¿Qué capacidad de relevo tienen los grupos armados? El reto de debilitar sus estructuras más allá de las operaciones militares

La muerte de William Andrés Daza Guetio, conocido con el alias de Pincher y señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, representa otro golpe de la Fuerza Pública contra los mandos de las organizaciones armadas ilegales que operan en el suroccidente del país.

Sin embargo, más allá del resultado operacional, su caída plantea dudas sobre el alcance de la estrategia de seguridad: ¿qué tanto se debilitan estas estructuras cuando pierden a sus principales jefes?

El interrogante cobra relevancia en un escenario en el que los grupos armados ilegales han demostrado capacidad para recomponer sus estructuras de mando, mantener sus fuentes de financiación y continuar ejerciendo presión sobre las comunidades.

Por eso, aunque la neutralización de sus dirigentes puede afectar la coordinación y generar dificultades internas, no necesariamente significa que la organización pierda su capacidad de operar.

‘Pincher’ murió el 5 de noviembre durante una operación conjunta del Ejército y la Policía en el corregimiento de La Liberia, Jamundí.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, llevaba aproximadamente dos meses al frente de una columna móvil de la Jaime Martínez, después de reemplazar a alias Mad Max, neutralizado en agosto pasado.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, señaló que él tenía una trayectoria criminal de cerca de 18 años y que se había desempeñado como líder financiero, de redes de apoyo y dinamizador del cobro de extorsiones y secuestros. También era señalado de ordenar ataques y hostigamientos en el sur del departamento.

Justo el relevo que se produjo después de la muerte de ‘Mad Max’ permite observar una de las dificultades que enfrenta el Estado colombiano al intentar desarticular estas organizaciones: la existencia de otros integrantes con capacidad para asumir las funciones de quienes salen de la estructura. En este caso, el reemplazo se habría producido en un periodo de dos meses, lo que muestra la importancia de analizar no solo la pérdida de un jefe, sino también las condiciones que permiten su sucesión.

Para Felipe Fernández, consultor en seguridad y paz, el impacto de estas operaciones debe examinarse desde tres dimensiones: el mando, la cohesión y el control territorial.

La primera tiene que ver con la capacidad de dirección y coordinación de las operaciones; la segunda, con las relaciones internas y la estabilidad de la organización, y la tercera, con la posibilidad de imponer reglas, ejercer coerción sobre la población y proteger las economías ilegales que sostienen sus actividades.

Desde esa perspectiva, la muerte de un cabecilla puede interrumpir temporalmente la cadena de decisiones y abrir disputas entre los mandos que aspiran a sucederlo y también puede generar deserciones o fracturar alianzas.

No obstante, estos efectos no necesariamente se presentan al mismo tiempo ni tienen una duración determinada.

Fernández advierte que una estructura puede experimentar una reducción temporal de su capacidad operativa y paralelamente conservar intactas sus fuentes de financiación y sus prácticas delictivas. En ese escenario, dice, la pérdida del jefe afecta la dirección, pero no necesariamente la capacidad de la organización para reproducirse y continuar funcionando.

Por eso, el analista considera que el resultado de una operación no debería limitarse a establecer si un cabecilla fue abatido o capturado, sino a verificar qué cambios produjo en el funcionamiento de la estructura.

Y agrega que el impacto estratégico es mayor cuando esa pérdida se traduce en una disminución sostenida de la violencia, de la capacidad de coerción sobre las comunidades y de los ingresos criminales.

Capacidad de relevo

Una de las razones por las que la muerte de los principales mandos no siempre representa un debilitamiento definitivo es la preparación que tienen estas organizaciones para enfrentar ese tipo de escenarios.

Néstor Rosanía, corresponsal de conflictos armados, explica que los grupos ilegales cuentan con información compartimentada y mandos de relevo de primera, segunda y tercera generación, además de mecanismos para evitar que la estructura se paralice cuando uno de sus integrantes es dado de baja o capturado.

A su juicio, en un conflicto de más de cinco décadas como el colombiano, estas organizaciones han desarrollado mecanismos para sobrevivir a los golpes de la Fuerza Pública. Por eso, cree que pensar que la muerte o la captura de un mando puede acabar con una estructura armada no corresponde a la realidad del funcionamiento de estos grupos.

Rosanía identifica tres factores que contribuyen a su continuidad: la existencia de mandos generacionales, la descentralización de la información y la capacidad de reclutamiento. Estos elementos permiten que las organizaciones mantengan sus actividades incluso cuando pierden a integrantes que ocupan posiciones de dirección.

La velocidad de la reorganización, sin embargo, depende de las características de cada estructura. Fernández señala que no existe un plazo único para reemplazar a un cabecilla. La sucesión puede ser rápida, cuando hay mandos intermedios con experiencia y reglas relativamente estables para asumir el liderazgo.

En cambio, puede prolongarse cuando la autoridad estaba concentrada en una sola persona, existen rivalidades internas o el poder dependía de relaciones personales difíciles de transferir.

En algunos casos la presión militar también puede producir efectos que no necesariamente favorecen el debilitamiento de la organización.

Fernández advierte que, bajo determinadas condiciones, la pérdida de mandos puede acelerar la descentralización, incentivar la fragmentación en grupos más pequeños o favorecer la llegada de dirigentes más violentos.

Carlos Rojas, exsecretario de Seguridad de Cali, coincide en que la muerte de un cabecilla representa una afectación importante desde el punto de vista táctico, especialmente cuando se trata de una persona que concentra el manejo de las finanzas o la dirección de operaciones de alto impacto.

Sin embargo, plantea que la evaluación debe hacerse desde una perspectiva estratégica: estas organizaciones han aprendido a sobrevivir en medio del conflicto y cuentan con mecanismos de recuperación y reorganización que pueden permitirles restablecer sus liderazgos en poco tiempo.

Así, una acción militar puede producir una afectación inmediata sin que necesariamente se traduzca en un debilitamiento estructural.

El desafío de afectar las estructuras criminales

La efectividad de las operaciones militares también se mide por sus resultados. Para Néstor Rosanía, contabilizar los integrantes de grupos armados ilegales muertos en operaciones no demuestra que las organizaciones hayan sido desmanteladas.

Bajo esa premisa, el analista cuestiona el denominado ‘conteo de cuerpos’ como indicador para evaluar los avances frente al conflicto.

Recuerda que las estrategias también han buscado atacar las finanzas, el narcotráfico y el control territorial de estos grupos, aunque su efectividad sigue siendo objeto de debate.

Para Carlos Rojas, las finanzas y las capacidades tecnológicas deben estar entre las prioridades del Estado, y advierte que la apropiación de nuevas tecnologías se ha convertido en un factor diferencial en el choque con la Fuerza Pública.

En ese sentido, Felipe Fernández, consultor en seguridad y paz, plantea que las operaciones deben acompañarse de investigaciones que permitan afectar las fuentes de financiación de estas organizaciones, así como de una presencia estatal que recupere la confianza de las comunidades.

El analista considera que el resultado de una operación debe evaluarse por su capacidad para reducir la violencia, los ingresos criminales y el control que ejercen estos grupos sobre la población.

Así, más allá del número de cabecillas capturados o abatidos, como alias Pincher, el desafío para el Estado colombiano está en lograr que las operaciones se traduzcan en una reducción sostenida de la violencia y en la recuperación del control territorial.

La Defensoría del Pueblo advirtió que el 36 % de los municipios de Colombia tienen alertas por grupos armados ilegales. Además, cinco disidencias de las Farc registran presencia en 372 localidades.