Homicidios sin tregua

Cali cierra el 2025 enfrentando una realidad que no se puede maquillar ni relativizar: los homicidios crecieron de manera alarmante, rompiendo las metas oficiales, profundizando tragedia de cientos de familias y enviando un mensaje devastador sobre el rumbo de la seguridad ciudadana.

La meta de la Alcaldía de reducir los asesinatos a menos de 900 este año, no solo no se cumplió: entre el 1 de enero y el 9 de diciembre, según el Observatorio de Seguridad, ya van 990 personas asesinadas, un incremento del 13 % frente al mismo periodo del año pasado, cuando se registraban 878 casos. Son 112 vidas más segadas en las calles de nuestra ciudad.

Este desbordamiento de la violencia rompe además una tendencia que, aunque irregular, mostraba ligeros avances. En 2022 Cali llegaba a mitad de diciembre con 917 homicidios; en 2023, con 959 y en 2024, con 878. Para el 2025 se esperaba continuar por ese camino. En cambio, hoy nos enfrentamos a la peor cifra de la última década reciente y es un retroceso que no solo impacta las estadísticas, sino que hiere gravemente la confianza de todos los ciudadanos.

El 82 % de los homicidios se cometieron con arma de fuego, un indicador que revela fallas profundas en el control del tráfico ilegal, en la presencia territorial del Estado y en las estrategias de prevención. A esto se suma que el 13 % de los asesinatos se perpetraron con arma cortopunzante, mostrando que la violencia se expresa de múltiples maneras y en distintos entornos, pues en todas las comunas de la ciudad se cometieron asesinatos.

Cali no puede normalizar que casi mil familias pierdan a un ser querido cada año. No puede aceptar que las dinámicas criminales sigan moldeando la vida cotidiana de los barrios, imponiendo miedo, expulsando oportunidades y erosionando el tejido social. Es urgente reconocer la magnitud del problema, sin maquillajes porque cada cifra representa una ausencia y un duelo de una madre, un padre, hermanos, hijos, abuelos y amigos.

La Administración Municipal debe asumir con claridad que las estrategias actuales no han sido suficientes. La ciudad necesita una política de seguridad urbana mucho más robusta y coordinada. No basta con operativos esporádicos ni con anuncios de capturas: se requieren intervenciones sostenidas en los territorios donde se concentran los homicidios, así como una articulación real con la Fiscalía y la Policía para desmantelar las estructuras que se lucran de tráfico de estupefacientes, especialmente en las comunas 13,14, 15 y 21, los lugares donde más asesinatos se cometen.

Es indispensable también que se aborde el problema de manera integral: prevención temprana en entornos escolares, programas de empleo juvenil, control real al porte y tráfico de armas, fortalecimiento de la justicia local y una presencia institucional que no desaparezca tras cada crisis. La seguridad no es solo represión; es también inversión social y acompañamiento continuo en los barrios más golpeados.

Diciembre no puede convertirse en un mes que agrave aún más el desastre estadístico del año y en el que mínimo hay 100 homicidios. La Alcaldía y las autoridades de seguridad deben activar de inmediato un plan de choque que evite que la cifra de homicidios siga escalando, y que sienten las bases de una estrategia sólida para el 2026. La ciudad no puede entrar al nuevo año arrastrando la violencia.

Cali merece un 2026 distinto, uno en el que la vida sea una prioridad real. Para lograrlo, las autoridades deben comprometerse con políticas categóricas, sostenidas y medibles. Es importante que gran parte del presupuesto en la Secretaría de Seguridad, que va a aumentar considerablemente, sea destinado a combatir el homicidio. Esta ciudad no puede permitir que la violencia la siga doblegando. Es hora de actuar con contundencia porque cada día de retraso se paga con vidas humanas.