Derechos y deberes

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Derechos y deberes

Enero 26, 2020 - 06:55 a. m. Por: Editorial .

En el transcurso de los últimos meses han sido temas permanentes en Colombia el derecho a la protesta social, la protección a quienes lo ejerzan y los límites que debe respetar la Fuerza Pública en el control a esa manifestación democrática. Sin embargo, poco se ha dicho sobre las obligaciones que con la sociedad tienen quienes promueven esas movilizaciones y las responsabilidades que les corresponde en la protección de los derechos individuales y colectivos que sean lesionados por el abuso de esa atribución.

Tal es el caso de los ataques a la sede del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex, en Cali y los bloqueos frecuentes a las vías de acceso a la capital del Valle, de la destrucción de estaciones del sistema de transporte masivo en Bogotá o del ciudadano que fue agredido en un banco en Medellín. Esos hechos se produjeron el pasado 21 de enero, en medio de la nueva convocatoria del paro nacional que si bien transcurrió en aparente tranquilidad, de nuevo fue utilizado para agredir, aunque de manera aislada.

Esos son apenas unos ejemplos de los daños que se produjeron, causando perjuicios al patrimonio público, a bienes que son indispensables para que los colombianos desarrollen sus actividades como el derecho al trabajo, o a la integridad personal. Aunque fueron de menor cuantía si se comparan con los sufridos el pasado 21 de noviembre, lesionaron derechos constitucionales que deberían ser reparados además de protegidos no sólo por las autoridades.

No obstante, la tradición indica que quienes promovieron esos paros que a su vez desembocaron en vandalismo, no son llamados a responder por lo que ocurrió. Por supuesto, ellos no pueden ser acusados por los delitos que cometen aquellos que aprovechan para tratar de sembrar el caos y la destrucción. Pero sería ingenuo pensar que no saben el riesgo al que exponen a la sociedad y las consecuencias que pueden producirse para los millones de ciudadanos como ellos que pueden ser víctimas de los desafueros.

También está claro que si las autoridades cometen excesos o abusan de sus atribuciones en el control a la protesta social, deben asumir las consecuencias jurídicas del caso. Pero es hora de preguntarse quién responde por los perjuicios causados por el vandalismo, o por los derechos que se les desconocen a los miembros de la Fuerza Pública que actúan dentro del marco legal para proteger a la sociedad.

De eso se trata el Estado de Derecho: de ejercer las atribuciones que la ley le reconoce a cada ciudadano, y de responder por sus actuaciones en caso de que lesionen derechos ajenos, incluidos los que se causen en bienes públicos como las calles, los edificios oficiales o los sistemas de transporte, impidiendo la libre locomoción y poniendo en riesgo la vida de sus usuarios.

Y de eso se trata la democracia: de ejercer los derechos individuales sin poner en peligro los derechos fundamentales de la sociedad, y de responder por los daños que se causen. Así, manteniendo el balance entre los derechos y los deberes se logra el equilibrio que se requiere para evitar que la impunidad reine frente a quienes causan daño aprovechando el ejercicio del derecho a protestar.

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