Presupuesto por decreto

Cali llegó a un punto institucional que no puede trivializarse: el presupuesto de 2026 será expedido por decreto del alcalde Alejandro Eder, no por acuerdo aprobado en plenaria del Concejo, porque la corporación no logró asegurar el quórum requerido en el último día habilitado por la ley.

Aunque el procedimiento está contemplado en la norma, el hecho de que una ciudad del tamaño y la complejidad de Cali dependa de un decreto para definir el uso de al menos $7 billones debe encender alertas sobre el funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos.

Lo ocurrido no fue consecuencia de falta de estudio. Al contrario: el Proyecto de Acuerdo 062 fue analizado durante 29 sesiones de comisión, con debate técnico, ajustes y un fortalecimiento explícito al componente social impulsado por los propios concejales.

Ese trabajo desembocó en una ponencia aprobada en primer debate, con prioridades definidas para educación, infraestructura, programas para población vulnerable y obras territoriales. Es decir, el Concejo había avanzado en terreno firme y tenía un marco consensuado para votar.

Sin embargo, la ausencia de 14 concejales el 30 de noviembre —día límite fijado por la Ley 136 de 1994 para el segundo debate— dejó sin votación un presupuesto ya discutido, modificado y listo para ser sometido a aprobación.

Esto no solo quebró la ruta institucional prevista, sino que abrió un espacio que ahora deberá ocupar el Alcalde por mandato legal: adoptar el presupuesto mediante decreto, incluyendo las modificaciones aprobadas en Comisión.

La Administración Distrital insiste en que el proceso se desarrolló conforme a la ley y que el Alcalde no aprobará un presupuesto distinto al debatido. Su postura es clara: el Estatuto Orgánico del Presupuesto obliga a expedir por decreto el mismo proyecto trabajado en Comisión, con las modificaciones ya incorporadas.

Desde esa óptica, se trata de una formalidad necesaria ante un incumplimiento procedimental del Concejo. Pero las explicaciones jurídicas no eliminan los riesgos institucionales. Que el presupuesto se adopte sin la deliberación final del Concejo debilita la tradición de control político en la ciudad.

Las advertencias de varios concejales evidencian ese malestar: la pérdida de un mes de trabajo técnico, la posibilidad de que el alcalde termine definiendo ajustes sin contrapesos inmediatos, el vacío en la elección del contralor y la inquietud por eventuales presiones políticas.

Más allá de las valoraciones personales, el impacto es real: Cali queda sin el cierre democrático que exige una decisión de esta magnitud. El presupuesto no es un trámite. Es la hoja de ruta que define inversiones por $7,7 billones en salud, educación, movilidad, cultura, deporte, infraestructura y programas sociales.

Es el documento que garantiza comedores comunitarios, atención a adultos mayores, primera infancia, población vulnerable, seguridad escolar y obras prioritarias en barrios y corregimientos. Que ese plan no pase por el último filtro del Concejo es un precedente que la ciudad no puede normalizar.

También preocupa que el episodio coincidiera con la imposibilidad de votar vigencias futuras claves para alimentación escolar, comedores y atención social. Y que la falta de elección del contralor pueda derivar en un encargo prolongado, con el consecuente debilitamiento del control fiscal independiente.

Son advertencias que deben tomarse con seriedad, no como simples choques políticos.

La responsabilidad es compartida. El Concejo falló al no garantizar el quórum para votar un proyecto que llevaba semanas de estudio; la Alcaldía tendrá ahora la carga de demostrar que el decreto reflejará fielmente lo aprobado en Comisión y no aprovechará el vacío para introducir virajes que no pasaron por debate público.

Es imperativo que la Administración publique de manera transparente el articulado final, detalle los criterios de priorización y explicite cómo hará seguimiento al uso de los recursos.

Cali necesita solidez institucional. Y ello se construye respetando el debate democrático, asegurando la presencia de los concejales en los momentos decisivos y evitando que los presupuestos —el instrumento más importante de gestión pública— terminen siendo adoptados por la vía excepcional.

Que este episodio sirva como advertencia y como oportunidad para reconstruir la confianza entre Concejo y Alcaldía.

La ciudad no merece decisiones apresuradas ni vacíos deliberativos. Mucho menos la sensación de que el rumbo financiero del próximo año quedó definido sin el debate público que le corresponde. Cali necesita instituciones que respondan. Y que estén presentes cuando más importa.