Cuando cuidar salva más vidas que castigar

Durante décadas, el barrio Sucre, en el centro de Cali, ha sido uno de esos territorios que la ciudad aprendió a esquivar. Una zona asociada al consumo de drogas, a la marginalidad y al abandono estatal. Un barrio reducido, en el imaginario colectivo, a una etiqueta dolorosa para sus habitantes: ‘olla’. Sin embargo, lo que hoy ocurre en sus calles obliga a Cali a replantear no solo los prejuicios, sino también la manera de enfrentar el consumo de sustancias psicoactivas.

En Sucre, gracias al trabajo de la Corporación Viviendo, que desde 2015 está en el barrio, y más recientemente a la Secretaría de Salud de la ciudad, se puso en marcha uno de los modelos más avanzados que Cali ha ensayado frente a la drogodependencia: una estrategia que pone en el centro la vida humana, a las personas y prioriza la reducción de daños sobre el castigo. El foco está en la demanda de las drogas, la gente, y no en la oferta. Los resultados empiezan a notarse.

En lo que va de 2026, según datos de la Corporación Viviendo, se han registrado diez sobredosis por heroína en el barrio y ninguna ha terminado en muerte. En 2025 se reportaron en el mismo mes 58 casos, con cuatro fallecimientos. La diferencia radica, en gran medida, en la creación de una red comunitaria de naloxona, un medicamento que revierte los efectos de las sobredosis y que hoy está disponible en tiendas, hoteles y en manos de líderes comunitarios capacitados para aplicarla.

Este modelo surgió, paradójicamente, del abandono institucional. Durante años, los habitantes de Sucre aprendieron que las ambulancias no ingresan al barrio. Como si lo que le pasara a su gente no importara. Ante esa realidad, la comunidad decidió asumir el rol del Estado: salvar vidas en medio de las emergencias.

Pero la estrategia no se limita a la distribución de un medicamento que revierte la sobredosis. En el sector también funciona el Centro de Atención Móvil a la Drogodependencia, conocido como Camad, donde las personas que consumen heroína encuentran jeringas nuevas para evitar contagios de VIH y otras infecciones, acceso a pruebas médicas, acompañamiento psicosocial y una sala de consumo supervisado que permite intervenir de inmediato ante una posible sobredosis.

El enfoque, por supuesto, ha sido objeto de críticas. Sus detractores argumentan que estas estrategias facilitan el consumo. Sin embargo, la evidencia y los datos muestran lo contrario: los modelos de reducción de daños disminuyen la mortalidad, reducen la transmisión de enfermedades y, en muchos casos, abren la puerta a procesos voluntarios de rehabilitación.

El propio Camad ha permitido que usuarios que inicialmente acudían solo para consumir en condiciones más seguras hayan iniciado procesos para abandonar la adicción, con tratamientos como la metadona y acompañamiento médico y social. En 2025 fueron 7 casos.

La experiencia demuestra que obligar a rehabilitarse rara vez funciona; generar confianza, en cambio, sí puede abrir oportunidades de transformación.

El caso de Sucre también evidencia otra realidad incómoda: la drogodependencia no es únicamente un problema de seguridad. Es, ante todo, un desafío social, sanitario y humano. Durante décadas, la respuesta ha sido la criminalización, una política que ha demostrado ser insuficiente para reducir el consumo y que, por el contrario, ha profundizado la exclusión de poblaciones vulnerables y además el fortalecimiento de los carteles del narcotráfico y con ello, la violencia.

Adicionalmente, el modelo de Sucre ha generado impactos positivos en salud pública. Según la Secretaría de Salud de Cali, la incidencia de VIH en población habitante de calle ha mostrado una reducción del 3 %.

En todo caso, el avance sanitario contrasta con la persistencia del abandono urbano, lo que extraña en el barrio cuando la Administración Municipal ha prometido ‘recuperar el Centro’. Las calles de Sucre siguen deterioradas, la falta de parques, escenarios deportivos y oportunidades laborales siguen siendo parte del paisaje cotidiano. Resulta contradictorio entonces que mientras la comunidad y algunas instituciones construyen soluciones innovadoras para proteger la vida, las condiciones estructurales que alimentan la exclusión continúen intactas.

Sucre, además, carga con un peso histórico que la ciudad aún no ha querido revisar. Fue declarado zona de tolerancia desde inicios del siglo pasado, una decisión que terminó consolidando su estigmatización y convirtiéndolo en el lugar donde se concentran problemáticas que el resto de Cali prefiere no ver.

Lo que hoy ocurre en este barrio plantea una pregunta de fondo: ¿qué modelo de ciudad quiere construir Cali frente al fenómeno de las drogas? La evidencia sugiere que castigar no ha resuelto el problema. Cuidar, en cambio, empieza a mostrar resultados concretos.