Balance positivo para la Registraduría

Mientras avanza el escrutinio de los resultados de los comicios del pasado domingo, cuando 20.900.614 colombianos sufragaron para elegir al nuevo Congreso de la República y escoger los candidatos presidenciales de tres consultas interpartidistas, es innegable que uno de los triunfadores de esa jornada democrática fue la Registraduría Nacional.

Así lo corrobora el que la información del preconteo se conoció de manera más ágil que hace cuatro años: sobre las 8:00 de la noche ya se había anunciado el 79 % de los votos del Senado, cerca del 80 % de los de la Cámara de Representantes y el 95 % de los datos de las consultas, a pesar de que, según había anticipado el órgano electoral, se aumentó el número de mesas de votación en todo el país con respecto a las elecciones anteriores.

Pero también el hecho de que esa misma noche todas las fuerzas políticas celebraron e hicieron declaraciones aceptando la realidad de ese preconteo, sin que se advirtiera de la impugnación de alguno de los resultados comunicados por la Registraduría casi en tiempo real, después de que los jurados de cada mesa sumaran la totalidad de los sufragios consignados en ella, teniendo en claro que ellos son los actores fundamentales en la contabilidad y validación de los sufragios, sin ser empleados de las autoridades electorales. Pero, además, las leyes electorales disponen que ese conteo inicial esté supervisado en todo momento por los testigos delegados por cada partido político participante en estos primeros comicios del 2026.

Sin duda, todo ello contribuyó a que, una vez más, la mayoría de los colombianos que acudieron a las urnas el pasado domingo ratificaran su confianza en la institucionalidad involucrada en la organización de las elecciones, lo que a su vez aporta de manera importante a la consolidación de la democracia que rige en el país. Y esa percepción ha sido corroborada por las misiones de observación electoral internacionales, que han avalado el proceso previo al día de los comicios y el desarrollo mismo de la jornada electoral.

Ahora bien, el escrutinio que todavía continúa en muchos municipios del país tampoco está a cargo de funcionarios de la Registraduría sino de más de tres mil jueces de la República, notarios, registradores de instrumentos públicos, claveros, testigos electorales, apoderados, representantes de organismos de control, digitadores y observadores internacionales que integran las 300 comisiones que deben verificar y consolidar los resultados oficiales de los comicios del pasado domingo.

Por eso llama la atención que, en medio de la satisfacción expresada por no pocos miembros del partido oficialista que, ante la copiosa votación obtenida, se convertirá en la fuerza política con mayor presencia en el próximo Congreso de la República, el presidente Gustavo Petro continúe poniendo en tela de juicio los resultados anunciados hasta ahora por las autoridades electorales, al asegurar que hay “una gran diferencia” entre el preconteo y los votos depositados en las urnas.

Incluso, en aras de la libertad que implica la democracia, es válido que el Mandatario colombiano solicite que se cuiden los votos “hasta el último momento” y que convoque a abogados con experiencia en escrutinios para que acudan a las comisiones que adelantan ese trabajo a esta hora en los municipios del país. Pero lo que no es admisible es que el Jefe de Estado haya anunciado en sus redes sociales que “mostrará como empresarios en el Valle del Cauca entrenaban a jurados de votación que hicieron inscribir para el fraude” y que siete horas después todavía no haya exhibido prueba alguna de tal afirmación. ¿Hasta cuándo el presidente Petro seguirá atacando a quienes desde el sector privado jalonan el crecimiento de un departamento al que él le sigue incumpliendo sus promesas de campaña?