Corte Suprema decide no imponer medida de aseguramiento a David Racero por el caso Fruver

La Corte Suprema de Justicia decidió no imponer una medida de aseguramiento al senador David Racero, quien permanece bajo investigación por el presunto delito de concusión, dentro de un proceso relacionado con el llamado caso Fruver.

La investigación está relacionada con un negocio de frutas y verduras en la ciudad de Bogotá que, según los señalamientos conocidos durante los últimos años, tendría vínculos con la familia del congresista. El caso comenzó a ser investigado desde 2020 y se centra en la posible utilización de integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Racero para desarrollar actividades relacionadas con el establecimiento comercial.

La hipótesis que analiza la Corte busca determinar si el entonces representante a la Cámara habría utilizado su posición y a personas vinculadas a su equipo de trabajo para atender asuntos particulares que no estarían relacionados con las funciones propias del Congreso.

El proceso cobró relevancia después de que se conocieran audios, mensajes y otros elementos relacionados con las actividades que supuestamente realizaban algunos integrantes de la UTL. Estos elementos hacen parte del material que ha sido revisado por las autoridades dentro de las diferentes actuaciones judiciales.

En marzo de 2026, Racero acudió a una diligencia de indagatoria ante la Corte Suprema, en el marco de la investigación por concusión. Este delito está relacionado con el abuso de la posición de un funcionario público para presionar o exigir indebidamente algún beneficio.

El caso también ha sido analizado por el Consejo de Estado. En febrero de 2026, después de un proceso que se extendió durante 18 meses, esa corporación decidió no retirar la investidura de Racero. En su decisión, el tribunal señaló que las pruebas disponibles no permitían demostrar con el nivel de certeza necesario que el congresista hubiera incurrido en una indebida destinación de recursos públicos.

Sin embargo, la decisión del Consejo de Estado no implica el cierre de la investigación penal que adelanta la Corte Suprema. Se trata de procesos diferentes y, por esa razón, el alto tribunal continúa evaluando los hechos desde el ámbito penal.

Con la decisión más reciente, Racero no queda sometido a una medida de aseguramiento, pero seguirá vinculado al proceso mientras la Corte analiza las pruebas y determina si existen elementos suficientes para tomar una decisión definitiva.

Hasta ahora, no existe una decisión penal final que establezca la responsabilidad del congresista del Pacto Histórico David Racero por los hechos que son materia de investigación.