¿Y la salud de los colombianos?

El nuevo hundimiento de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado es el epílogo de una ‘novela’ que se empezó a escribir cuando Gustavo Petro asumió la Presidencia de Colombia y prometió transformar el sistema de atención de los pacientes vigente en el país desde hace tres décadas.

Para entonces ya había un consenso casi nacional sobre la necesidad de mejorar los servicios que venían recibiendo los colombianos en las EPS. El problema de arranque fue que la Casa de Nariño, que asumió esa propuesta como su joya de la corona, planteó un proyecto de ley que eliminaba esas entidades privadas intermediarias y le devolvía al Estado el manejo total del sistema.

Casi que durante todo el primer año de Gobierno el país se sumió en una polémica alrededor de la conveniencia o no de que clínicas y hospitales manejaran directamente los recursos públicos, así como de la necesidad de garantizar el acceso de toda la población a servicios de salud completos y de calidad.

Y cuando unos y otros estaban convenidos de que la reforma aprobada por la Cámara de Representantes, de mayorías oficialistas, no tendría ningún tropiezo para convertirse en ley de la República, en abril de 2024 la Comisión Séptima del Senado le propinó un duro golpe al Gobierno Nacional al votar el archivo de la iniciativa.

Solo que para entonces la batalla política por la reforma ya había comenzado a afectar a millones de pacientes que veían cómo los plazos para la asignación de citas con especialistas comenzaron a extenderse todavía más, al tiempo que su acceso a los medicamentos que necesitaban para sus tratamientos era cada vez menor.

La explicación para ambas cosas era y sigue siendo la misma: el sistema de salud vigente en el país atraviesa una profunda crisis financiera. Pero las razones por las que se llegó a ello varían según sea la Casa de Nariño, de un lado, o las EPS y las farmacéuticas, de otra, las que respondan.

Por eso, mientras las agremiaciones del sector han recurrido sin éxito a los máximos tribunales judiciales del país para exigir que el Gobierno aumente la UPC, que es el monto que les gira a las EPS para la atención de cada usuario, este insiste en aplicar la reforma por la puerta de atrás, a través de la intervención de varias de las prestadoras del servicio.

Y resulta que en el medio sigue creciendo el drama de niños y adultos mayores cuya vida depende de esa cita con un especialista que no llega, así como la tragedia de hombres y mujeres que padecen de enfermedades catastróficas y llevan meses sin recibir los medicamentos que necesitan para albergar la esperanza de una mejoría.

Por todo lo anterior, el hundimiento de esta segunda reforma a la salud en el Senado es una noticia agridulce para los colombianos: de un lado, evita que el Gobierno acceda a la vía legal para aplicar una estrategia que a todas luces está desfinanciada, lo que la hace inviable, pero, por el otro, todos los días se siguen escuchando denuncias de personas que aseguran que sus seres queridos murieron por la falta de un medicamento o de un tratamiento oportuno.

¿Será que la única alternativa que les queda a los pacientes es esperar a que se posesionen otro Gobierno y un nuevo Congreso para ver si ellos sí son capaces de garantizarles a los colombianos su derecho a la salud? ¿Será que la Administración Petro preferirá que muchos más compatriotas fallezcan por falta de atención antes de buscar una salida consensuada a los graves problemas que aquejan al sistema nacional de atención? ¿Será que las EPS y las farmacéuticas no pueden hacer algo más por los millones de enfermos del país?