La salud convertida en instrumento electoral

Los pronósticos electorales anticipan malas noticias para el Pacto Histórico. Su candidato, Iván Cepeda, parece haber llegado a un techo que no le permitiría ser elegido. Entre tanto el Presidente comienza a lucir desesperado, necesita continuidad en cuerpo ajeno a como dé lugar. Ve su legado en riesgo si no cuenta con la protección de un socio y sucesor leal como Iván Cepeda. Por el contrario le cobrarían sus múltiples ‘realizaciones’ como el desastre de la salud, las innumerables víctimas de la paz total, el derrumbe de Ecopetrol, el peor endeudamiento de toda la historia, los intentos por desconocer la Constitución y la separación de poderes.

El pánico de Petro ante un fracaso electoral puede llevarlo incluso a desconocer el veredicto de las urnas. Al respecto fueron inquietantes sus declaraciones a El País de España la semana pasada, cuando dijo que respetará el resultado pero no el fraude y agregó que hay trampa avanzando porque una empresa que debió ser removida continúa a cargo de los escrutinios. En otras palabras, según Gustavo Francisco el proceso electoral ya estaría fatalmente viciado. Lo dicho no es más que una advertencia: si las urnas no favorecen a su alfil tiene montado el escenario para revolcar a Colombia, desafiar la institucionalidad electoral y perseguir a quien resulte elegido.

Pero la cuestión de fondo es que la afirmación sobre quien escruta los votos, es contraria a la realidad. En Colombia no hay empresas privadas encargadas de esa tarea, el escrutinio se hace municipio a municipio por comisiones escrutadoras en las que participan jueces de la República, el clavero designado por el alcalde respectivo y un delegado del registrador. Por otro lado, el poder electoral es independiente y no es al Ejecutivo a quien corresponde legitimar la decisión ciudadana.

La estrategia de Gustavo Francisco para mantener popularidad y ayudar a su heredero es el gasto, el despilfarro incluso a debe. Explosión de contratos de obra y de prestación de servicios; subsidios indiscriminados, transferencias ilimitadas a grupos afectos y amigos. Para evitar que el festín cesara y quedarse sin recursos en la época electoral, presentó una reforma fiscal que no aprobó el Congreso. El resto de la historia es conocido: cayó la primera tributaria y todas las que se hagan sin el legislativo seguirán la misma suerte.

Ante esta situación poco halagüeña, alguien de los altos círculos oficiales se acordó del sistema de salud hoy prácticamente estatizado a consecuencia de la intervención generalizada de las EPS. Pero se necesitaba un activista leal al proyecto de la extrema izquierda; alguien sin tantos escrúpulos, con antecedentes de eficacia electoral y capaz de no enredarse con las minucias exigidas por la ley. La encarnación de ese perfil estaba cantada: Daniel Quintero el exalcalde de Medellín, quien no se ha distinguido precisamente por su transparencia y a quien adornan varias investigaciones penales.

En este punto se debe mencionar que la Superintendencia de Salud a cuyo cargo estará Quintero, presenta un potencial inmenso como herramienta electorera. Corresponden a ese organismo ciertas tareas trascendentales: nombrar los gerentes de las entidades intervenidas; determinar el flujo de los recursos a públicos que llegarán a las mismas; aprobar sus gastos y vigilar su gestión.

Como si fuera poco aquel despacho tiene la misión de impulsar en las instituciones vigiladas la aplicación del modelo de medicina preventiva. Esto a partir de equipos de trabajo que recorren los territorios haciendo pedagogía, entregando recursos de distinto orden y conectando a los moradores con los operadores de salud. Aquí debe anotarse que el número de estos grupos remunerados por el gobierno viene creciendo de manera exorbitante, sin que se preste atención a las calificaciones técnicas ni se objete el activismo político de sus integrantes.

El nombramiento de Quintero como SuperSalud ha sido criticado por varios voceros de la política y la opinión. Se dice que no cumple con los requisitos para ocupar el cargo; se afirma que está lleno de impedimentos; se agrega que las investigaciones judiciales a las que está vinculado deberían ser suficientes para no considerar su nombre como parte de un gobierno que dice no querer los escándalos recurrentes.

Sin embargo, lo más inquietante sobre el nombramiento viene dicho por sus propios colegas de proyecto político. Al efecto cabe mencionar a Carlos Carrillo, director de la Ungrd, quien hablando a los medios radiales expresó que la designación del exalcalde es perjudicial y pone en riesgo recursos públicos de los colombianos. También le enrostra pertenecer a una cultura “cleptocrática”, ser promiscuo políticamente y rico aunque posa de víctima del establecimiento.

No es fácil que el nombramiento de Quintero se revoque. Sus estratagemas y su renombrada falta de escrúpulos son demasiado importantes para los actuales gobernantes, quienes operan bajo el principio de que en materia electoral todo vale.