Exclusivo: Criminales escapan de la justicia con supuestas membresías a resguardos indígenas

En un acto propio de vendettas por narcotráfico, una camioneta Toyota blindada fue atacada con tiros de fusil en la tarde del pasado 28 de agosto en la avenida Ciudad de Cali, a la altura del barrio El Retiro, en el oriente de la capital del Valle.

En el hecho resultaron asesinadas dos personas, hubo varios heridos y la rápida acción de los uniformados de la Policía Metropolitana de Cali permitió la captura en flagrancia de varios de los implicados en la balacera, en la que se incautaron armas cortas y de alto calibre.

Sorprendió a las autoridades que entre los capturados se encontrara un pez gordo de la delincuencia en Cali, Andrés Felipe Flórez, alias Chinga Pipe, contra quien iba dirigido el atentando en medio de la guerra que libra en las calles con alias Dimax por el control del microtráfico.

Pero más asombroso aún fue conocer las razones por las que alias ‘Chinga Pipe’, con todo y su prontuario criminal, y pese a que se encontraba supuestamente cumpliendo una condena por otros delitos, transitaba libremente por las calles de la ciudad: tenía en su poder un documento que lo certificaba como miembro de uno de los cuatro resguardos indígenas ubicados en el municipio de Florida (Valle).

“Ese delincuente no tenía que estar en la calle. Un juez le otorgó un beneficio de detención domiciliaria en un resguardo indígena del municipio de Florida, Valle del Cauca. Desde allí seguía cometiendo conductas delictivas”, indicó el coronel Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Si bien la Constitución Política de 1991 les otorgó a los pueblos indígenas el derecho a administrar justicia según sus costumbres, su cultura y su cosmovisión, también fue explícita en determinar que su aplicación no podía contradecir la Carta Política y las leyes en Colombia.

No son pocos los casos en que la ciudadanía ve desprotegidos sus derechos consagrados como fundamentales en la Constitución, explica el abogado Víctor Eduardo Duarte, “por acciones de delincuentes disfrazados como integrantes de comunidades indígenas y amparados por certificaciones otorgadas por resguardos autorizados por el Ministerio del Interior y que no están sometidos a un control de legalidad”.

“Esta situación permite inferir que existe la posibilidad de adquirir dichos documentos de resguardos penetrados por la corrupción, con los que pueden burlar impunemente las leyes y amparados en la jurisdicción indígena, avalada por el artículo 246 constitucional”, explica Castañeda.

Pero el caso de ‘Chinga Pipe’ es solo el más reciente. En enero del 2024 agentes de la Sijin llegaron hasta el Instituto Leopoldo Pizarro González, en el municipio de Miranda (Cauca), para capturar a alias ‘El profe Álex’, un docente sindicado por abuso sexual con menor de 14 años.

Por la contundencia de las pruebas, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Puerto Tejada (Cauca) lo condenó en abril del 2025 a 15 años y 5 meses de prisión y fue recluido en el centro carcelario del municipio de Miranda.

Sin embargo, semanas después resultó que ‘El profe Álex’ era supuestamente miembro de un cabildo indígena y el 3 de julio pasado se autorizó el traslado “de este comunero” desde Miranda hacia el centro de armonización de Guadualito, en la finca La Melisa, en Santander de Quilichao.

“Lo que supimos es que esta persona, quien anda libre como si no hubiera cometido delito alguno, intentó en varios resguardos indígenas de Miranda y Corinto obtener un certificado, pero no lo aceptaron. Finalmente logró que lo reconociera este resguardo de Santander de Quilichao, que creo que también cometieron un delito grave al ayudar que burle la justicia una persona que está condenada por abusar sexualmente de un menor”, indicó uno de los familiares de la víctima.

La ventaja de converger a indígena

Solo en el departamento del Cauca se encuentran registrados 119 resguardos indígenas, de los 966 que oficialmente tiene registrado el Ministerio del Interior. Entre ellos hay uno en Miranda y seis en el municipio de Santander de Quilichao.

Tras conocerse que son varios los casos en los que un actor criminal logra esquivar la prisión, sin importar el delito, con solo presentar un papel que lo certifique como integrante de un resguardo indígena, El País consultó con expertos en derecho penal y constitucional sobre una figura ilegal que cada vez es más utilizada.

Frente a esta realidad, ¿cómo se consigue un certificado de miembro de un resguardo o cabildo? ¿Quién lo otorga? ¿Hay una suerte de mercado negro de afiliaciones a comunidades indígenas? ¿Cómo contrarrestar esta manera que hallaron algunos criminales de burlar los castigos?

No solo en la jurisdicción indígena, explica el docente y politólogo Jorge Luis Yarce, “sino también en las comunidades con tratamiento especial como los Narp (negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros) y los ROM se están creando unas zonas grises de interpretación de la norma que ellos están aprovechando para muchas cosas”.

“Anteriormente, la pertenencia a un resguardo era por naturalidad; es decir, los hijos de los hijos, pero luego una sentencia de la Corte Constitucional estableció que la pertenencia es por identificación. Yo soy blanquito y de ojos azules, pero me identifico como miembro del pueblo afrocolombiano y por tanto me tienen que certificar como afrocolombiano, pero el problema es conseguir la autoridad que otorgue el certificado y ahí es donde puede aparecer el negocio”, señala Yarce.

