Crisis en la salud: ¿hasta cuándo?

“Pedimos al Ministerio de Salud mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los Derechos Humanos en igualdad para todas las personas”.

Este aparte del último informe de la Defensoría del Pueblo sobre la profunda crisis que atraviesa el sistema de salud en el país pone en evidencia que las soluciones estructurales a esa situación no están cerca de llegar.

Mejor aún, que no están siendo tramitadas por quienes tienen la responsabilidad de responder por la atención de los colombianos y que por eso el llamado del organismo humanitario ya no es a exigir que se entreguen pronto los medicamentos o a que se programen con diligencia las citas con especialistas y las cirugías que necesitan los pacientes.

La Defensoría se limita a “pedirles” a las autoridades de Salud en el país que al menos no se agreda psicológicamente a quienes están desesperados porque su vida o la de algún ser querido está en peligro a causa de una enfermedad no atendida a tiempo o con los tratamientos adecuados.

Y si bien es censurable que los pacientes o sus cuidadores tengan que escuchar respuestas que casi son una burla de parte de las cabezas del Minsalud cuando la prensa las requieren por las demoras en la atención, las congestiones en los hospitales o las fórmulas médicas que no se entregan, la exigencia no puede limitarse a “mejorar los canales de comunicación”.

La grave crisis que enfrenta el sistema a nivel nacional, y que tiene en el Valle del Cauca a una de las regiones más golpeadas, requiere con urgencia soluciones de fondo que detengan la violación del derecho a la salud de los colombianos, y especialmente de aquellos afiliados a las EPS que han sido intervenidas por el Gobierno.

No de otra manera se podrá evitar que en este departamento la deuda acumulada de esas entidades con las redes pública y privada supere los seis billones de pesos y que los pasivos con los trabajadores del sector rebasen los $300.000 millones. Como tampoco que el retraso en la asignación de citas sumen quince mil personas, como le aseguró en días pasados a El País la Secretaria de Salud del Valle.

Es hora de que el Gobierno Nacional acepte que el sistema vigente en Colombia está siendo víctima de una asfixia financiera sin precedentes, que está llevando a que se acumulen millonarias deudas que ya se están traduciendo en pérdida de vidas.

Por supuesto que es necesario mejorar la infraestructura hospitalaria y seguro que eso da réditos políticos, si ese es el propósito, pero sería mejor, por ejemplo, que la Administración central no hubiese embargado las cuentas de la Nueva EPS, que suma 11,64 millones de afiliados en el país.

Era evidente que al afectar con esa medida a tal cifra de usuarios, la más alta de Colombia en una entidad de salud, deliberadamente se estaba poniendo en peligro la integridad de todos ellos, al agravar la falta de liquidez de los centros asistenciales en los que incluso deberían acceder a programas de prevención, algo tan supuestamente valorado por el Gobierno Nacional.

Ojalá que los giros anunciados por la Nueva EPS a la red pública asistencial del país se entreguen con celeridad, porque solamente en Cali la cartera con esas entidades asciende ya a los tres billones de pesos y el Hospital Universitario del Valle, el más grande del suroccidente, está a punto de colapsar ante el incremento de los pacientes que acuden a él.

Así las cosas, tal como afirmó la Defensoría del Pueblo en su informe, “la falta de empatía frente a la angustia de pacientes y trabajadores del sector no solo es preocupante sino incompatible con el deber del Estado”. Sin embargo, es una crisis que el Gobierno sigue negando, pese a que cada día son más los titulares que hablan de colombianos que no sobrevivieron a la ausencia de atención médica.