¿Quién ‘manda’ en Univalle?

Recientemente ocurrió un hecho perturbador, que para algunos de quienes padecieron sus consecuencias más directas, y muchos otros que se enteraron por imágenes de medios de comunicación y de redes sociales, recordó algunos de los episodios más lamentables de destrucción y vandalismo (al margen de la protesta legítima y pacífica) durante el llamado ‘estallido social’ del 2021 en Cali.

Esa noche del miércoles 8 de abril de 2026, la que debía ser una movilización de estudiantes de la Universidad del Valle, vigorosa pero pacífica (‘La marcha de las antorchas’), degeneró en actos de vandalismo por parte de grupos de encapuchados en 7 estaciones del MIO, en particular varias de ellas que cubren distintas rutas por la calle 5. Cientos de personas que regresaban de sus trabajos, todos muy seguramente habitantes de sectores populares como Siloe, Nápoles o Meléndez, debieron caminar o buscar otras alternativas para poder llegar a destino.

En medio de la molestia, frustración y enojo de mujeres, adultos mayores, niños y población en general que iniciaban su recorrido a pie, surgían preguntas como: ¿Por qué protestan? ¿Y es que no lo pueden hacer pacíficamente sin destruir lo que es de todos? ¿Dónde están las autoridades para prevenir, cuidar y proteger estos bienes y a la ciudadanía? Y una inquietante, por demás: ¿quién manda realmente en la Universidad del Valle?

Son interrogantes todos muy válidos que merecen y necesitan ser respondidos.

Y comencemos por señalar que hay una larga lista de asuntos que la comunidad universitaria, especialmente la estudiantil, de nuestro más importante y querido centro de formación superior, ha venido demandando que sean atendidos y resueltos. Eso incluye temas de bienestar universitario, de tipo académico y financiero, violencia de género, garantías de seguridad y hasta reclamos por un manejo transparente de los recursos, entre muchos otros. Se trata de problemáticas que vienen, unas de tiempo atrás, pero que ya han hecho una crisis insostenible, además de otras nuevas que han emergido y frente a lo cual hay un reclamo muy fuerte y directo a las directivas, y es que ni solucionan ni dan la cara. Y es en este contexto que se ha planteado un cese de actividades académicas (asamblea permanente) que iría hasta este próximo 24 de abril de 2026, siendo que ya había iniciado tres semanas atrás.

De manera que hay buenas razones para hacer visibles estas problemáticas y esperar soluciones de parte de quienes corresponde. El asunto es el método, incluyendo si un cese de actividades aporta a encontrar soluciones o termina siendo un mecanismo de presión válido, pero que en últimas termina afectando a la mayoría de la comunidad universitaria, especialmente al propio estudiantado.

Pero en lo que sí debiera haber unanimidad es en excluir el uso de medios violentos para tramitar esta conflictividad. Ya es bien conocida la presencia de minúsculos grupos de encapuchados que suelen salir semanalmente (los jueves de ‘tropel’) sobre los alrededores del campus del sur de la ciudad, a interrumpir el tránsito vehicular (incluida la circulación del MIO, afectando, de nuevo, a los sectores populares) y enfrentarse a la Fuerza Pública. Y ya no es aceptable, ni creíble, seguirle atribuyendo estos episodios de violencia a “gente externa a la Universidad”.

Hay un asunto medular que es el de la autonomía universitaria. Es un valor, un principio, que gira en torno al gobierno autónomo del campus. Sin embargo, esto ha derivado en sectores que consideran que dicha autonomía significa que no exista ningún control y orden dentro de la universidad, sobre todo un régimen de autoridad reconocida y aceptada. “Entonces hay momentos en los que sí, pareciera que la universidad funciona con normalidad, se respetan las reglas, pero hay otros donde las autoridades universitarias pierden completamente el control de un campus que, además, es muy grande”, concuerdan en señalar distintas voces dentro de la misma universidad.

Y la ciudad está cansada. Siempre nos hacemos esa pregunta: ¿Qué dejan el tropel y el uso de la fuerza y la violencia? Algunos grupos minoritarios lo justifican, pero la mayoría de la comunidad los rechaza, con un problema: buena parte de esa comunidad no reacciona, es muy silenciosa, indiferente o incluso se siente atemorizada.

Pero, como también se ha escuchado, y es la perspectiva correcta, la solución a buena parte de estos problemas es el diálogo, para que se promueva y acate un acuerdo que comprometa a todos los estamentos, con unas reglas básicas por respetar y cumplir, al tiempo que se retoma el control de la autonomía universitaria. La respuesta a ¿Quién manda realmente en Univalle? se responde no tanto o no solo por cuenta de una jerarquía que se establece desde las normas legales, sino por la necesidad de construir una nueva ‘gobernanza’ universitaria, con todo lo que este concepto implica.

Y como también reclama y propone la mayoría, se geste al mismo tiempo un cambio cultural profundo y extendido en donde la violencia, del tipo que sea, nunca esté justificada.

Posdata. En la edición de fin de semana de El País se abocó la problemática actual de la Universidad del Valle desde un reportaje, un editorial y una entrevista al rector. Recomiendo en particular esta última, que puede ser leída dando clic aquí.