Carf advierte “alto impacto fiscal” por alza del mínimo: déficit llegaría a los $8 billones desde 2027

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, lanzó una advertencia sobre las consecuencias económicas del reciente incremento del salario mínimo para el año 2026.

Según las estimaciones preliminares del organismo, el aumento del 23% decretado por el Gobierno Nacional generará una fuerte presión sobre las cuentas del país, elevando el déficit fiscal y poniendo en riesgo la sostenibilidad de la deuda pública.

De acuerdo con el informe técnico del Carf, este ajuste salarial —que representa un crecimiento real de aproximadamente 18,5% tras descontar la inflación— incrementará el déficit fiscal en, al menos, 5,3 billones de pesos (equivalente al 0,3% del PIB) durante el 2026.

La preocupación se extiende al mediano plazo, pues se estima que a partir de 2027 el impacto anual ascenderá a los 8 billones de pesos (0,4% del PIB).

Los frentes de mayor presión: pensiones y nómina pública

El análisis identifica varios canales directos a través de los cuales el incremento del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) golpea las finanzas del Estado. El componente más oneroso es el de las pensiones, especialmente aquellas del régimen de prima media, que equivalen a un salario mínimo.

Solo por este concepto, el CARF calcula un gasto adicional de COP 4,7 billones, dado que estas prestaciones deben ajustarse legalmente según el SMMLV y no solo por la inflación.

Asimismo, el presupuesto nacional deberá absorber el incremento en los salarios de los funcionarios públicos.

Se estima que hay cerca de 191.400 empleados estatales que devengan el mínimo, lo que representará un costo extra de 0,6 billones de pesos para el erario en 2026.

Menos recaudo y costos adicionales

El impacto no solo se verá en el gasto, sino también en los ingresos de la Nación.

El Comité advierte que el aumento en los costos laborales podría reducir el margen de utilidad de las empresas privadas.

Bajo el supuesto de que las compañías asuman el 25% de este mayor costo salarial, el recaudo por el impuesto de renta corporativo podría disminuir en unos COP 2,7 billones a partir de 2027.

Adicionalmente, el Carf señaló otros factores que, aunque difíciles de cuantificar por ahora, elevarán la factura pública:

• Aumento en el costo de servicios tercerizados como vigilancia y aseo.
• Mayor valor de las pensiones de rentas vitalicias en el régimen de ahorro individual.
• Incremento en la tasa de reemplazo de las pensiones debido al alza en el Índice Base de Cotización.

Un panorama fiscal crítico

Para los expertos del Comité, esta decisión se toma en un contexto de “emergencia económica” y fragilidad fiscal.

El informe enfatiza que un mayor déficit fiscal aleja a Colombia de la senda de ajuste necesaria para cumplir con la Regla Fiscal, una norma diseñada para garantizar que el país no gaste más de lo que puede sostener a largo plazo.

Aunque existe la posibilidad de que el aumento salarial genere un efecto positivo en la demanda de algunos sectores, el Carf subraya que los riesgos superan los posibles beneficios inmediatos, especialmente por el compromiso del Gobierno de cubrir faltantes financieros en coberturas pensionales si el SMMLV crece por encima de la productividad.

Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de El País.