Cien días de Abelardo de la Espriella: ¿se empieza a ver el ‘milagro’?

¿Milagro o espejismo? A cien días de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño, su administración enfrenta el primer examen de realidad lejos de la retórica de campaña.

La seguridad, la economía, la salud y varias tensiones políticas empiezan a dibujar un balance de luces y sombras para la llamada Patria Milagro, que llegó con importantes promesas para los colombianos.

Aunque los analistas advierten que todavía es un gobierno joven, desde ya califican algunas de sus políticas bandera, como es la seguridad.

Para el docente universitario Néstor Raúl Quiroz el aumento de operaciones militares y policiales constituye una señal de actividad estatal, pero debe examinarse junto con la protección de la población civil.

“Medios de comunicación reportaron al menos ocho menores muertos en seis bombardeos durante el comienzo de Gobierno. Estos hechos requieren esclarecimiento y control institucional. La legitimidad de la política de seguridad depende tanto de su eficacia como del respeto del ordenamiento jurídico”, explica.

Entre los aciertos, destaca que se haya recuperado la iniciativa operacional de la Fuerza Pública y que exista un acercamiento del Gobierno Nacional con gobernadores y alcaldes.

Señala que “la seguridad requiere coordinación entre verticales, entre autoridades desde el Ejecutivo hasta las regiones. No obstante, el valor de esta orientación deberá comprobarse mediante una mayor protección de las comunidades, porque es necesario tener en cuenta que el despliegue de la Fuerza Pública sin la acción unificada del Estado no garantiza retomar el control territorial”.

El docente de la Universidad del Rosario y PhD en Sociología Carlos Charry observa que, si bien se está viendo a un presidente liderando operativos y hay mayores capturas de criminales, todavía no llegan a los grandes cabecillas de estructuras que siguen intimidando la población civil.

“Se está entrando en una especie de desgaste de ver al Presidente en operativos, principalmente en ciudad, cuando el país se ve estremecido por ataques contundentes por parte de grupos armados ilegales en Cauca, Chocó, Valle del Cauca -recientemente en Dagua, Jamundí-, pero también en el Catatumbo y, aunque ha habido capturas de alto valor, falta lograr acertar con acciones que permitan capturar a los grandes cabecillas del ELN, de las disidencias de las Farc, entre otras organizaciones”, indica Charry.

De hecho, en el llamado plan de choque que presentó en campaña, De la Espriella se había comprometido a dar de baja o inmovilizar a diez cabecillas de alto valor en sus primeros 90 días de administración, y hasta presentó una lista con 43 posibles nombres, de los cuales solo ha eliminado a 3.

El docente Charry también advierte que “hay un desgaste comunicacional y político por lo ocurrido esta semana, cuando el Mandatario salió vestido de militar como si hubiera hecho carrera militar -quizás eso lo autorizaría para portar prendas de ese calado-, sumado a que firmó una bomba que iba a ser usada en un operativo. La gente, incluso sus propios seguidores, están viendo que hay una extralimitación y que se ve incluso sobreactuado”.

Para el consultor y analista político Germán González ha sido un acierto desplegar una estrategia de seguridad: “Más allá de si conviene o no, si tiene o no resultados, el logro está en responder a una de las principales preocupaciones que hoy tiene la población colombiana y que corresponde al discurso de ‘mano dura’ con el que fue elegido el Presidente”.

“El reto está en que la estrategia de comunicar esa política de seguridad solo será sostenible si produce resultados tanto en la percepción de la población como a largo plazo”, añade.

Las cuentas del Estado

La situación fiscal del país es una de las pruebas más grandes que tiene este Gobierno, con una deuda del Producto Interno Bruto, PIB, cercana al 60 % y un déficit proyectado del 9,4 % para 2027.

El docente Quiroz prevé que el desafío es conciliar el ajuste fiscal con la protección de los hogares.

Detalla que “la reforma tributaria propone elevar del 5 % al 19 % el IVA de determinados alimentos y productos procesados, con una devolución prevista desde 2028. Esto exige explicar cómo se protegería a la población durante el intervalo entre el aumento y la compensación. Como lo explica Arthur Laffer, la disciplina fiscal necesita legitimidad social y una distribución justificable de los esfuerzos. Esta es la explicación de por qué incrementar las tasas impositivas no garantiza un aumento proporcional del recaudo del Estado y, mucho menos, la eliminación del déficit fiscal”.

Al respecto, Germán González dice que “el ajuste fiscal anunciado por el Ejecutivo responde a la necesidad de evitar un mayor deterioro de las finanzas públicas, pero tiene costos políticos importantes. Contener el gasto y aumentar los ingresos, incluso mediante decisiones impopulares como los recortes presupuestales y el alza de impuestos, supone un costo que el Gobierno tendrá que gestionar para no debilitar aún más su capacidad de negociación legislativa”.

