Alerta ambiental: no se detiene la explotación ilegal de oro en los Farallones de Cali

En la parte alta del Parque Nacional Natural Farallones de Cali hay una riqueza infinita de paisajes, bosques, y también de minas de oro. Pero 676 hectáreas de esta reserva natural -que corresponden a 23.000 km2 casi la misma extensión que tiene el departamento de Boyacá- están enfermas por un problema que viene desde sus orígenes: la minería ilegal de oro.

Esta actividad minera amenaza principalmente la cuenca alta del río Cali, la segunda fuente de abastecimiento hídrico de la ciudad, pues las aguas están contaminadas de metales como cianuro y mercurio que utilizan en la explotación de oro, en lo que se conoce como las Minas del Socorro o Alto del Buey.

En esta zona afectada, aunque es pequeña -teniendo en cuenta que la reserva natural tiene 196.364 hectáreas en total- el daño ambiental es inmenso. De acuerdo al inventario realizado por el equipo de Parques Nacionales Naturales, en el 2016, se contabilizaron 421 socavones, utilizados por los mineros para la extracción del oro. De estos, actualmente están activos 35, en 19 unidades productivas mineras.

De estos socavones, seis se han identificado por tener el mayor potencial de oro, y por ello requieren de manera urgente un cierre técnico.

“Al cerrar técnicamente estos sitios disminuimos el ingreso de los mineros porque ya no pueden hacer la actividad ilícita. La Alcaldía de Cali tiene la propuesta y esperamos que eso se pueda implementar muy pronto”, afirma Claudia Acevedo, jefe de Área Protegida Parque Nacional Natural Farallones de Cali.

Y precisa: “Teniendo en cuenta los altos costos del sellamiento técnico e identificando las unidades mineras en las cuales se han producido operativos de desmonte de campamentos y sitios de trabajo, durante el 2020 -por parte del Ejército y Parques Nacionales-, se plantea la priorización de 25 unidades mineras y 61 sellamientos (de bocaminas). Y en una segunda fase, terminar con la totalidad de las priorizadas en el año 2018 (44 unidades mineras)”.

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Aunque hoy se conoce que en el Parque Farallones son 19 unidades mineras -en las que pueden haber muchos socavones-, desde el año pasado cuando inició la pandemia por covid, se ha visto una afluencia muy alta de mineros. “Han cambiado un poco la estrategia -pueden moler la roca en el sitio y extraer oro, ahora lo que hacen es movilizar la roca en unos costales y extraen el oro en otra parte-; también han decidido llegar en mayor número, puede ser que ha habido un interés durante esta época, quizás por la situación económica, pero son dinámicas cambiantes. Sí sabemos que hay un incremento en el interés minería ilegal en esta zona”, afirma Acevedo.

Y así lo sostienen habitantes de los corregimientos de Felidia, Los Andes y Pichindé, donde principalmente se ha focalizado la actividad ilegal. “Nos ha afectado demasiado porque se ha incrementado la invasión de la población en Quebrada Honda y Peñas Blancas; el impacto en la contaminación ambiental con la tala de árboles que hacen para sus excavaciones; también incrementó la inseguridad”, asevera un líder de Pichindé, quien pidió reserva de su identidad.

Asimismo, asegura: “desde hace 9 años se reactivó más la minería con la visita del alcalde Jorge Iván Ospina, en ese tiempo había unas 35 personas, después de eso ha llegado mucha gente, dicen que 300 personas suben”.

Por su parte, Raúl Ospina, quien pertenece al Consejo Municipal de Desarrollo Rural, manifiesta: “Parece que volvió a coger fuerza la explotación minera, ha estado viniendo gente de otros departamentos; la comunidad colabora, es una manera que tienen de ganarse algún peso. Se tiene que crear una política social, no basta con llevar el Ejército y tratar de sacar a la gente”.

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De acuerdo con Parques Nacionales Naturales, en el 2016 se contabilizaron 421 socavones, utilizados por los mineros para la extracción del oro. De estos, actualmente están activos 35.

Siguiendo la solicitud de Parques Nacionales Naturales, este podría ser el año en el que se tomen acciones de impacto en la problemática.

Así lo ha anunciado el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas, quien asevera que el próximo mes de marzo se hará el cierre técnico de seis bocaminas. “Estamos empezando el proceso de contratación de una entidad porque vamos a subir a Farallones a hacer un cierre técnico de bocaminas; quienes estén trabajando ahí van a tener que retornar a sus lugares de origen y/o serán capturados y puestos a disposición de la Fiscalía”, asegura Rojas.

