El mercurio en Cali

Saber que el mercurio está contaminando el río Cali, y que sus aguas sirven al segundo acueducto de la ciudad, debe ser razón suficiente para respaldar con decisión y pedir mayor rigor en las medidas que tratan de controlar la destrucción que padece el parque natural de los Farallones a manos de la minería ilegal y el descuido.

Según el informe publicado por El País en su edición del pasado domingo, el resultado preliminar del estudio ‘Bioacumulación de mercurio en macroinvertebrados acuáticos en la cuenca baja del río Cali’, que realizan la Universidad Santiago de Cali y el Sena indica que la concentración de mercurio en el agua del río Cali es hasta un 250% superior a la permitida.
Es decir, que en el afluente se hallaron concentraciones de siete partes por billón cuando el máximo permitido por el Ministerio del Medio Ambiente para actividades productivas es de dos partes por billón.

Puesto en términos coloquiales, el envenenamiento sistemático de quienes destruyen la reserva para buscar oro está arruinando la calidad de vida en la zona al contaminar los ecosistemas, la fauna acuática, las plantas y sus raíces. Y en consecuencia está poniendo en peligro a quienes consumen el agua que suministra la planta de tratamiento de San Antonio.

Y todo ello es producido por las organizaciones dedicadas a extraer los recursos mineros que abren socavones en las montañas, desvían las fuentes de agua y derraman químicos como el mercurio que van a parar a las quebradas y ríos, sin importar las consecuencias sobre el medio ambiente y sobre la salud de millones de personas. Son esas organizaciones y personas las que no tienen en cuenta la salud pública cuando se trata del enriquecimiento ilegal, aunque cause semejante peligro.

Como extraña coincidencia, los esfuerzos de las autoridades por imponer controles para evitar la depredación que padece la región y el criminal envenenamiento de sus ríos y quebradas se estrellan con beligerantes reacciones de quienes se declaran perseguidos y claman por la protección de los derechos de los campesinos. ¿Acaso son campesinos inocentes quienes envenenan el agua que consumen millones de caleños?

Hay pues algo que no cuadra bien cuando se trata de defender el interés general y preservar el medio ambiente en Cali. Como ha ocurrido con las medidas creadas por la Alcaldía para combatir las invasiones que queman las laderas y amenazan con convertirlas en desiertos a donde es imposible siquiera llevar servicios públicos. Éstas encuentran feroz resistencia mediática de algunos que alegan supuestas soluciones sociales, la forma de respaldar a quienes desatan conflagraciones como la que destruyó el entorno del Cerro de Cristo Rey.

Esa contaminación no puede continuar y el Estado debe actuar con toda su energía para enfrentar la ilegalidad que viste de soluciones sociales para justificar la depredación. El estudio citado es argumento más que suficiente para llamar a la alarma y a la solidaridad de la sociedad con las autoridades que permita derrotar a los autores de los crímenes ecológicos que se cometen contra Cali.
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