¿Rescate o reforma tributaria?

El proyecto de ‘Ley de Rescate Económico’ recién presentado por el Gobierno es en realidad una profunda reforma tributaria, y además regresiva pues beneficia a los estratos más ricos de la población a costa sobre todo de la clase media.

Como las reformas tributarias generan mucho rechazo, se ha vuelto costumbre no llamar las cosas por su nombre y le han puesto otros títulos. Las dos reformas de Santos y la primera de Petro sí se llamaron tributarias; Duque fue muy creativo y sus cuatro proyectos se llamaron de Financiamiento, de Crecimiento Económico, de Solidaridad Sostenible y de Inversión Social. Petro también uso el nombre de Ley de Financiamiento para su segundo proyecto que no fue aprobado por el Congreso.

Hay que reconocer la intención del gobierno de enfrentar el problema fiscal y su expectativa optimista de que con este proyecto va a reducir el déficit en más de 4 % del PIB a partir del año 2028.

También que haya aceptado que no era posible hacerlo solo con recorte del gasto público y la reducción del Estado y, sobre todo, que haya decidido no cumplir sus promesas de campaña de no subir impuestos; lo va a hacer y en una cuantía superior a cualquier reforma tributaria reciente, pero disimulada en una supuesta ‘ley de Rescate’.

El proyecto tiene tres clases de medidas: primero, unas que sí buscan recortar el gasto público; segundo, unas que no reducen el gasto, pero se lo trasladan a los contribuyentes, y las últimas que son aumento directo de impuestos.

El recorte del gasto para el año 2030 lo estima el proyecto en un promedio de 1 % del PIB (unos $21 billones a pesos de hoy), solo la mitad de los $40 billones que habían anunciado. Esto es solo una quinta parte de la reducción del déficit esperada para ese año (4,73% del PIB), con el problema adicional que buena parte de ese recorte todavía no está definido sino planteado como objetivo que no se sabe si se pueda cumplir.

Así por ejemplo se plantea reducir más de $6 billones de gasto ineficiente, pero no se sabe cuál es, o eliminar la mitad de los contratos de prestación de servicios sin que se haya hecho una evaluación de funciones y carga de trabajo. Ojalá no suceda acá lo mismo con el mismo intento de Musk y Trump de reducir la ineficiencia del Estado (allá se llamó DOGE) y que no logró ni el 5 % del objetivo esperado. El otro problema de la propuesta es que depende en buena parte de facultades extraordinarias al presidente para eliminar entidades públicas, lo que va a tener muchos obstáculos políticos.

Otro grupo de medidas no apunta a reducir el gasto público, sino a que este sea financiado por el sector privado. Así por ejemplo se aumentan las cotizaciones a salud de empleadores y trabajadores, se eliminan las exenciones de aportes al Sena y el Icbf y se toman recursos de las cajas de compensación para tapar el hueco de la salud. Se estima que los privados asumirán unos $18 billones de ese gasto.

En cuanto al aumento del recaudo es la parte más discutible de la propuesta, porque serían unos $50 billones que recaerán en gran parte sobre estratos bajos y medios, pues las empresas y los más ricos verán disminuida sus tarifas. Pero eso será tema de otra columna.