Este es el plan para usar los bienes de la mafia en Cali y la región

Quién lo creyera: incluso en El Calvario, ese barrio del centro de Cali al que también llaman “olla”, hay bienes incautados a la mafia. O había. La casa estaba ubicada en la Calle 12 No 13 – 59, y le decían el ‘Túnel del Tiempo’. Fue demolida en mayo de 2019 por la Alcaldía de Maurice Armitage, la Sociedad de Activos Especiales, SAE - la entidad que se encarga de administrar los bienes que el Estado le arrebata a los narcotraficantes - y la Policía. En ‘El Túnel del Tiempo’ el que entraba por lo regular no salía. O salía siendo otro. Según las autoridades, además de ser el epicentro de la prostitución y el consumo de droga en el barrio, era también el escenario donde ocurrían múltiples crímenes.

Nury Yaneth Moscoso Mena, la gerente de la regional suroccidente de la SAE, desconoce a qué narcotraficante le pertenecía el inmueble. Es una regla que se impuso en su trabajo, explica: no enterarse de la identidad de los expropietarios de las casas, los apartamentos, las fincas o los locales comerciales que ahora debe administrar.

— Es por tranquilidad mental. Mejor no saber la procedencia. Me limito a la información que nos suministra la Fiscalía: “un bien en extinción de dominio o en proceso de serlo”. Nada más.

En el computador de su oficina, ubicada en el piso 12 de un edificio con vista al río Cali que también le perteneció a la mafia, se observa un mapa que explica por qué hasta en El Calvario, aparentemente una de las zonas más pobres de Cali, hay bienes que pertenecieron al narcotráfico. Son tantos que no es un asunto exclusivo de los mejores barrios.

Según el mapa, solo la regional sur occidente de la SAE (Valle, Cauca y Nariño) tiene a su cargo 7.986 inmuebles que fueron de mafiosos, casi una ciudad lujosa. El 93% está en el Valle, sobre todo en Cali; 5.741 en la zona urbana del departamento, entre mansiones, penthouses, lotes y demás; 1.767 en áreas rurales. Como una pista de concreto que recuerda que los carteles de la droga se ensañaron con la ‘sucursal del cielo’ y sus contornos.

La SAE es una entidad que surgió en 2014, para sustituir a la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, liquidada por escándalos de corrupción en el manejo de los bienes del narcotráfico. En parte su responsabilidad es lograr que las propiedades que le pertenecieron a los capos y sus testaferros sean “productivas”. Eso quiere decir que las debe arrendar, vender, o entregárselas a alguna entidad de manera definitiva o provisional para que se encargue de la manutención del inmueble.

En el caso del Valle, Cauca y Nariño, entre 2015 y lo que va de 2020, la SAE vendió 690 propiedades, lo que le representó al Estado una fortuna: $59.000 millones. Hasta el momento, además, hay vigentes 1108 contratos de arrendamientos (corresponde solo al 19% de las propiedades que están a cargo de la SAE), y el recaudo mensual por ese concepto es de $1.876 millones.

Los recursos se destinan al Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, Frisco, donde se divide; 40% para la Nación; 25% para la Fiscalía; 25% para la rama judicial y un 10% para la Policía. En teoría, con esa plata se debe hacer inversión social, fortalecimiento de la justicia, reparación de víctimas y desarrollo rural.

Los números del gráfico en el computador de Nury traducen en todo caso los problemas que persisten con los bienes que fueron de la mafia. Por ejemplo, de las propiedades que administra la SAE en la región, apenas 1.742, el 22%, finalizaron el proceso de extinción de dominio. El resto – 6.244 – siguen en disputa. Hay predios que completan 30 años en pleito.

Nury aclara que la responsabilidad no es de la SAE, “que solo funciona como secuestre”, es decir que custodia los bienes que le entrega la Fiscalía. La tardanza en las sentencias se debe a la congestión judicial. Según la Contraloría, en el país apenas 11 jueces se dedican a llevar los procesos de extinción de dominio.

Por otra parte, el 40% de los inmuebles que administra la SAE en Valle, Cauca y Nariño – 3.262 - están ocupados de manera ilegal; fueron invadidos. A veces por los familiares de los “afectados”; otras veces por los mismos “afectados”. También por trabajadores suyos, por testaferros, o por gente que no tiene nada que ver con los predios. Entre los ocupantes ilegales hay de todo, advierte Nury.

Incluso algunos que amenazan a los funcionarios de la SAE. Sucedió hace unos años, cuando visitaban la réplica del Club Colombia, esa casa de columnas gigantes que comenzó a levantar el capo José Santacruz a un par de calles de la Avenida Cañasgordas, sur de Cali. Pese a que las amenazas se reportaron ante las autoridades, las denuncias fueron archivadas.

Lea también: Los delincuentes que se esconden en las 'apps' que usan sus hijos, ¿sabe cómo protegerlos?

