El narcotráfico colombiano entró en una fase de sobreoferta estructural de cocaína, desplome del precio de la hoja y diversificación criminal. La tendencia se consolidó en 2023, cuando la Unodc registró 253.000 hectáreas de coca y producción potencial estimada en 2664 toneladas de cocaína, un 53 % más que en 2022. Para 2025, estimaciones policiales y extrapolaciones académicas ubican a Colombia por encima de las 300.000 hectáreas sembradas, con cerca de 3100 toneladas de producción potencial. No es una anomalía, sino el resultado de una política antidrogas fallida y cuya evidencia numérica es rechazada por el actual gobierno.

Ante el impacto en su seguridad nacional y salud pública, varias naciones han endurecido el cerco antidrogas. Estados Unidos intensificó la presión marítima en el Caribe y el Pacífico sur mediante la destrucción sistemática de lanchas go-fast. La captura de Nicolás Maduro envió una señal inequívoca a las estructuras narcoterroristas operando en la frontera colombo-venezolana. Ecuador declaró conflicto armado interno y comenzó a cerrar corredores terrestres y marítimos en coordinación con Washington. Puertos y rutas logísticas del crimen empiezan a tambalearse.

En tres años, cerca del 64 % del decomiso pasó a realizarse fuera del país y la participación de Colombia en las incautaciones globales cayó del 53 % al 36 %. A nivel interno, Bolívar, La Guajira, Antioquia, Valle del Cauca y Nariño concentran cerca del 52 % de las incautaciones nacionales. En contraste, en Cauca, Putumayo, Norte de Santander pese a ser regiones claves en la producción de hoja de coca apenas aportan el 18 % de los decomisos de cocaína.

La sobreproducción de coca está castigando al más frágil eslabón de la cadena: alrededor de 350.000 familias que dependen de este cultivo. La arroba de hoja, que llegó a pagarse en $110.000, hoy oscila entre $30.000 y $60.000, apenas para cubrir costos. Cocaleros y raspachines se desplazan hacia otras regiones, arrastrando deudas y atrapados en complejos esquemas extorsivos. Estructuras armadas utilizan listas vecinales para imponer cobros, multas y trabajo forzado para bloquear vías o a ‘protestar’ contra incursiones militares. Quien se resiste, paga o es obligado a trabajar en la apertura de carreteras o en minas ilícitas.

La sobreoferta de cocaína está provocando una reconfiguración criminal más amplia. Autoridades de Ecuador han advertido que insumos y precursores químicos para drogas sintéticas —como fentanilo y ketamina— están siendo desviados hacia Colombia. En paralelo, el puerto de Buenaventura, aún concentrando cerca del 70 % de los decomisos del Valle del Cauca, sigue siendo un nodo crítico de contaminación de cargamento lícito. Lo que no logra salir por el puerto se redistribuye por aeropuertos usando correos humanos y por el mercado interno, convertido en válvula de escape del excedente. El impacto es directo: más puntos de venta, mayor captación de jóvenes y una disputa abierta por esquinas y barrios. El indicador es claro: en Colombia, los homicidios y desapariciones volvieron a subir.

El reacomodo criminal también se desplaza hacia la minería ilegal. Dragas y retroexcavadoras arrasan cerca de 250 hectáreas diarias en las cuencas del Pacífico y la Amazonía y, para 2025, el oro ilegal ya genera ingresos comparables a los de la cocaína (≈ US$8.400 millones). La importación de maquinaria pesada se apoya en el contrabando técnico y las vulnerabilidades de la DIAN. De esa manera por Buenaventura, Cartagena y Santa Marta ingresan dragas y excavadoras subvaloradas (US$4–11/kg frente a un valor real estimado en US$37/kg). No es solo evasión aduanera sino maquinaria obsoleta, con certificaciones falsas, destinada a ser abandonada tras su uso criminal.

El Estado colombiano debe intervenir ya en los nodos críticos: exigir importación adelantada con verificación documentaria previa al arribo de maquinaria pesada y blindar puertos, corredores viales y el control territorial con tecnología. El ingreso de excavadoras para la minería ilegal no es solo adaptación criminal: es ataque a poblaciones nativas, explotación laboral y sexual, tráfico de personas, deforestación masiva y contaminación con mercurio. Es la guerra por venir y un asunto de interés hemisférico.

Twitter: @wvaldivia