“Personalmente creo que la Corte Constitucional, que es la encargada de definir a quién le corresponden estos asuntos y hasta qué punto aplica el fuero indígena, explica el abogado penalista Francisco Bernate, “tiene que ser muy precisa en cerrarle espacios a la impunidad porque yo realmente no veo cómo es que violar a un niño guarda relación con una cosmovisión indígena”.

“La cosmovisión no puede suponer una afrenta a los derechos humanos y violar niños es una afrenta a los derechos humanos. La Justicia ordinaria tiene que perder el miedo a judicializar esos eventos. Además, si un miembro de un resguardo está involucrado en una balacera fuera de su comunidad, pues perdón pero la justicia indígena no tiene nada qué hacer ahí, y tampoco es cierto que constituyan fronteras que el Estado no pueda superar para capturar y poner a disposición de las autoridades”, agregó Bernate.

En el mismo sentido se pronunció el abogado Víctor Eduardo Duarte al indicar que la Corte Constitucional, fijó unos límites al ejercicio de la Jurisdicción Indígena en jurisprudencia contenida en la sentencia T-921 de 2013, pero la experiencia reciente indica que, en muchos de los casos, la falencia existente ha sido aprovechada impunemente por delincuentes de toda laya, con la colaboración de resguardos indígenas manipulados por la corrupción”.

El negocio de los resguardos

Advierten los expertos consultados que las irregularidades que se han descubierto con la emisión de certificados de pertenencia a un resguardo es solo un problema en el plano penal, pero que enumeran que hay otros campos en los que también surgen irregularidades.

“En donde se ha visto mucho ha sido en el tema de regalías mineroenergéticas; en la Guajira el surgimiento de comunidades indígenas es exponencial y ahora cada ranchería es una familia, cada familia es un pueblo y se empezaron a registrar y el Ministerio del Interior les empezó a conceder la personería jurídica, obtienen autonomía y eso se vuelve un berenjenal”, explica Yarce.

Detrás de esa proliferación de resguardos por todo el país está el interés de acceder a regalías, a recursos del gobierno y a otras gabelas del Estado. Según cifras oficiales, en Colombia había en el 2023 unos 846 resguardos constituidos y para el 2024 eran ya 872. Las cifras del 2025 indican que hoy son 934 resguardos titulados.

De manera extraoficial, por no ser un vocero autorizado, el miembro de una de las organizaciones indígenas del Cauca lamentó que se presenten casos aislados como esos “de organizaciones débiles que sucumben a intereses seguramente económicos”. “Llama la atención la cantidad de resguardos que se vienen creando y donde es claro que con intereses que solo atienden a ambiciones personales y no al bienestar de las comunidades que dicen representar. Desconozco cómo controla el Ministerio del Interior esas nuevas organizaciones, pero lo que es cierto es que tienen procederes con los que terminan estigmatizando a las comunidades indígenas en general”, indicó el dirigente.

Los Herederos (estafa territorial)

Según fuentes de la Fiscalía y de la Dijín, este grupo delincuencial usó documentos antiquísimos (por ejemplo, una escritura pública colonial) para autoproclamarse como resguardo indígena.

Con esa ‘fachada’ se presentaban como comunidad legítima y así obtenían beneficios de índole legal o territorial, incluso llamándose un ‘resguardo’ y con estructura de gobierno.

El resguardo falso se hacía llamar ‘Gran Jardín de la Sierra’, y con esta fachada lograron vender títulos de bosques protegidos y contribuyeron al daño de cientos de hectáreas de vegetación.

Los precios de los terrenos que ofrecían podrían llegar hasta los $ 15 millones, según informaron las autoridades.

Algunos de los capturados por este hecho fueron: Julián Cardona Henao, Julián Otero Salazar, Jesús Hernán Román Fajardo Pejendino, Cedulfo Rodríguez Silva, Óscar Daniel Belalcázar Castillo, entre otros.

Alias Toño

El exjefe paramilitar Jhon Freddy Pabón, alias Toño, intentó hacerse pasar por indígena para que un juez autorizara su traslado a un resguardo indígena, con lo que habría buscado una cárcel de ‘mínima seguridad’ o un tratamiento especial.

Según la Corte Suprema, su petición fue parte de un “camuflaje” para aprovechar la jurisdicción indígena y evadir una sentencia más dura a través del resguardo Umbra Guaqueramae.

“Lo observado podría significar que Pabón pretende instrumentalizar a la jurisdicción indígena, con miras a lograr un traslado del centro de reclusión en el que se encuentra. Acceder a su pretensión permitiría que fenómenos de criminalidad permeen ese ámbito sociocultural y sería una burla a la justicia”, dijo la Corte.

El hombre fue capturado en el departamento de Antioquia, luego de ser sindicado de pertenecer a la banda autodenominada ‘Robledo’.

Heller Ramiro Cambar

Expolicía wayúu vinculado al narcotráfico. Intentó evadir su extradición apelando a su identidad indígena. Aunque era wayúu, su estrategia para que se le aplicara la justicia indígena fue rechazada por su comunidad: los líderes wayúu dijeron que no podían “asumir ninguna acción en contra de él” bajo su sistema tradicional con su ausencia.

Finalmente, la Corte Suprema autorizó su extradición a los Estados Unidos.

El hombre fue acusado de coordinar el envío de cocaina a países como Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana.

Fue descubierto en el momento en el que una de sus lanchas, cargada con 642 kilos de cocaína, falló y tuvo que parar de emergencia en Puerto Rico.

En ese momento, las autoridades interceptaron la embarcación y capturaron a algunos tripulantes. Uno de ellos, se quebró y optó por entregar información sobre el expolicía.