El miércoles 30 de septiembre de 2020, cuando un grupo de periodistas de El País ingresó al predio, sucedió algo sospechoso: una camioneta blanca comenzó a dar vueltas por el lugar. En el interior de la casa había jeans colgados en lo que quedaba de una tubería, como si se estuvieran secando y advirtieran que alguien no se había ido del todo.

Adentro hay huecos profundos en el piso, en las paredes, en los baños, en lo que iba a ser la piscina. Los buscadores de caletas siguen creyendo que hay algo. Lo mismo ocurrió con el Centro Comercial Panamá. Cuando los funcionarios de la SAE lo visitaron, se encontraron con túneles marcados con imágenes de santos y velones. Los buscadores de caletas siempre tienen fe de que ocurrirá el milagro.

En la réplica del Club Colombia también entran muchachos a hacer grafitis, a tomar cerveza –en un cuarto había latas de Budweiser – a hacer fogatas en uno de los corredores del segundo piso. Los delató la madera recién quemada. En una pared decía que en esa casa se fumaba marihuana. También habían escrito: “aquí se folla”.

Nury dice que vigilar cada predio que administra la SAE saldría muy costoso. Al mes, en promedio, un vigilante armado puede costar alrededor de $9 millones, que se deben multiplicar por las miles de propiedades que administra la entidad, que enfrenta otra dificultad: el personal es limitado.

Para custodiar las casi 8.000 propiedades que hay en la regional occidente, la SAE cuenta con 50 funcionarios. Es decir que cada uno debería cuidar 160 inmuebles. Por eso, en los casos de los bienes de la mafia que están en ruinas y que no hay manera de cuidarlos, como la réplica del Club Colombia, lo mejor es “castigarles el precio”, vendiéndolos como están. Esa casa ya tiene interesados. Uno de ellos es la Fuerza Aérea.

— Cuando la SAE asumió la administración de estas propiedades en 2014, tras la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes, más del 55% de los inmuebles estaban invadidos. Solo en el Valle, entre 2015 y 2020, recuperamos 616, después de 895 diligencias de desalojo. En 2020 esos desalojos no se han realizado como estaba planeado debido a la pandemia por el coronavirus – dice Nury.

Vea además: Así será la nueva cara que tendrá la ribera del río Cali, vea los detalles

La iniciativa de utilizar terrenos de la SAE hace parte del artículo 276 del Plan de Desarrollo, normativa que promovió Minvivienda para facilitar la transferencia gratuita de los bienes de propiedad de las entidades públicas a los municipios que necesiten predios para vivienda o infraestructura.

De otro lado, el mapa en su computador indica que 1.913 propiedades, casi el 24% de los bienes que administra la SAE en Valle, Cauca y Nariño, están desocupados. En algunos casos son casas, oficinas, mansiones, fincas, que los mafiosos demolieron para que nadie se quedara con ellas. Otros son predios que se deterioran al sol, al agua, la acción del comején, las cucarachas, los murciélagos, la falta de mantenimiento que hace que nadie quiera ‘encartarse’ con una propiedad en esas condiciones.

Es lo que sucede en el km 1 de la vía a Dapa, en la Parcelación Colinas de Arroyohondo. De las 79 casas de la parcelación, cinco están bajo la administración de la SAE. Antes de 2014 estuvieron en manos de la DNE. Las cinco ya comienzan a caerse a pedazos.

La puerta de la entrada de la casa 35, por citar un ejemplo, está recostada sobre el marco, así que la vivienda permanece abierta de par en par las 24 horas, los 365 días del año. Los pisos de madera se levantaron como si acabara de suceder un terremoto. Las paredes están agrietadas, y lo que alguna vez fue la piscina es un charco de aguas verdes y espesas que los copropietarios de la parcelación fumigan para evitarse zancudos y posibles enfermedades.

Lo mismo ocurre en la casa 18, hoy guarida de murciélagos y donde alguna vez hubo un tobogán del que apenas queda el recuerdo. En la casa 30, deshabitada hace apenas un año y medio según los vecinos, una puerta que da a la piscina está en el piso después de un vendaval. Los baños huelen a cucaracha, las paredes están rotas. En un cuarto aún sigue en la pared una calcomanía de Iron Man, otra del capitán América.

La administración de la parcelación le reclama a la SAE que no deje acabar los inmuebles. Pero el deterioro no es lo único que inquieta a los copropietarios. En Colinas de Arroyohondo la SAE debe, por concepto de cánones de administración, alrededor de $700 millones. Es decir: jamás ha pagado una cuota por los cinco predios que están a su cargo. Eso ha hecho que los copropietarios hayan debido aumentar mucho más de lo que debían la cuota que cada uno paga, para financiar ese hueco en las finanzas. Lo mismo ocurre en otras unidades residenciales.

Nury argumenta que todo se debe a la Ley 1849 de 2017, que palabras más, palabras menos, dice que en los casos de los bienes en extinción de dominio “improductivos”, es decir que no están arrendados, “se suspenderá la exigibilidad” de las cuotas de administración (aunque se siguen acumulando) y encima, la mora “no causará intereses”, hasta que el bien sea productivo.

