Editorial
Del diagnóstico a las soluciones
La reconstrucción debe ser, además, una oportunidad para corregir vulnerabilidades y construir territorios más seguros.
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31 de oct de 2026, 09:36 p. m.
Actualizado el 31 de oct de 2026, 09:36 p. m.
Han pasado 83 días desde el terremoto del 10 de agosto y la magnitud de sus consecuencias sigue recordando que reconstruir una ciudad y un departamento no es una tarea que se resuelva de un día para otro. Recuperar viviendas, rehabilitar edificaciones y devolverles la tranquilidad a miles de familias exige estudios rigurosos, recursos suficientes y decisiones técnicas responsables. Pero también requiere algo que no puede esperar: eficiencia en la gestión pública.
La reconstrucción es un proceso complejo que puede tomar años. Los expertos estiman que la recuperación de los inmuebles afectados en Cali podría extenderse entre dos y cuatro años, dependiendo de la gravedad de los daños. No se trata simplemente de levantar las paredes que cayeron; es indispensable garantizar que las estructuras sean seguras y que la ciudad esté mejor preparada para enfrentar una nueva emergencia.
Por ello, la evaluación técnica es indispensable. Apresurar las obras sin diagnósticos adecuados podría poner en riesgo vidas y comprometer recursos que deben invertirse con responsabilidad. Sin embargo, la prudencia no debe ser una justificación para la demora, la desarticulación institucional o la falta de respuestas a quienes todavía no pueden regresar a sus hogares.
En la transparencia y agilidad de la información que se suministre a los afectados, estará la tranquilidad de miles de caleños y vallecaucanos. De ahí la importancia que tienen los mecanismos adoptados por las administraciones departamental y local para atender las necesidades de quienes resultaron damnificados y emprender las acciones que son necesarias.
Mientras la Gobernación del Valle cuenta con una gerencia de reconstrucción, información centralizada y criterios técnicos para priorizar las intervenciones, en la capital el liderazgo lo ejerce directamente el alcalde, cada dependencia cumple un papel según sus funciones y hay una página informativa a la que pueden acceder los caleños. Es de esperar que con esas decisiones se facilite a los ciudadanos conocer qué se está haciendo, cuáles son las prioridades y cuándo recibirán soluciones.
Reconociendo el trabajo adelantado por la Administración Distrital y la Gobernación del Valle para atender la tragedia de manera inmediata y brindar las ayudas iniciales a quienes resultaron afectados por este sismo de gran magnitud, también hay que pedir que se agilicen los esfuerzos para adelantar la reconstrucción que se necesita la ciudad. Contar con una instancia que coordine el proceso, consolide los datos y haga seguimiento a cada proyecto permitiría establecer responsables, ordenar el trabajo y ofrecer respuestas oportunas.
Las cifras merecen atención. Como lo informa el periódico El País en su edición de fin de semana, al 26 de octubre, de las cerca de 14.000 edificaciones reportadas como afectadas en Cali, la Secretaría de Gestión del Riesgo había evaluado 7457. De ellas, 1821 fueron clasificadas como inseguras y 2851 tenían restricciones de uso. Aunque la compra de predios y la estructuración de proyectos requieren trámites, hay que sustentar los avances, presentar cronogramas verificables y acelerar la gestión.
El Valle tampoco puede bajar la guardia. Aunque la Gobernación ha organizado su estrategia y gestionado recursos, las necesidades superan lo disponible. Buenaventura y varios municipios del norte afrontan daños severos y cuentan con capacidades fiscales limitadas. La reconstrucción debe priorizar a las familias más vulnerables y evitar que las poblaciones con menos recursos queden rezagadas. Para ello serán indispensables nuevas fuentes de financiación y el respaldo del Gobierno Nacional.
La reconstrucción debe ser, además, una oportunidad para corregir vulnerabilidades y construir territorios más seguros. El sector privado, las universidades y las organizaciones sociales pueden aportar conocimiento y recursos, pero su contribución necesita gobiernos que coordinen, rindan cuentas y cumplan sus compromisos.
La magnitud de la tragedia exige liderazgo, decisiones oportunas y resultados. Cada vivienda recuperada, cada familia que vuelva a su hogar y cada municipio que logre levantarse serán la prueba de que la labor institucional se traduce en hechos. El terremoto dejó heridas profundas, pero también una responsabilidad histórica: demostrar que, frente a la adversidad, Cali y el Valle, junto a la Nación, tienen la capacidad de trabajar unidos y convocar a toda la sociedad para construir un futuro más seguro. La tarea de los gobiernos es hacer posible esa esperanza; el derecho de los ciudadanos es verla convertida en realidad.
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