Sigue el debate sobre porte de armas para civiles, esto dicen dos congresistas del Valle

No para la polémica por el proyecto de ley que busca modificar el porte especial de armas en el país.

El País habló con los representantes a la Cámara, Christian Garcés y Catalina Ortiz. Esto dicen al respecto:

Como ponente del proyecto de ley, ¿cuál es el principal argumento para flexibilizar el porte de armas en Colombia?

Porque hay ciudadanos honestos amenazados, con temor a ser dañados por el crimen y la violencia. Porque el Estado carece de la capacidad para proteger la vida, la libertad y los bienes de algunos de sus ciudadanos (con condiciones específicas de inseguridad). Porque el Estado, más que poner trabas, debe garantizar el ejercicio de la legítima defensa, a través de la cual se puede proteger una amplia gama de derechos fundamentales como la vida, la protección de la integridad y la propiedad privada y el disfrute de los bienes, la tranquilidad y el trabajo.

Hay quienes aseguran que esta iniciativa aumentaría los índices de homicidios en hechos de intolerancia. ¿Qué opina?
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No hay ningún estudio que respalde esa hipótesis, ni siquiera hay cifras oficiales que permitan determinar cuántos homicidios o delitos se cometen con arma de fuego ilegal y cuántos con una legal. Toda aseveración debe ser responsable. Lo que sí está claro es que con la medida de porte especial pasamos de 400.000 licencias expedidas en 2016 a solo 5000 en un país con 48 millones de habitantes; un cambio drástico que pone en peligro la vida de personas que, por condiciones económicas o comerciales, son blanco de la delincuencia y viven a diario amenazas de grupos ilegales, extorsión, secuestro y atraco.

¿Cómo recibe las declaraciones del consejero de Seguridad Nacional, Rafael Guarín, quien sostuvo que el Gobierno Nacional no acompañará este proyecto?
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La última palabra la tendrá el Congreso de la República. Cabe señalar que la política de desarme es un fracaso: hay más de 2,5 millones de armas ilegales en Colombia y las cifras de incautación continúan siendo bajas. Urge que el Gobierno Nacional escuche el clamor de la ciudadanía, revise la ‘evidencia’ que soporta la suspensión general al porte y estudie cómo solucionar los problemas de seguridad personal que enfrentan miles de ciudadanos respetuosos de la ley.
El desarme planteado por el Consejero muestra unas cifras irrisorias de incautación de armas ilícitas. En 2019 apenas se aprehendieron 15.000 armas ilegales.

Pero el expresidente Uribe escribió en Twitter que “manteniendo el decreto de desarme se puede pedir a las brigadas agilizar los permisos excepcionales”...
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La opinión del expresidente no es contraria al espíritu del proyecto. De hecho, parte de la iniciativa busca eso, que la ciudadanía pueda tramitar sus salvoconductos. Hoy no se puede porque hay una suspensión generalizada de los permisos de porte y en virtud de eso se inventaron en 2016 una nueva modalidad, el porte especial. Según este, quien tiene un permiso, debe acceder a un segundo permiso para portar su arma, permiso que puede obtener luego de un largo proceso, un doble trámite ineficiente, generalmente subjetivo, que deja en peligro al ciudadano que busca protegerse. Esa es la problemática que buscamos corregir.

¿Qué les responde a quienes dicen que con este proyecto de ley el Estado no mantendría el monopolio de las armas?
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Que es falso. El Artículo 223 de la Constitución establece que el Estado tiene el monopolio sobre las armas de fuego y solo el Gobierno puede introducirlas, fabricarlas y/o comercializarlas a voluntad.

¿Qué opina de que ya haya tanta polémica alrededor de un proyecto que apenas fue radicado el martes en el Congreso?
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Me parece que es positivo, porque enriquece el debate y contribuye a visibilizar además la verdadera problemática, que son las armas ilegales, cuya cifra sigue creciendo en el país y son las mayormente utilizadas por el crimen.

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¿Cuál es el principal argumento para rechazar el proyecto de ley que busca modificar la regulación de las armas en el país?
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Cuando hay más armas, sean legales o ilegales, hay más muertes. Es así de sencillo: si se flexibiliza o se suaviza la regulación para que la gente acceda a armas, hay más muertos. Nosotros creemos fundamentalmente que la vida es sagrada, así que todo lo que se haga para restringir el acceso a las armas es una buena política para evitar que haya más muertes. Darles armas a los civiles nos genera un montón de situaciones bastante inestables y peligrosas. Cuando un civil está armado y lo atracan, existe un riesgo de que haya un muerto.
Cuántas veces todos hemos dicho: ‘a mí que me roben la cartera, que me roben el celular, pero que no me vayan a matar’, porque es que la vida vale más que las cosas. Con ese tema de que supuestamente hay que estar armado para proteger mis cosas, mis bienes, mi negocio, me parece que se está enviando el mensaje equivocado.

Hay quienes aseguran que esta iniciativa aumentaría los índices de homicidios en hechos de intolerancia. ¿Qué opina?
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Es obvio, pero hay que decirlo hasta que quede claro: entre más armas haya, más muertes hay. No es el revés, que si hay más armas se evita la muerte, no, por el contrario. Yo creo que estamos todos de acuerdo –y es donde nos encontramos con Christian Garcés) y con los del otro lado— con que hay problemas de seguridad agobiantes. Tenemos problemas de robos, extorsión. Cali se destaca por sus estadísticas de homicidios y hurtos, pero la solución no es armar a la gente. La solución es tener más pie de fuerza, hacer campañas de desarme para atacar las armas ilegales, la solución tiene que ver con generar oportunidades a la población más vulnerable que a veces termina en el delito porque no ha tenido otra oportunidad en la vida.

¿Qué opina de las declaraciones del consejero de Seguridad Nacional, Rafael Guarín, quien sostuvo que el Gobierno Nacional no acompañará este proyecto?
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Celebro eso y creo que a la gente hay que creerle, por eso le creo a Guarín. Me parece muy acertado que él mismo, desde el Estado y como experto en seguridad, diga que el tema no es por ahí. Hay que buscar otro tipo de soluciones a la violencia y la inseguridad, que no sean armando a la ciudadanía.

Y el expresidente Uribe escribió en Twitter que “manteniendo el decreto de desarme se puede pedir a las brigadas agilizar los permisos excepcionales”...
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Yo creo que es importante tener en cuenta esas palabras, pues nos recuerda que la clave está en el desarme. No en armar, como proponen con su proyecto la senadora (María Fernanda) Cabal y el representante Garcés, sino en desarmar. Hay mucha arma ilegal que debemos sacar de las manos de la delincuencia.

¿Qué les responde a quienes dicen que con esta iniciativa legislativa el Estado no mantendría el monopolio de las armas?
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Yo creo que tienen razón. Nosotros no podemos negar y no podemos dejar de mantener el uso de la fuerza como un monopolio del Estado. Y todo lo que se haga para lograr que haya más personas armadas por fuera del Estado, lo que se está haciendo realmente es vulnerar el poder y el principio de que el Estado mantenga el monopolio de las armas y del uso de la fuerza.

¿Qué opina de que ya haya tanta polémica sobre un proyecto que apenas fue radicado el pasado martes en el Congreso?
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Yo creo que esa era la intención. Me parece una posición un poco populista de parte de la derecha y me parece que no se compadece con una postura más basada en la evidencia. Tanto así que personas de ese lado del espectro político dicen que esa no es la opción.