe sobre los avances que ha tenido el proceso de liquidación de Almacenes La 14 S.A. y de las decisiones que se han adoptado recientemente dentro del expediente concursal.
El ente de control, recordó que en desarrollo de las etapas previstas en el proceso, se han alcanzado hitos relevantes. Entre ellos se destaca el pago del 100 % de las acreencias laborales, que superaron los $6000 millones, lo que permitió garantizar plenamente los derechos de los trabajadores. De igual forma, se llevó a cabo la venta de activos no gravados, que alcanzó ingresos superiores a $16.600 millones, contribuyendo a la conformación de la masa de liquidación.
Según el inventario actualizado, el ente de control señaló que el proceso registra un activo neto de liquidación de $652.557 millones y un pasivo de $621.202 millones.
En otro frente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, mediante fallo de tutela del 18 de febrero de 2026, negó la solicitud presentada por un grupo de acreedores que buscaba dejar sin efecto decisiones del juez concursal relacionadas con la recalificación de ciertos créditos garantizados. Estos estaban respaldados por derechos fiduciarios sobre el Patrimonio Autónomo FC-La 14, bien que no figuraba en el inventario aprobado, dado que el patrimonio autónomo se encuentra en proceso de terminación y liquidación.

El Tribunal concluyó que la autoridad concursal actuó conforme a la Ley 1676 de 2013 y al artículo 2.2.2.4.2.55 del Decreto 1074 de 2015, al determinar que, ante la inexistencia del bien dado en garantía, los acreedores debían ser reconocidos como quirografarios. En su decisión, la Sala también señaló que no se configuró una vía de hecho ni una vulneración al debido proceso.
Posteriormente, mediante el Auto 2026-01-072369 del 23 de febrero de 2026, el despacho ordenó la consolidación patrimonial de Almacenes La 14 S.A. y Calima Desarrollos Inmobiliarios S.A.. Esta decisión se adoptó tras evidenciarse un conjunto de operaciones que, según la autoridad concursal, carecían de legitimidad económica y afectaron la prenda general de los acreedores.
Entre los elementos analizados se identificó la transferencia de activos estratégicos de La 14 a Calima por valores inferiores a su precio real, la suscripción de contratos de arrendamiento con condiciones altamente onerosas y el uso de dichos bienes como respaldo para operaciones de financiamiento en beneficio exclusivo de Calima. Estas circunstancias habrían generado un vaciamiento patrimonial, lo que llevó a aplicar la medida excepcional contemplada en el artículo 2.2.2.14.4.1 del Decreto 1074 de 2015.
Con la consolidación patrimonial, los activos y pasivos de ambas sociedades pasarán a administrarse como una única masa concursada, lo que busca fortalecer la protección del crédito frente a los acreedores y permitir que los gastos de administración se atiendan con cargo al patrimonio consolidado.

Sobre este caso, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, afirmó que “este proceso refleja el compromiso institucional con la transparencia, el rigor técnico y la defensa del interés general”.
Añadió que la consolidación patrimonial es una herramienta excepcional del régimen de insolvencia, que solo se aplica cuando los hechos demuestran un impacto real sobre la masa de acreedores. Según explicó, la entidad actuó con estricto apego al marco legal para restablecer el equilibrio patrimonial y garantizar que los recursos disponibles se distribuyan conforme a la ley.
Finalmente, la Superintendencia de Sociedades reiteró su compromiso con la transparencia, la protección del interés general y la aplicación rigurosa del régimen de insolvencia empresarial, asegurando que las próximas etapas del proceso continúen desarrollándose conforme a la normatividad vigente.

Comunicadora Social - Periodista de la Universidad Autónoma de Occidente, con amplia experiencia en periodismo regional, comercial y desde hace tres años trabajo en la sección de economía.
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