El debate sobre la Base Aérea

El atentado del pasado jueves 21 de agosto contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez dejó seis muertos, alrededor de 80 heridos y una ciudad que aún sigue moviéndose entre el miedo, la tristeza y la indignación. Pero también volvió a poner sobre la mesa una discusión que Cali ha aplazado durante varias décadas: ¿puede esta capital seguir conviviendo con una instalación militar en pleno corazón urbano?

Los argumentos a favor del traslado no son nuevos, pero el ataque de las disidencias de la guerrilla los vuelve, otra vez, pertinentes. La base, construida en 1933 cuando Cali era una ciudad pequeña, hoy está rodeada de barrios densamente poblados, de comercios y de un parque, el de La Caña, a solo una calle de sus hangares. El riesgo de que la violencia golpee la vida cotidiana, como ocurrió con la bomba del jueves, es una amenaza real que ha costado vidas, sobre todo cuando se confirmó que la Paz Total del gobierno no es más que un eslogan político.

Pero, además de la seguridad, hay una razón de ciudad. La presencia de la Base Aérea en el nororiente ha congelado el desarrollo urbanístico, que ha hecho de esta zona una ‘Cali vieja’. Impide construir en altura, limita la densificación y posterga proyectos que podrían modernizar estas comunas. Arquitectos, urbanistas y académicos coinciden en que liberar esos terrenos permitiría crear un gran parque metropolitano, mejorar la calidad de vida y poner a Cali en la senda de un crecimiento sostenible.

Pero esta no puede ser solo una conversación entre expertos. Requiere la voz activa de la ciudadanía, de quienes viven en La Base, Villa Colombia o el barrio Jorge Isaacs, donde se sienten los estragos de un reciente accidente aéreo o de cada restricción urbanística. Es su derecho exigir que las decisiones sobre seguridad nacional no se conviertan en una condena para el desarrollo local.

Los detractores alegan que la ubicación actual de la Marco Fidel Suárez es estratégica y que un traslado sería costoso, además que no eliminaría la amenaza de un nuevo ataque, lo cambiaría de lugar. Es cierto. Pero ninguna cifra puede compararse con el valor de las vidas humanas que hoy están en riesgo. Y tampoco se justifica que una ciudad siga condenada a posponer decisiones claves de planeación urbanística bajo la excusa de lo difícil o lo caro. Trasladar la base aérea es costoso, pero no hacerlo lo es incluso más.

De ahí que ya es hora que tanto la Alcaldía como el Concejo pasen de los discursos y las promesas a anunciar una hoja de ruta con plazos verificables, crear una mesa técnica con el Gobierno Nacional, la Fuerza Aérea, la Gobernación, universidades y comunidades; actualizar la evaluación de riesgo e impacto urbano; comparar alternativas (trasladar las operaciones militares al Alfonso Bonilla Aragón como lo propone el arquitecto Benjamín Barney y mantener solo la Escuela de Aviación), para, de esta manera, empezar a impulsar un desarrollo urbanístico que en esta sucursal del cielo, es una deuda ya muy añeja con sus habitantes.