La polémica emergencia

La declaración de emergencia económica por parte del Gobierno Nacional, y la consecuente expedición del Decreto Legislativo 1474 de 2025, que introduce nuevos impuestos, ha desatado una discusión profunda sobre los límites del Poder Ejecutivo y el papel del Congreso en la toma de decisiones fiscales que afectan a todos los colombianos.

El propósito declarado del Ejecutivo de conseguir recursos para enfrentar un déficit en el presupuesto del 2026 es comprensible desde la lógica de las finanzas públicas. Sin embargo, el hecho de que estas decisiones se implementen mediante decretos, y no tras el debate y la aprobación en el Congreso de la República, altera el equilibrio institucional y abre una puerta peligrosa para la democracia fiscal.

Saltarse ese camino mediante el uso de un estado de emergencia, que por definición debe reservarse para hechos sobrevinientes e imprevisibles, genera una profunda inquietud sobre la solidez institucional de la democracia colombiana.

Pero, adicionalmente, abrió la puerta a otro debate con los gobernadores del país, que con firmeza han rechazado la parte del decreto que incrementa el impuesto al consumo y eleva el IVA sobre licores y cigarrillos, al considerar que vulnera la autonomía fiscal y pone en riesgo las finanzas de los departamentos.

Estas rentas, cedidas constitucionalmente a las entidades territoriales, financian sectores clave como salud, educación y deporte en regiones que ya enfrentan retos enormes.

La fricción no es menor; los gobernadores han anunciado que no aplicarán lo estipulado en el decreto mientras la Corte Constitucional no se pronuncie de fondo sobre su legalidad. Este gesto no debe interpretarse como un capricho político, sino como una defensa de la autonomía territorial y de los principios de descentralización consagrados en la Constitución, más cuando en muchos departamentos ese recaudo constituye una porción significativa de los ingresos propios.

Todo esto lo que está evidenciando es que el Gobierno Nacional no baja su nivel de confrontación política frente al rechazo de sus propuestas en escenarios válidos como son el Congreso, corporación que, bajo la mirada democrática, es la encargada de avalar o no las iniciativas.

Es claro que este y cualquier gobierno tienen herramientas legales para sacar adelante sus proyectos de ley, pero igualmente, bajo las normas constitucionales, el Legislativo puede rechazarlas.

La confrontación abre una brecha política que puede deteriorar la confianza en las instituciones y sembrar incertidumbre económica, ya que empresas, inversionistas y ciudadanos no saben si las normas tributarias podrán mantenerse o si se producirán tensiones jurídicas prolongadas, además de lo que implica pagar más impuestos, como será el caso de los sectores bancarios, petroleros, de juegos de azar, y todos los colombianos que consumen licores, que deberán asumir más cargas a lo largo del 2026.

Nuevamente es imprescindible que el Gobierno Nacional entable un diálogo, como se le ha pedido, para el debate de los temas trascendentales. No solo se está generando un desgaste con los poderes Legislativo y Judicial, con los gobernadores y con un sector de la ciudadanía, sino que se pone en duda la eficacia de la democracia.

El fortalecimiento de las instituciones, el respeto por las reglas y la concertación son condiciones necesarias para una gobernabilidad sostenible, aunque se esté a meses de un cambio en la Presidencia de la República.

Colombia necesita soluciones fiscales, sí; pero que sean producto del acuerdo. El Gobierno Petro debe entender que en democracia el consenso no es un obstáculo, sino la única garantía de que las leyes tengan la solidez necesaria para sostener la Nación.