Los recursos para el cierre de estos socavones, según el funcionario, están aforados en el Plan Operativo Anual de Inversiones 2021 y asciende a $300 millones más o menos. “No cuestan tanto los materiales, lo que han hecho en el pasado es contratar a campesinos de la zona y sus caballos para subir el material, y eso es lo que más vale”, precisa.

Además dice que se hará un refuerzo en los puestos de control. “El Dagma ha construido una propiedad cerca al cruce Ventiaderos, van a tener policías y un centro de control y protección ambiental. Esperamos que funcione en marzo o abril”.

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Lo cual las autoridades consideran necesario porque se tienen puestos de control fijos -en Quebrada Honda, y en el Alto del Buey-, y muchos itinerantes. “Se ha hecho un trabajo importante con el Ejército, pero somos insuficientes”, afirma Acevedo.

En este sentido, asegura que la actividad de minería ilegal “no la hemos logrado controlar totalmente, pero los esfuerzos se han hecho, incluso estamos haciendo puestos de control 24 horas para poder disminuir el acceso de los mineros”, manifiesta.

De hecho, para mejorar este monitoreo, el Brigadier General Miller Vladimir Nossa, Comandante de la Tercera Brigada, destinó este año 200 hombres para custodiar la reserva natural -el año pasado tenían alrededor de 80 hombres-, pero reiteran que el control es difícil porque es como “una telaraña de caminos”.

“Al duplicar el número de hombres, colocamos cinco puntos de control más en la zona media de montaña para evitar que ingresen material para minería ilegal, eso nos ha permitido que este año no tengamos un solo minero en zona alta”, dice el Teniente Coronel Andrés Valencia, a cargo del Batallón de Alta Montaña Nº3.

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Entretanto, la Jefe de Área Protegida Parque Farallones, comenta: “Es un concurso de múltiples autoridades que permiten concretar acciones; no todas están comprometidas, y necesitamos el esfuerzo en control y en una inversión para poder cerrar esos sitios y también poder invertir en las comunidades”.

Cabe precisar que la mayoría de los mineros vienen de fuera, muchos del Cauca y el Huila, pero hay personas de la comunidad que dan apoyo logístico.

El coronel Valencia, aclara que “la minería ilegal no está en cabeza de ningún grupo armado organizado, el problema radica con la comunidad de Farallones”.

Por otra parte, la concejal Ana Erazo, quien visitó Minas del Socorro el año pasado, pide a las autoridades mayores acciones. “Se necesita alternativas que generen un tipo de economía en el territorio; de protección con guardianes del mismo territorio, como ecoturismo”.

En Cali se tienen ocho proyectos mineros con licencia ambiental.

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En Jamundí, Yumbo, Vijes y en el área rural de Cali, hay 60 proyectos mineros con licencia ambiental a los que la CVC le hace seguimiento.

“Estos proyectos consisten en explotación mineral carbón, sílice, de rocas de diabasas, y de caliza. En el río Cauca tenemos la explotación de materiales de construcción como de arrastre que es arena y gravas”, explicó Humberto Trujillo, profesional especializado de la CVC, quien maneja la temática de Minería.

En Cali se tienen ocho proyectos mineros con licencia ambiental.

Más de 2000 familias ubicadas en los sectores de Pico de Águila, El Peón y Chontaduro tienen la fortuna de contar con agua potable. Sin embargo, temen de que en algunos meses esto no pueda ser igual, debido a que la zona está amenazada, desde hace más de tres años, de intento de minera ilegal.

En Pico de Águila, la comunidad ha denunciado que personas desconocidas han llevado maquinaria amarilla y además han abierto tres huecos profundos en la zona, los cuales ya fueron tapados por la comunidad. Situación que en un recorrido, El País pudo constatar.

“La problemática es grave tanto que nos podemos quedar sin agua si llegase a convertir en minería. Los huecos están a 10 metros de la quebrada Chontaduro -la que abastece de agua a más de tres veredas de Pance-. Le pedimos a quienes estén detrás que por favor nos dejen la montaña en paz, es fuente de vida”, afirma Luis Gómez, presidente del Acueducto de Pico de Águila.

El líder asegura que este problema “es un león dormido porque nosotros tapamos los huecos, pero ellos vuelven y excavan; necesitamos que las autoridades vigilen”.

En este sentido, el titular de Seguridad, Carlos Rojas aseguró que se creará un Sistema de Alerta Temprana “para que los líderes nos empiecen a enviar información directa al despacho de lo que pueda estar pasando en la zona para nosotros reaccionar”.