¿Qué tan grave es el riesgo de fraude electoral en el Valle? Responde la Ministra del Interior

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¿Qué tan grave es el riesgo de fraude electoral en el Valle? Responde la Ministra del Interior

Octubre 27, 2019 - 06:50 a. m. Por:
Olga Lucía Criollo / Editora de Poder
Nancy Patricia Gutiérrez, Ministra del Interior

Nancy Patricia Gutiérrez, Ministra del Interior.

El País

117.000. Esa cifra, que corresponde al número de candidatos inscritos para los cargos de elección popular que se elegirán este domingo en todo el país, habla de la complejidad de estos comicios.

De ello es consciente la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en quien el presidente Iván Duque delegó la responsabilidad de la organización de la jornada electoral.

Pero no la ha tenido fácil, porque tan solo en tres meses la Línea Uriel, que recepciona las quejas por anomalías electorales, ha recibido 4.616 reclamos y en los últimos días la Procuraduría y la Fiscalía han hablado de alerta roja y riesgo alto, respectivamente.

Eso para no hablar de la violencia, que solamente en el Valle del Cauca ha dejado cinco víctimas mortales.

Sin embargo, la titular de la cartera de Gobierno asegura que la Fuerza Pública y los entes de control están acompañando el proceso electoral en todo el territorio nacional, especialmente en aquellos donde el orden público está más afectado.

Pero sobre la transparencia de los comicios, les pasa el balón a los votantes: “No nos digamos mentiras, en las entidades territoriales la gente sabe quiénes están siendo investigados, quiénes violan los topes de campaña, qué candidaturas están usando dineros ilegales o cuáles están desbordando los topes de campaña, entonces esto es un manejo de la mano de las autoridades y de las instituciones, pero también es muy importante el aporte de la ciudadanía”.

¿Cómo va la organización de la jornada electoral?

Estas son las elecciones más complicadas, en razón a la cantidad de candidatos, son más de 117.000 en todo el país y lo que consideramos hace un año, cuando empezamos a hacer el seguimiento a la actividad electoral, fue que era necesario hacer una estrategia de coordinación y articulación entre las entidades del Estado. Así se diseñó el Plan Ágora, que fue presentado por el presidente Iván Duque el 8 de julio de este año, y que tiene dos ejes fundamentales: transparencia y seguridad. Ese ha sido el mecanismo de articulación del Gobierno con las entidades de control como la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo; con la justicia, a través de las Cortes, el Consejo Superior de la Judicatura, y la organización electoral, en cabeza de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral, CNE.

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¿Qué balance ha dejado la línea Uriel, en la que se denuncian los delitos electorales?

Esa es una plataforma creada con el ánimo de ser la unidad de reacción inmediata en materia electoral y poder recibir allí todas las denuncias que se presentan en el proceso electoral. En los últimos tres meses se han recibido 4.616 quejas, las cuales se han clasificado y en eso la MOE y el Ministerio han jugado un papel importante: se ha mandado el 32 % a la Fiscalía, el 28% a la Procuraduría y el 27% al CNE, para que, de acuerdo con sus competencias, adelanten las investigaciones correspondientes.

¿Y qué resultados se conocen de esas investigaciones?

Es difícil evaluar los resultados porque hacen parte del debido proceso que se requiere para estos casos, pero lo cierto es que la Fiscalía y la Procuraduría han abocado el conocimiento de estas quejas y están en las investigaciones pertinentes.

Pero el problema es que a veces esos resultados se conocen cuando el implicado ya ha sido elegido...

Pero, por ejemplo, en el caso de la revisión de antecedentes y en el de doble militancia, al 18 de octubre el CNE había revocado 1.571 candidaturas y había declarado ilegal un millón de cédulas inscritas, es decir que han operado los mecanismos de prevención. Son procesos muy rápidos, pero son apenas tres meses de campaña. En la medida en que han ido llegando las quejas, se han ido trasladando y adelantando las investigaciones para llegar a esas decisiones. El hecho de que haya 1.571 candidaturas revocadas es muy diciente.

La Fiscalía dijo que hay un riesgo electoral alto y la Procuraduría lanzó una alerta roja, ¿se puede hablar de elecciones transparentes?

Pues hay un mecanismo para denunciar esas alertas. Le hemos pedido a los ciudadanos que esas denuncias vengan acompañadas de pruebas, así sean principios de prueba como fotos o videos, que puedan llevar a las autoridades a iniciar investigaciones que tengan un proceso mucho más abreviado. El debido proceso también hace parte de la institucionalidad y hay que respetarlo, pero, no nos digamos mentiras, en los territorios la gente sabe quiénes están siendo investigados, quiénes violan los topes de campaña, qué candidaturas están utilizando dineros ilegales o cuáles están desbordando los topes de campaña, entonces esto es un manejo de las autoridades y de las instituciones, pero también es muy importante la respuesta de la ciudadanía.

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Se dice que 25 municipios del Valle están en riesgo de fraude electoral. ¿Qué se va a hacer al respecto?

