Emergencia económica: la herramienta recurrente del Gobierno para salir de las afugias presupuestales

Si el de Gustavo Petro no es el gobierno que más ha recurrido a los estados de excepción, por lo menos es uno de los que más los ha utilizado. A las tres emergencias económicas y sociales declaradas hasta ahora (por el cambio climático en La Guajira, por la desfinanciación del presupuesto y por las inundaciones en la Costa Caribe del país) hay que sumar la conmoción interior por la violencia en el Catatumbo, a comienzos del año pasado, y la emergencia sanitaria por la fiebre amarilla, pocos meses después.

En menos de tres meses fueron declaradas las dos últimas emergencias económicas: la primera en diciembre, para tratar de recaudar más de 16 billones de pesos en los que está desfinanciado el presupuesto para este año, y, la segunda, esta semana, pocos días después de que la primera fue suspendida por la Corte Constitucional.

Esta premura por declarar las emergencias económicas (y en general los estados de excepción) y las justificaciones poco claras que ha habido para explicar algunas de ellas son la muestra de que esta figura se convirtió en una herramienta recurrente para el Gobierno, que más que para enfrentar las situaciones de emergencia, se convirtió en una salida para superar las afugias presupuestales y saltarse al Congreso.

La emergencia económica es una facultad excepcional del Presidente reservada para situaciones imprevisibles, graves y sobrevinientes que no puedan ser atendidas a través de los canales institucionales ordinarios. Esta declaratoria le permite al Primer Mandatario implementar decretos con fuerza de ley para dictar medidas urgentes, incluida la creación de impuestos que tienen la particularidad de que solo pueden funcionar en la vigencia en la que se declaró la emergencia y que deben ser utilizados exclusivamente para atender las causas de la emergencia.

La declaratoria puede implementarse solo por hasta 30 días, aunque se puede prorrogar hasta por un máximo de 90 días.

Las declaratorias del Gobierno

Con la más reciente declaratoria de emergencia económica utilizada para atender la crisis por inundaciones en Córdoba y otros departamentos del país, el Gobierno ha recurrido a esta figura un total de tres veces, además de otros dos estados de excepción que, si bien no tenían el carácter de emergencia económica, sí le sirvieron al Gobierno para recaudar u orientar recursos especiales para atender estas situaciones de emergencia.

La primera emergencia económica decretada por la administración de Gustavo Petro se declaró en julio de 2023, momento en que el Gobierno decidió implementar esta figura en La Guajira debido a los problemas derivados de la sequía.

La sequía y la presencia del fenómeno del niño configuraron la mezcla para que el Gobierno acudiera a esta figura extraordinaria, la cual, poco tiempo después, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional.

“Hay condiciones dadas por el cambio climático que generan una incertidumbre sobre qué tan largo puede ser el efecto de sequía sea porque estamos en Niño o porque tengamos en los cinco años siguientes unas condiciones climáticas que nos llevan a dar una primera alerta”, indicó la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

Pese a las razones presentadas por el Gobierno, en octubre de ese mismo año la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto justificando que los problemas del territorio no configuraban hechos sobrevinientes. En enero de 2025, a lo que recurrió la administración de Gustavo Petro fue a la declaratoria de conmoción interior en la región del Catatumbo.

En virtud de esa declaratoria, se creó un impuesto especial de de 1 % a la extracción y venta de petróleo, gas y carbón con el objetivo de recaudar recursos para atender la crisis de seguridad. Luego vino la emergencia sanitaria por un brote de fiebre amarilla, que para ese momento había cobrado la vida de 32 personas en el país.

La medida permitió orientar recursos a la atención de la enfermedad, pero el número de contagios no llegó a tener las proporciones que pronosticaba el panorama presentado por el Gobierno. Y ya en diciembre del 2025, el Gobierno decidió acudir nuevamente a la emergencia económica tras el hundimiento de la ley de financiamiento que pretendía recaudar $16,3 billones.

Aquí es donde el abuso de la figura de la emergencia se hizo más claro. Congresistas y constitucionalistas advirtieron desde un primer momento que el Gobierno no podía acudir a una emergencia para enfrentar una situación provocada por una decisión autónoma del Congreso. Hacerlo era como justificar, a través de la emergencia, que el presidente usurpara las funciones del legislativo.

Y así, precisamente, lo reconoció la Corte Constitucional que, por primera vez en un caso de emergencia económica, decidió suspender la declaratoria de emergencia mientras estudia de fondo los decretos emitidos por el Gobierno.

Ahora, esta semana, a pocos días de la suspensión de esa declaratoria de emergencia, el Gobierno recurre a otra, justificada por los estragos causados por las lluvias en el norte del país. Y, si bien, los gobernadores de la zona reconocen el carácter de emergencia que tiene esta situación, las medidas anunciadas por el Gobierno, como el impuesto al patrimonio a grandes empresas y la imposición de inversiones forzadas a los bancos, parecen más destinadas a resolver las necesidades de caja del Gobierno que a atender verdaderamente la emergencia, que podría ser resuelta con medidas más apropiadas.