Cuidado con los goles

El interés del Gobierno Nacional por sacar avante su proyecto de Paz Total es un intento por rebajar la violencia mediante la negociación con todos los grupos delincuenciales que afectan el orden público y ponen en peligro la integridad de los colombianos. Buena intención del presidente Gustavo Petro que reclama la actuación cuidadosa del Congreso de la República para evitar que se burlen las leyes y la Justicia en Colombia.

Nadie duda de la bondad que tiene el lograr que todos los factores de violencia se silencien, y que para ello sea necesario abrir espacio a la negociación y adoptar reformas en asuntos tan sensibles como la ley de orden público, herramienta para que el Gobierno pueda buscar esas soluciones. Sólo por ello, revisar esa ley y tantas otras para incentivar la dejación de las armas y el cese de las actividades delictivas es más que necesario.

Pero también hay sombras que deben ser despejadas por el Congreso como depositario del mandato ciudadano, del control político a las actuaciones del Ejecutivo y de la potestad de expedir, reformar o abolir las leyes que regulan la vida nacional. En el caso de las propuestas que están al estudio del Legislativo sobre la Paz Total, debe distinguirse entre la autorización de adelantar las negociaciones que permitan alcanzar ese objetivo y la entrega de facultades ilimitadas para que el Gobierno aplique excepciones a discreción.

El caso más significativo ahora es la posibilidad de concertar las leyes con grupos de narcotraficantes, o con organizaciones que usan una supuesta motivación política para justificar su trayectoria criminal. O para ofrecer más negociaciones y beneficios a quienes, como los integrantes de la agrupación delincuencial denominada Segunda Marquetalia, firmaron el acuerdo para terminar el conflicto con las Farc, traicionaron lo firmado, volvieron a armarse y constituyeron un cartel más de las drogas ilícitas.

En ese mismo sentido, los legisladores están llamados a tener cuidado sobre la inclusión del artículo 17 del proyecto en el cual se crea una especie de amnistía que favorece a quienes convirtieron en asonada violenta la protesta social del 28 de abril del 2021, y resultaron capturados. Esos delincuentes fueron identificados y procesados por la Justicia por haber cometido crímenes que acabaron con vidas humanas, causaron destrucción y aterrorizaron durante semanas a ciudades como Cali y departamentos como el Valle.

Además de que tal artículo no parece encajar en los propósitos de la ley de orden público, permitir que el Gobierno actué para perdonar esos delitos es dejar sin piso la actuación del Estado para reprimir las conductas antisociales.

Así mismo, debe pedirse prudencia en la autorización de gastos que pueden causar y aumentar la crisis fiscal, generadora de la inestabilidad de la economía nacional y de la confianza en nuestro país. Ante las dificultades actuales, no parece aconsejable abrir la llave para que se aumente el gasto público con todas sus consecuencias. Por ello es necesario que los congresistas actúen pensando ante todo en la Nación y su futuro.