Política
Gobierno prepara inversiones forzosas y nuevo impuesto al patrimonio en medio de la emergencia económica
En respuesta a la emergencia invernal, el presidente Petro anunció nuevos tributos y medidas de crédito para sostener la producción y el empleo en las regiones afectadas.
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13 de feb de 2026, 11:22 a. m.
Actualizado el 13 de feb de 2026, 11:22 a. m.
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El más reciente consejo de ministros, el tercero en lo corrido de la semana, dejó sobre la mesa decisiones que reactivan debates estructurales en la política económica del Gobierno. El presidente Gustavo Petro confirmó que expedirá decretos para imponer inversiones forzosas al sistema financiero, una figura que ya había generado controversia meses atrás.
La decisión se anuncia en medio de la declaratoria de emergencia económica por la crisis ocasionada por las lluvias e inundaciones en Córdoba y otros departamentos del país.
Según explicó el mandatario, en agosto de 2024 se había suscrito un acuerdo con el sector bancario, conocido como Pacto por el Crédito, el cual permitió retirar un proyecto de ley que obligaba por norma a direccionar recursos hacia sectores estratégicos.
Ese compromiso contemplaba el desembolso de 250 billones de pesos en un plazo de 18 meses destinados a vivienda, agricultura, turismo y economía popular. Sin embargo, el jefe de Estado aseguró que los resultados no fueron los esperados, pues los créditos continuaron concentrándose en consumo y no en producción ni en esquemas asociativos.

Fue por ello que, tras 19 sesiones de trabajo en las que el sector financiero advirtió que una imposición legal podría encarecer el crédito y afectar la confianza, el Gobierno optó entonces por la concertación.
Ahora, ante lo que considera un incumplimiento, la Casa de Nariño retomará la iniciativa mediante decretos al amparo de la emergencia.
El componente tributario fue otro eje central de la reunión. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció el primer proyecto de decreto que crea un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, enfocado exclusivamente en las 15.000 empresas más grandes del país. De acuerdo con lo expuesto, la medida no aplicará a micro, pequeñas ni medianas empresas.
El diseño contempla una tarifa del 0,6 % para patrimonios líquidos de hasta 30.000 millones de pesos y del 1,2 % para montos superiores. El ministro precisó que el rango se ubica entre 200.000 y 600.000 UVT y que la intención es corregir lo que calificó como un esquema regresivo: aunque la tarifa nominal del impuesto de renta es del 28 %, las grandes compañías estarían pagando una tasa efectiva cercana al 21,3 %, es decir, siete puntos por debajo.
También se analiza una diferenciación sectorial para distinguir entre empresas productivas y rentísticas, como el sector financiero, así como bases gravables especiales para cooperativas y cajas de compensación. El impuesto al patrimonio para personas naturales, propuesto en una emergencia anterior, permanece suspendido.
Asimismo, dentro del paquete fiscal, se evalúa igualmente revivir ajustes al impuesto de juegos de suerte y azar, incluyendo modificaciones en su estructura y en los alivios tributarios. Los decretos congelados en diciembre ya contemplaban la posibilidad de aplicar el IVA del 19 % a actividades que hoy están excluidas de ese gravamen.

En el plano productivo, el Gobierno anunció medidas de alivio crediticio con tasas compensadas para el agro y las microempresas, en coordinación con Banco Agrario y Finagro, buscando dinamizar la producción y el empleo en las regiones golpeadas por la emergencia invernal.
Uno de los puntos más sensibles del consejo fue la advertencia del presidente sobre la exportación de carne. Petro planteó que, en un contexto de emergencia, no sería viable mantener exportaciones si ello presiona al alza los precios internos.
A su juicio, el incremento de los alimentos podría afectar el poder adquisitivo del salario y agravar riesgos de desnutrición. Por ello, sugirió priorizar la producción nacional de bienes como papa, tomate y yuca para atender la coyuntura.
El mandatario también se refirió al manejo del sistema energético, señalando que los contratos están indexados al precio del gas y que la generación hidroeléctrica no estaría reflejando sus menores costos en la tarifa final. En su intervención mencionó situaciones relacionadas con Hidroituango y comparó con lo ocurrido en Urrá.

Ariadna María Orozco, reportera de El País. Comunicadora social y periodista con experiencia en medios escritos, televisivos, radiales y digitales. Ha participado en la cobertura de eventos deportivos de relevancia nacional y en programas especiales para noticieros regionales, especialmente en el Valle del Cauca.
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