En Colinas de Arroyohondo iniciaron procesos jurídicos contra la SAE por aquella deuda, lo que según Nury, trae otra dificultad: para ponerse al día, la entidad plantea vender alguna de las casas y con esos dineros cancelar lo que se debe. Pero no puede sacar las propiedades a la venta, supuestamente por las demandas que cursan.

Es decir: los copropietarios pierden con cara o con sello. Si no interponen procesos para cobrar las cuotas de administración, puede ocurrir que la deuda prescriba. Y si lo hacen, la SAE no puede vender las propiedades para ponerse al día. Aunque la junta que administra la parcelación Colina de Arroyohondo no está muy convencida de ello.

— Si un bien tiene un proceso, nada impide ponerlo en venta y quien quiera comprarlo, de acuerdo con quien figure como propietario, en este caso la SAE, paga las acreencias tales como impuestos, cuotas de administración, etc, y esto se descuenta del valor final del bien. En cuanto a que si el bien no es productivo, y por eso la SAE no paga, el punto es que ellos son los que están obligados a alquilar o a vender y eso se debe hacer oportunamente, pero no lo hacen, por el contrario abandonan las propiedades. Definitivamente es desidia oficial y la quieren disfrazar con excusas tontas – dice Hernán Velasco, uno de los miembros de la Junta de Administración de la parcelación.

El mapa en el computador de Nury indica que por concepto de cuotas de administración, la SAE, entre 2015 y 2020, ha pagado alrededor de $15.000 millones, que corresponden en el histórico a 1614 predios que han estado “productivos”. Por servicios públicos han pagado alrededor de $4.000 millones y por impuesto predial y valorización, $38.000 millones. Nury insiste en que la SAE conoce los pasivos que se arrastran desde la DNE, “y la intención es ponerse al día”.

Otro de los lastres que se traen desde las épocas de la Dirección Nacional de Estupefacientes son los extraños contratos que se establecieron a precios irrisorios. Uno de ellos es el lote donde históricamente en Cali se ha instalado La Rueda, frente al centro comercial Cosmocentro. Quien alquiló ese lote paga algo así como $8 millones más IVA. Alquilar el lote en realidad cuesta $88 millones más IVA. El caso está un pleito jurídico.

En parte para solucionar los líos de los bienes de la mafia en Colombia, y reactivar la economía del país tras la pandemia del coronavirus, fue noticia nacional lo anunciado esta semana: algunas de estas propiedades - lotes que no fueron urbanizados por los narcos - serán destinados a la construcción de vivienda de interés social, y Cali será la ciudad pionera de la iniciativa.

Según lo explicó la Secretaria de Vivienda de la ciudad, Martha Hernández, la SAE ya le cedió a Cali seis lotes para la construcción de las viviendas de interés social, es decir que cuestan alrededor de $130 millones, y otras de interés prioritario, que rondan los $70 millones. La Alcaldía calcula que en esos predios ubicados en San Fernando, Los Cámbulos, El Refugio, se podrán levantar entre 1100 y 1300 apartamentos, lo que reduciría en un 10% el déficit de vivienda que, según el Dane, es de 11.500 casas.

— Queremos con esta iniciativa que Cali sea una ciudad de propietarios – dijo el Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, quien lidera el proyecto junto al presidente de la SAE, Andrés Ávila, y el alcalde Jorge Iván Ospina.

—Es un proyecto de gran importancia teniendo en cuenta la situación de la ciudad: no hay tierras para construir en el perímetro urbano. Por eso la oferta de vivienda de interés social está en municipios cercanos. Al tomar estos terrenos baldíos de la mafia, se soluciona en parte el problema de la tierra – anotó el concejal Fernando Tamayo.

— Como gremio quisiera decir que el hecho de que la Alcaldía, el Ministerio de Vivienda y la SAE estén pensando en todos esos vacíos urbanos que hay en Cali y que no se podían desarrollar por un privado debido a su procedencia, es una iniciativa no solo muy valiosa sino incluyente. La vivienda de interés social es una necesidad para los caleños que se debe suplir – agregó la gerente regional de Camacol, Alexandra Cañas.

En el Club San Fernando, además, que ya le pertenece a la Alcaldía después de un cruce de cuentas con la SAE por deudas relacionadas con impuestos (el lote estaba avaluado en $30 mil millones) la idea es construir un parque tecnológico, mientras que en el lote ubicado frente a Cosmocentro – el de la rueda – se pretende construir el Parque de la Vida. Es más difícil porque el lote sigue invadido – incluso hay calles pavimentadas – pero con dicho pulmón verde, dice el director de Planeación, Roy Barreras, se busca resignificar los bienes de la mafia, y honrar la memoria de las víctimas en una de las ciudades de Colombia donde el narcotráfico dejó más muertos.

Le puede interesar: El túnel de La Línea por fin abrió: los detalles que no vimos de su inauguración