La solución: cumplir la ley

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La solución: cumplir la ley

Septiembre 23, 2019 - 11:55 p.m. Por: Editorial .

Como a algunos taxistas y transportadores no les parece que se les deban imponer sanciones a las infracciones que cometen, su solución es convocar a un paro. Y como no les basta con recurrir a las vías de hecho para protestar, entonces llaman al vandalismo.

Eso es el uso de la violencia para defender la ilegalidad, que no puede ser aceptado. El fracasado paro de ayer lo demuestra: unos pocos -y desconocidos- líderes mandan videos y audios por redes sociales para anunciar su protesta, y advertir que “carro que transite, que se atenga a las consecuencias”, como dijo el presidente de la Agremiación Nacional de Conductores de Colombia.

Es decir, amenazan con violencia a quienes se atrevan a sacar sus vehículos y no atender la protesta. El motivo es que las autoridades hacen cumplir las normas de tránsito, que de paso sea dicho se expidieron hace más de quince años, para garantizar la seguridad en las vías y la integridad de quienes manejan, para los pasajeros y peatones que comparten las vías con los carros, las motos y las bicicletas.

El motivo para declarar el paro fueron los comparendos que deben imponer los policías y guardas a cualquiera que desconozca las normas de tránsito. Y las fuertes sanciones que han recibido quienes cometan faltas reiteradas o conduzcan en condiciones que se convierten en amenazas públicas contra la vida y la integridad. Son medidas que debe conocer todo aquel que quiera tener una licencia de conducción, la que en cualquier parte del mundo es exigida para autorizar esa actividad.

No es pues un capricho de algún gobernante autoritario ni la voluntad de un juez interesado en causar daño a los conductores que han cometido infracciones por las cuales se hacen acreedores a sanciones sin duda drásticas. Y las castigadas con mayor rigor son aquellas que ponen en riesgo la vida en las calles y carreteras, además de constituirse en desafíos al orden y la seguridad que deben primar para garantizar la integridad física y la convivencia.

Los 68 vehículos atacados ayer en Bogotá, entre buses del servicio público, taxis y carros particulares, son la prueba de que se pasó de las amenazas a los hechos, lo cual debe tener una respuesta de las instituciones a quienes promovieron esos atentados tanto como a quienes los ejecutaron. Es ante todo la obligación legal y legítima de mantener el orden y de proteger los derechos colectivos sobre los intereses particulares. Más aún, cuando de lo que se trató fue de impedir que conductas antisociales y peligrosas que desconocen el contrato social consagrado en la Constitución se impongan por las vías de hecho a la sociedad.

Un sinsentido cuando todo se resuelve de la manera más sencilla: respetando la ley. Si no hay infracciones, no hay multas, ni inmovilizaciones de vehículos, ni se quitarían las licencias de conducción, que es por lo que esos transportadores protestaron. A los señores que promovieron esos actos de salvajismo, que no son ni mucho menos de protesta, hay que investigarlos y aplicarles las sanciones que estipula el ordenamiento jurídico por incitar y usar la violencia para promover la ilegalidad.

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