Luces y sombras del gobierno Petro: balance del primer mandato de izquierda tras cuatro años en la Casa de Nariño

Cuando Gustavo Petro asumió la Presidencia, el 7 de agosto de 2022, prometió un cambio que transformaría las bases políticas, económicas y sociales del país. Cuatro años después, esa propuesta continúa siendo motivo de debate.

Su administración, la primera encabezada por un integrante de la izquierda en Colombia, planteó reformas estructurales, modificó el rumbo de la política social y abrió discusiones que durante décadas permanecieron congeladas en la agenda pública. Sin embargo, también protagonizó una fuerte confrontación política, múltiples cambios ministeriales, escándalos de corrupción, dificultades para consolidar mayorías en el Congreso y una política de seguridad cuyos resultados siguen siendo ampliamente cuestionados.

Precisamente esa combinación de avances y retrocesos hace que no sea “fácil hacer un balance del gobierno de Gustavo Petro”, advierte el politólogo Andrés Dávila, profesor titular de la Universidad Javeriana. En su concepto, durante los cuatro años hubo “mucho ruido” político e ideológico que dificulta separar los resultados concretos de las narrativas construidas tanto por sus defensores como por sus opositores.

Uno de los principales consensos entre los analistas consultados es que el mayor legado de Petro no se limita a las cifras económicas o a las reformas aprobadas, sino al cambio político que representó la llegada de sectores históricamente excluidos a los espacios de poder.

Para el politólogo Alejandro Echeverry, uno de los principales aciertos fue haber democratizado la participación política, permitiendo que comunidades afrodescendientes, indígenas y ciudadanos provenientes de sectores tradicionalmente marginados ocuparan cargos de decisión en el Estado.

Aunque reconoce errores en la implementación del Gobierno, considera que esa apertura institucional constituye uno de los cambios más significativos del cuatrienio.

Una lectura similar plantea Felipe Jaramillo, politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, quien considera que el principal legado del Mandatario saliente fue haber otorgado mayor protagonismo político y simbólico a sectores históricamente discriminados, reflejado tanto en el incremento del salario mínimo como en una mayor interlocución con comunidades indígenas y otras poblaciones antes excluidas.

También destaca avances en materia de Derechos Humanos e inclusión, como la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la adopción de la Política Nacional de Discapacidad 2026-2035. Esa apuesta también quedó reflejada en buena parte de las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

Reformas del cuatrenio

Durante los cuatro años, el Gobierno Petro logró sacar adelante algunas de sus principales iniciativas, aunque otras quedaron incompletas o enfrentando obstáculos jurídicos y políticos.

Uno de los primeros éxitos fue la aprobación de la reforma tributaria de 2022, que incrementó la carga fiscal sobre las personas de mayores ingresos, aumentó los impuestos a los dividendos y modificó beneficios tributarios para los sectores minero y petrolero.

La iniciativa permitió subir el recaudo y se convirtió en una de las principales fuentes de financiación para la agenda social del Gobierno saliente.

Posteriormente, llegaron la reforma laboral y la reforma pensional. La primera restableció recargos por trabajo nocturno, dominical y festivo, fortaleció algunas garantías para trabajadores de plataformas digitales y limitó el uso de contratos de corta duración. Sin embargo, varias de las propuestas originales quedaron por fuera durante el trámite legislativo.

En materia pensional, el Congreso aprobó un modelo basado en pilares que fortalece el papel de Colpensiones y redefine la participación de los fondos privados. No obstante, su entrada en vigencia quedó condicionada a la revisión de la Corte Constitucional, que aún no da su fallo definitivo.

En contraste, la reforma a la salud —considerada una de las banderas del Presidente saliente— nunca logró consolidar los consensos suficientes para convertirse en ley. Esto llevó a que hoy Colombia sufra una de las peores crisis en ese sector.

Las personas tienen dificultades para acceder a citas de especialistas y no hay suficientes medicamentos ni tratamientos de mediano y alto costo. En el último año, los ciudadanos presentaron 312.570 tutelas reclamando su derecho a la salud y se estima que al sector (EPS, clínicas y hospitales) se le adeudan unos $40 billones.

Otra de las agendas del Gobierno saliente fue la reforma agraria, mediante la compra, formalización y entrega de tierras a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Según cifras de la Casa de Nariño, hasta 2025 se habían formalizado, adquirido o redistribuido más de 2,5 millones de hectáreas, uno de los mayores avances registrados en esta materia en los últimos tiempos.

En materia económica, el balance también deja lecturas encontradas. Uno de los indicadores que más destaca el oficialismo es la reducción de la pobreza. Según datos del Center for Economic and Policy Research (CEPR), entre 2022 y 2025 cerca de 2,2 millones de personas salieron de la pobreza monetaria y alrededor de 1 millón dejó la pobreza extrema.

