La pregunta incómoda sobre el gasto público en Colombia: analista hace reflexión

Por Isaac Niño Duarte, CEO Isnandia Global

El problema fiscal de Colombia no es solo cuánto recauda, sino en qué gasta. Y ahí está el verdadero debate: uno del que todos hablan, pero frente al cual nadie hace nada.

Para 2026, el presupuesto aprobado asciende a 546,9 billones, un aumento del 4,57 %. La pregunta incómoda sigue siendo la misma: ¿en qué se está yendo la plata?

En el rubro de gastos de funcionamiento, en 2025 representaban cerca del 60 % del presupuesto; en 2026 suben al 65 %, un aumento de 7,76 % frente a 2025. Este rubro incluye nómina, órdenes de prestación de servicios y otros gastos corrientes.

La inversión (vías e infraestructura, programas sociales y fortalecimiento institucional) se mantiene alrededor del 20 %, al igual que el servicio de la deuda, que permanece en el 15 % y corresponde al pago de capital e intereses.

Al analizar el funcionamiento del Estado y compararnos con Brasil y Chile, el resultado es claro. Colombia no resulta costosa en términos de salarios y beneficios de sus empleados públicos, pero sí aparece desbordada en consumo intermedio y alta en subsidios. Esto indica que ese no es el punto más eficiente para recortar si se quiere mejorar de verdad las finanzas del Estado.

El consumo intermedio son los bienes y servicios que el Estado compra para operar, pero que no se convierten en activos duraderos ni en inversión productiva. Dicho en sencillo: asesorías, consultorías, contratos de apoyo a la gestión y outsourcing de funciones públicas. Básicamente, las órdenes de prestación de servicios, o lo que muchos llaman la nómina paralela del Estado. ¿Les suena familiar?

Se dice a gritos que por ahí se pierde el dinero en corrupción. Puede ser cierto. Pero también lo es que existen personas contratadas por prestación de servicios que sí son necesarias para que el país funcione. Lo que resulta indiscutible es que este es un hueco gigante por donde se despilfarra dinero del Estado. O que nos refute Nerú y la dueña del helicóptero.

Con la ayuda de Dios (y no lo digo de forma irónica), hoy la economía estaría creciendo alrededor del 2,4 % -creció 2,6%), mientras que el gasto proyectado del gobierno crece 7,76 %. De nuevo, el Estado quiere gastar más de lo que recauda. La “brillante” solución ha sido subir impuestos mediante emergencias económicas o endeudar aún más al país. La responsabilidad de cambiar la norma presupuestal es del Congreso, y la urgencia es evidente: el esquema actual no funciona.

Si fuéramos una familia y viéramos reducidos nuestros ingresos, ajustaríamos el gasto: seguimos yendo a cine, pero compramos una sola crispeta y una gaseosa para todos. El gobierno, en cambio, lleva casi cuatro años reduciendo la renta minero-energética, no escucha las recomendaciones de reducir el gasto y pretende aumentar indefinidamente sus ingresos vía más deuda y más impuestos.

La triste realidad es que una reforma tributaria no es la solución, y menos aún declarar una emergencia económica. Vamos a tener que hacer ajustes muy fuertes. Si este rumbo se mantiene, habrá que empezar a vender el televisor y la nevera.

Aún existe mucha ineficiencia en el Estado y muy pocas fuentes de ingreso en el horizonte si se sigue condenando la economía extractiva y el ambientalismo se impone de forma irracional sobre proyectos de gran envergadura.

Reitero: si el próximo presidente propone una explotación intensiva del subsuelo colombiano y un programa ambicioso de obras civiles, se encontrará de frente con la normatividad ambiental, las consultas previas y la maraña de restricciones que existen para construir cualquier cosa.

Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con tanto exempleado público si hay recortes? ¿Habrá valor político para hacer lo necesario?