Se está haciendo el acompañamiento a esos riesgos que han sido advertidos por las autoridades competentes, se ha incrementado la presencia de la Fuerza Pública en aquellas zonas de mayor riesgo y tanto Fiscalía como Procuraduría tienen mecanismos de mayor presencia de funcionarios. El presidente Iván Duque ha delegado a todo el gabinete: ministros, superintendentes y consejeros presidenciales para que cada uno asuma la representación del Presidente en los departamentos y pueda ser testigo de que las normas de transparencia y de seguridad se cumplan a cabalidad.

“Nos falta mucho más en decisiones disciplinarias y penales, pero hay que surtir el debido proceso y dar las garantías para que los candidatos o las personas que están siendo investigadas puedan ejercer su derecho a la defensa”.

Hablando de seguridad, un estudio de la Fundación Pares dice que este es uno de los departamentos más afectados por la violencia política: 25 víctimas desde octubre del año pasado y 5 asesinatos...

Hay una coordinación total entre Fuerzas Militares, Policía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Fiscalía General en todo el territorio nacional, con énfasis en las entidades territoriales donde se presentan estas dificultades.

También debo preguntar por el Cauca, que ha registrado hechos de violencia durante esta campaña…

Precisamente el viernes estuvimos en el Cauca con la Fuerza Pública, haciendo una Comisión de Seguimiento a todo el proceso electoral, que fue solicitada por el Gobernador, y se reforzaron todas las medidas de la Fuerza Pública y del Estado como un todo para poder garantizar que este domingo se puedan realizar los comicios en todo el departamento. Sabemos que tiene una influencia muy grande sobre el Valle del Cauca y por eso se está mirando en conjunto el Cauca y el Valle del Cauca.

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Se ha denunciado presencia del narcotráfico en esta campaña. ¿Qué opina al respecto?

La Fiscalía está haciendo todos los controles correspondientes al flujo de recursos en las campañas, porque uno de los objetivos del Plan Ágora es evitar que haya corrupción, que puede salir de grupos armados organizados que pretenden controlar las entidades territoriales y también de aquellos carteles de contratistas que buscaron en un momento determinado controlar los candidatos a las alcaldías o las gobernaciones.

También se habla mucho de que habrá compra de votos...

Aquí hay que pedirle a la ciudadanía que actúe con muchísima colaboración, hoy en día tenemos toda la posibilidad de tener fotos o videos y de argumentar de alguna manera las denuncias y facilitar la investigación de los organismos de control. Recordemos que la democracia es una construcción no solamente del Estado sino también de la ciudadanía y por eso hemos venido buscando el apoyo de la ciudadanía en todas las expresiones y niveles.

Otra práctica que no se ha logrado erradicar es que siguen ‘votando’ personas fallecidas...

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha hecho una depuración del censo electoral tras el reporte cruzado con los certificados de defunción. Esperamos que esta modalidad se haya disminuido a su mínima expresión, pero todo lo que tenga que ver con irregularidades e ilegalidades es necesario que la ciudadanía las reporte. Si bien es cierto que en cuatro o cinco días seguramente no se alcanzan a resolver los problemas, esas denuncias van a permitir que cada día mejoren los procesos democráticos en el país.

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La MOE también ha llamado la atención sobre la violencia que se pueda presentar después de las elecciones de este domingo, ¿cómo evitarla?

Sí, hay una alerta sobre estas opciones de violencia con posterioridad a las elecciones y en ese sentido vale la pena reiterar el llamado a la ciudadanía porque la mezcla de violencia y política no es válida ni durante la campaña, ni el día de las elecciones, ni en los escrutinios y por eso se apela, en primer lugar, a los propios partidos y a los candidatos, para que llamen a sus seguidores a que tengan calma y a que utilicen las herramientas legales, a través de los testigos electorales, para que impugnen aquellos escrutinios que consideren que pueden tener fallas.

La Registraduría ha hecho un trabajo muy grande para subir inmediatamente a sus redes los formularios que incluyen los resultados de cada mesa de votación y cada partido y cada campaña pueda tener un reporte real de lo que está pasando en los escrutinios, es decir hoy en día tenemos tantos mecanismos legales para impugnar una votación o un hecho que parezca irregular que no vale la pena acudir a la violencia.

Hemos contado con la participación de la sociedad civil, a través de la Misión de Observación Electoral, MOE, y las veedurías, y hemos buscado que haya un control riguroso para el ejercicio de la política, tanto de candidatos como de electores.

Frontera

¿Por qué se tomó la decisión de cerrar la frontera desde el jueves?

Fue una petición que encontramos tanto en Arauca como en Tibú, para evitar la trashumancia electoral de personas que, teniendo la posibilidad de venir a votar a Colombia desde Venezuela sin que sean residentes en Colombia, pueden hacerlo, y además por un control que se debe llevar por parte de la Fuerza Pública. Fue una solicitud de los partidos políticos y de las entidades territoriales.

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