Cinismo

Leo una y otra vez los titulares y no salgo de mi asombro: las Farc le solicitan a la Corte Penal Internacional “intervenir inmediatamente” en Colombia si el Congreso aprueba las reformas acordadas por la mayoría de partidos políticos a la Justicia Especial para la Paz, para garantizarle a los militares señalados de delitos atroces, un juzgamiento objetivo. Increíble el proceder de los ex guerrilleros cuando tienen una Justicia hecha a su medida.

La Corte Penal Internacional, CPI, fue creada en 1998 con el fin de evitar la impunidad a nivel global sobre cuatro delitos: crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y agresión, y se constituyó sobre dos pilares: asegurar que esos delitos tengan una sanción retributiva ejemplarizante, proscribiendo las amnistías y los indultos, y ser un tribunal subsidiario, es decir, que se activa si la Justicia de un país miembro no cumple su labor.

Colombia está bajo análisis preliminar de la Fiscalía de la CPI desde hace 15 años. Desde entonces, el tribunal les hace seguimiento a casos individuales de máximos responsables de posibles violaciones al Estatuto de Roma, en especial a miembros de grupos armados ilegales y agentes del Estado. Ahora examina el acuerdo con las Farc, incluido el sistema de justicia transicional, pues es -o debería ser- su deber verificar que no haya impunidad.

Ahora resulta que las Farc amenaza con la Corte Pena Internacional. Ese nuevo partido, cuyos dirigentes no pisarán un día la cárcel, pues en el peor de los casos se les aplicará una pena restrictiva y no privativa de la libertad, se atreven sin sonrojarse a pedirle a la Fiscalía de la CPI que esté vigilante de la reforma en curso a la Justicia Especial para la Paz, JEP, para que los militares no eludan su responsabilidad penal. ¡Qué cinismo!

¿No se dan cuenta que el tratamiento que les están dando es de amnistía simulada? ¿Que por violaciones mucho menores al Estatuto de Roma la CPI ha intervenido otros países? ¿Que por casos similares al nuestro Naciones Unidas ha creado tribunales especiales? ¿Pasan por alto que se les trata con guantes de seda y tapete rojo, lo que tiene indignado a medio país? ¿Qué autoridad moral tienen para pedir una intervención de la CPI?

Ahí andan como si nada, estrenado curul, dando cátedra de moral, derechos humanos y defensa del ambiente, y esperando se les equipare con los miembros de nuestra Fuerza Pública. No señores: los militares que cometieron delitos atroces deben responder ante la Justicia, pero eso no los hace iguales a quienes se levantaron en armas contra el Estado y contra los colombianos, y cuyo prontuario criminal no cabe en ninguna conciencia.

Que no se confundan, menos cuando el país constata día a día el sesgo de la Jurisdicción Especial para la Paz, convertida en defensora de oficio de los exguerrilleros de las Farc. Lo que está haciendo la JEP en el caso de ‘Santrich’ es vergonzoso. En cualquier otro país sería motivo para llamar a cuentas a sus magistrados; ya no saben qué inventarse para atravesársele a la extradición del ex jefe guerrillero, un narcotraficante reincidente.

Una cosa es que en aras del desarme del grueso de las Farc los colombianos nos estemos tragando un sapo tamaño orangután, fruto de un acuerdo benevolente con quienes tanto daño le han hecho al país, y otra, que vengan ahora a pedirle a la CPI que intervenga si reforman la JEP en un sentido que no comparten. Parecieran olvidar que si les aplicaran de verdad, con rigor, el Estatuto de Roma, no estarían haciendo política, calentando silla y devengando sueldo en el Congreso de la República: estarían en una cárcel en Holanda.

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