Juego limpio

Tal como lo prometió, el Fiscal General de la Nación reveló después de la segunda vuelta presidencial lo que él calificó como hechos de corrupción “nauseabundos” cometidos en las elecciones regionales y legislativas más recientes. Sus denuncias, que son de extrema gravedad, no destapan nada diferente a prácticas delictivas bien conocidas en Colombia, que atentan contra la credibilidad y la transparencia de los procesos democráticos.

A la Fiscalía se le debe reconocer el empeño que ha puesto por descubrir las empresas criminales montadas en el país para cometer delitos contra el sufragio y para tergiversar los resultados de los comicios, así como por llevar ante la Justicia a quienes están involucrados en esos procedimientos o se benefician con ellos. Las investigaciones adelantadas hasta ahora por el ente acusador han permitido develar diferentes violaciones a las normas electorales y comenzar a desmantelar a las mafias que las consuman.

Los casos denunciados por el Fiscal hacen referencia a delitos cometidos en departamentos de la Costa Atlántica, en Antioquia, en Cauca y Bogotá, que bien podrían extenderse a otras regiones. En la llamada Operación Casablanca, adelantada en Barranquilla y varios municipios del Atlántico, se descubrieron redes en las que participaban dos mil personas encargadas de contactar a los electores, comprometerlos con su voto a través de pagos en efectivo, enseñarles cómo debían marcar los tarjetones y verificar que lo hubieran hecho por el candidato de su tenor.

Esas prácticas ilegales se habrían presentado en las recientes elecciones a Congreso y en las regionales del 2015. Por ellas hoy están en la cárcel la senadora Aida Merlano, seis personas del entorno de su campaña y se abrió investigación contra su candidata a la Cámara de Representantes, dos diputados, dos concejales, dos exconcejales y dos reconocidos empresarios. Otras investigaciones revelan la compra de votos con pagos en especies en Antioquia y Cundinamarca o la marcación previa de tarjetones en el Cauca. Incluso se habla de empresas que venden al mejor postor las bases de datos de electores que pueden ser comprados.

Nada de ello es nuevo. Ahí están tipificados delitos como fraude procesal, concierto para delinquir, corrupción al sufragante o los nuevos que quedaron incluidos en la Ley 1864 del 2017 y que serán juzgados por la Justicia Penal, como la violación a los topes de gasto en las campañas o el tráfico de votos. Son vicios conocidos de antaño que en pocas ocasiones han sido castigados, por eso hay que exaltar la labor que adelanta la Fiscalía así como el refuerzo en la vigilancia de los comicios por parte de los organismos del Estados y por veedurías nacionales e internacionales.

Este es apenas el comienzo de la depuración que se necesita hacer para garantizar la transparencia y la credibilidad que se merecen los procesos electorales en la Nación. Para darle legitimidad a la democracia y a la voluntad popular es obligatorio acabar con las trampas, con el fraude y con las prácticas que coaccionan al elector en beneficio de los intereses partidistas. A Colombia hay que jugarle limpio.
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