En ese punto también hay una distancia significativa entre los compromisos asumidos por el presidente De la Espriella y el contexto actual del país, ya que una de las promesas fue estabilizar el déficit fiscal en -4,8 % del PIB en sus primeros 360 días.

Y aunque aún faltan 260 días, esa tarea no marcha bien, porque si bien lo recibió en -6,4 %, el último dato del Ministerio de Hacienda lo pone en -6,8 %.

Entre los aspectos a favor, Néstor Quiroz comenta que resulta pertinente reconocer que el Ejecutivo ha puesto la sostenibilidad fiscal entre sus prioridades: “La propuesta de reducir la tarifa de renta empresarial del 35 % al 31 % expresa una intención de estimular la inversión. El éxito radica en distinguir entre una medida propuesta y un resultado económico: anunciar incentivos todavía no demuestra que hayan aumentado la inversión, la productividad o el empleo”.

Además, Charry comenta que fue un acierto en términos comunicacionales y de gobernanza “haber sincerado las cuentas del Estado y haber evidenciado el desfalco que hizo el Gobierno anterior a las arcas públicas, porque reveló los grandes problemas que tiene el país y las grandes dificultades que se deben sortear”.

La relación con el Congreso

La relación con el Legislativo es uno de los puntos positivos reconocidos por los analistas consultados, especialmente por los resultados obtenidos por el Gobierno Nacional con la Ley de Sometimiento.

“Uno de los principales aciertos fue conformar rápidamente una mayoría en el Congreso y tener un grupo importante de partidos que se declararon como cercanos al Gobierno. Eso le va a permitir tener más agilidad a nivel político y en la aprobación de las iniciativas que tramite, que fue, entre otras, uno de los principales obstáculos que tuvo la administración de Gustavo Petro después de su primer año”, dice Charry.

En opinión de González, la relación entre Ejecutivo y Legislativo ha tenido matices: “El Gobierno ha logrado avances en su agenda; el Presupuesto fue aprobado en el Legislativo, aunque terminó expidiéndose por decreto debido a un descuido en el trámite; la Ley de Sometimiento obtuvo el visto bueno del Congreso y el proyecto de competitividad está pendiente de sus últimos debates. Sin embargo, tanto el Presupuesto como la Ley de Sometimiento tuvieron que resolverse con la aprobación del texto del Senado por parte de la Cámara para evitar una conciliación”.

“Esto evidencia que, aunque el Gobierno puede conseguir acuerdos, los márgenes de tiempo y negociación son estrechos y exigen interlocución permanente con el Congreso. Un desafío que aumenta con la transición en el Ministerio del Interior, clave en la articulación política con las bancadas”, agrega el consultor.

Más errores

Sobre el manejo de la crisis por el terremoto, el docente Charry indica que ha sido un error no tomar medidas más ágiles en ayudas fiscales a través de impuestos para los territorios afectados.

“Otro tema que empieza a aparecer es que las ayudas no están llegando incluso a ciudades como Cali o Pereira. No estamos hablando de lugares recónditos donde las condiciones geográficas hacen que haya cierto grado de incomunicación, sino de los epicentros de afectación del terremoto”, comenta.

Las fuentes también mencionan otros errores políticos que ha tenido De la Espriella, como las salidas tempranas de ministros y directores de entidades, que suman al menos nueve en cargos importantes, aunque el número es mayor en cargos de menor impacto.

“En la conducción del equipo aparecen señales que merecen revisión inmediata. Bloomberg documenta dos relevos ministeriales durante los primeros 89 días, además de otros cambios en entidades y oficinas estratégicas. Esta rotación puede afectar la continuidad administrativa”, resalta el profesor Quiroz.

“La responsabilidad de los colaboradores debe evaluarse por su competencia, estabilidad y capacidad de ejecución; al Presidente le corresponde asegurar la coherencia del conjunto, y esto denota una falta de revisión de currículos y perfiles profesionales, algo que el actual Mandatario le criticó de manera directa al gobierno Petro”, añade.

Charry, además, recuerda la ‘batalla cultural’ que desencadenó De la Espriella cuando ordenó el desmonte de obras y piezas históricas del Museo Nacional bajo el argumento de combatir el presunto adoctrinamiento ideológico y eliminar la supuesta apología del terrorismo.

“La manera cómo se procedió en el caso de las obras da cuenta de que no fue una estrategia bien seguida. Entablar ese tipo de guerras puede llevar a un extremo que termine siendo un bumerang para el Gobierno, e incluso que se convierta en una ‘papa caliente’. Es parte de la estrategia de buscar temas de confrontación ideológica para enviar un mensaje de reafirmación a su electorado y ganar espacios con la oposición, pero ese tipo de estrategia quizás no sea el más acertado para una sociedad como la colombiana”, anota.