Estos resultados estuvieron acompañados por un aumento real del salario mínimo cercano al 39 % entre 2022 y 2026, cifra muy superior al crecimiento registrado en la década anterior. Paralelamente, el desempleo cayó hasta ubicarse en 8 % en mayo de 2026, el nivel más bajo para este mes desde 2001.

El Ejecutivo sostiene que estos resultados reflejan el impacto de políticas como Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Renta Joven y el fortalecimiento de programas sociales y el alza sostenida del salario mínimo.

Sin embargo, los expertos advierten que el panorama económico no puede analizarse solo a partir de esos indicadores.

El Gobierno de Gustavo Petro deja un gran déficit, así como un alto endeudamiento, que llega al 60 % del PIB.

Felipe Jaramillo considera que el principal desafío que recibe la próxima administración será el frente fiscal. En su concepto, el aumento del déficit y del endeudamiento público reducirá significativamente el margen de maniobra para financiar nuevas políticas públicas y sostener algunos de los programas impulsados durante este mandato.

Seguridad, la principal deuda

Sí hubo un tema en el que la mayoría de los analistas consultados coinciden en señalar dificultades en la seguridad.

La Política de Paz Total, concebida como eje de la estrategia del Gobierno saliente para negociar simultáneamente con distintos grupos armados ilegales, terminó generando resultados que continúan siendo motivo de controversia.

Al respecto, Felipe Jaramillo afirma que ese fue el principal desacierto de la saliente Administración, porque la estrategia “no logró cumplir la expectativa de reducir de manera sostenida la capacidad de los distintos grupos armados ni mejorar significativamente las condiciones de seguridad en varias regiones del país”.

Una postura aún más crítica tiene el analista político David Rosenthal, quien sostiene que el fracaso fue “estructural” y asegura que la Paz Total terminó convirtiéndose en una política que permitió el fortalecimiento territorial de organizaciones como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN.

Para él, el deterioro de la seguridad constituye uno de los principales legados negativos del cuatrienio.

No obstante, el docente Andrés Dávila invita a hacer una lectura menos categórica: aunque reconoce que hubo improvisación y riesgos en la implementación de la política, considera que el balance requiere un análisis más cuidadoso, debido a la complejidad del conflicto armado y a la diversidad de realidades territoriales.

El académico sostiene que muchas de las conclusiones sobre la seguridad han estado atravesadas por narrativas políticas y recuerda que durante este Gobierno también hubo incrementos salariales y mejoras en las condiciones laborales para soldados y patrulleros, aspectos que pocas veces aparecen en el debate público.

A su juicio, el deterioro del orden público también involucra responsabilidades compartidas con gobernaciones y alcaldías.

Mientras tanto, el país cierra el cuatrienio con desafíos como el fortalecimiento de estructuras criminales en varias regiones, el incremento de las extorsiones y la persistencia de disputas territoriales entre grupos armados ilegales, fenómenos que marcarán parte de la agenda de la Administración de Abelardo de la Espriella.

Otro de los aspectos que marcó el mandato de Petro fue la dificultad para construir consensos políticos estables. Aunque inició su mandato con una amplia coalición en el Congreso, las diferencias internas, los cambios permanentes en el gabinete y los enfrentamientos con distintos sectores terminaron debilitando esa mayoría.

Para Andrés Dávila, el propio Gobierno terminó desarmando la coalición que le permitió llegar al poder y persistió en una agenda reformista incluso cuando ya no contaba con el respaldo suficiente para sacar adelante varias de sus iniciativas.

Alejandro Echeverry, por su parte, plantea que uno de los principales errores fue la estrategia comunicacional del Presidente saliente.

A su juicio, el estilo de confrontación permanente desde las redes sociales impidió que el Gobierno comunicara adecuadamente los alcances de sus políticas y terminó permitiendo que los escándalos de corrupción opacaran buena parte de la agenda social impulsada durante el cuatrienio.

También señala que la decisión de gobernar con sectores tradicionales de la política terminó desdibujando parte del discurso de cambio con el que Petro llegó al poder y facilitó la aparición de casos de corrupción que golpearon la imagen de la Administración.

Precisamente, uno de los hechos de corrupción más graves en este Gobierno fue el negociado que se gestó en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y que involucró más de un billón de pesos, vinculando a funcionarios y congresistas del más alto rango, algunos de los cuales están hoy en la cárcel o enfrentando juicios.

Este Ejecutivo inició con denuncias por el posible ingreso de dineros irregulares a la campaña, por lo que Nicolás Petro, hijo del mandatario saliente, fue imputado y termina con otras acusaciones, como las de Juliana Guerrero, que ha sido acusada de fraude procesal y falsedad ideológica, y las denuncias de la retirada directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez.

Con luces y sombras, el gobierno de Gustavo Petro deja un legado que seguirá siendo objeto de debate y cuyo balance dependerá de los efectos de sus reformas en los próximos años.