El control del territorio

Recuperar los territorios que han permanecido bajo el sometimiento y las amenazas de los grupos armados ilegales y ponerlos bajo el amparo del Estado Social de Derecho no es el simple compromiso político de alguna campaña presidencial, sino un imperativo urgente para el actual y los futuros gobiernos en Colombia.

Tras el poder económico y militar que alcanzaron organizaciones como el Clan del Golfo, el Eln y las Disidencias de las Farc en el gobierno del expresidente Gustavo Petro, sacando el mayor provecho de la llamada paz total que cesó la persecución del Estado contra ellos, lo que corresponde ahora es el restablecimiento del orden constitucional.

De acuerdo con la información suministrada por expertos en el informe exclusivo publicado una semana atrás en El País, son 526 los municipios que fueron sustraídos de la unidad del Estado y que permanecen bajo el control de alguna organización armada.

Es insostenible para cualquier Estado en el mundo, permitir que sean los grupos al margen de la ley los que establezcan los límites de la nación o determinen hasta qué punto de la geografía pueden acceder las Fuerzas Militares y las demás instituciones del Estado, y dónde ejercen ellos dominios impenetrables.

El mapa de Colombia sigue mostrando heridas abiertas. Municipios enteros absorbidos por el control y la sombra de economías ilícitas e instrumentalizados por estructuras armadas que durante años han sabido llenar los vacíos de la presencia estatal.

Es a ese pulso que responde la arremetida de los grupos armados ilegales de las últimas semanas en diferentes lugares del país, especialmente en la región del Catatumbo y el suroccidente colombiano, en su esfuerzo por contener la arremetida anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella, incluso desde antes de ser elegido.

Pero ante la realidad de nuestro país, la urgencia es total y el margen de maniobra es estrecho. Por eso la necesidad de discutir y aprobar las medidas de choque planteadas por el Gobierno Nacional y que marcan un giro radical en la política de seguridad del país como son el Estatuto Antiterrorista y la modificación a la Ley de Sometimiento.

Normas que buscan llevar la lucha contra los grupos armados a escenarios distintos mediante la creación de una nueva lista oficial de organizaciones terroristas, poner un cerco a sus finanzas, ir tras sus testaferros y no dejar margen a negociaciones de impunidad o imposiciones de jefes de estas estructuras criminales en caso de ordenarse su extradición.

Sin embargo, esa contundencia estatal no puede convertirse tampoco en una carta abierta para que el gobierno actual o los próximos puedan llegar a erosionar los cimientos de la democracia y el marco de normas constitucionales.

Es ahí donde radica la importancia de escuchar las inquietudes expresadas por la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones calificadas en la defensa de los derechos humanos, las cuales han advertido los riesgos que podría conllevar algunos aspectos contemplados en el estatuto antiterrorista.

Las herramientas de excepción y la presión militar son indispensables para doblegar a grupos armados cuya finalidad responden más al narcotráfico que a viejas ideologías, y que persisten en el terrorismo, el reclutamiento de menores y la minería ilegal, pero su puesta en escena debe responder al estricto apego al orden constitucional y la garantía de derechos.

Un Estado decidido a actuar con autoridad y sin titubeos, pero en el que no quede la más mínima duda del respeto absoluto por las libertades y las garantías constitucionales. Donde cada espacio recuperado sea tomado por la institucionalidad y no se repitan los errores del pasado.