Objeción de conciencia médica, la barrera al aborto legal en Cali

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Objeción de conciencia médica, la barrera al aborto legal en Cali

Octubre 21, 2018 - 07:45 a.m. Por:
Redacción de El País
Embarazo Aborto

Solo el 3 % de los abortos legales que se realizaron en el país durante 2017 fueron practicados después del segundo trimestre de gestación.

Archivo de El País

Lo explica el Secretario de Salud, Alexander Durán, minutos antes de almorzar en una pizzería del sur de la ciudad: en Cali se están realizando “interrupciones voluntarias del embarazo”, es decir abortos que cumplan con las tres circunstancias aprobadas por la Corte Constitucional en 2006, pero solo en mujeres que no superen las 24 semanas de gestación.
“Es la principal barrera que tenemos”, explica.

Enseguida, el Secretario toma una hoja en blanco para desmenuzar el asunto. La Corte, dice, determinó que cuando el embarazo pone en peligro la salud física o mental de la mujer, o su vida; o cuando el embarazo es resultado de una violación o de un incesto; o cuando hay malformaciones del feto que son incompatibles con la vida por fuera del útero, toda ciudadana colombiana tiene el derecho de acudir al sistema de salud para practicarse un aborto.

En Cali, las entidades que los realizan bajo estas causales son el Hospital Universitario del Valle, la clínica Valle del Lili, Profamilia, Sí Mujer, y las Empresas Sociales del Estado.

Sin embargo, en estas entidades las interrupciones voluntarias se están realizando siempre y cuando el embarazo no supere la semana 24, es decir, los 6 meses de gestación.

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Por un lado, continúa Alexander Durán, el Secretario de Salud de Cali, esto se debe a que un aborto de un embarazo avanzado requiere procedimientos más delicados, y no todas las instituciones tienen el personal capacitado y la tecnología necesaria para hacerlo.

Juan Carlos Vargas, asesor científico de Profamilia, lo confirma. “En nuestro caso, cuando son abortos de embarazos avanzados, que superan las 24 semanas, se requiere de una coordinación entre Profamilia y un hospital. Y a veces establecer esos convenios con los hospitales es lo que nos ha dificultado la atención”.

Pero sobre todo, continúa el Secretario de Salud de Cali, a los 6 meses de embarazo el feto está prácticamente formado, por lo que los médicos en estos casos apelan a la objeción de conciencia para no realizar el procedimiento. El aborto, se sabe, es un tema atravesado por asuntos ideológicos, religiosos, éticos.

“No es fácil para un especialista sacar un feto ya desarrollado, practicar el aborto, y seguir como si nada hubiera ocurrido. En parte por eso en Cali no hay entidades que lo hagan en los embarazos que superan las 24 semanas”, dice Alexander Durán.

Por ello, interviene Elizabeth Benavides, especialista del grupo de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud, en varias ocasiones han debido traer médicos de otras ciudades o acudir a instituciones como el hospital Tomás Uribe de Tuluá para practicar la interrupción voluntaria del embarazo.

“Cuando en Cali tuvimos la crisis del Zika, por ejemplo, en 7 madres embarazadas se detectaron malformaciones graves en el feto. Eran embarazos de más de 24 semanas y debimos hacer las interrupciones en Tuluá, porque en Cali no fue posible”.

Esta barrera en el sistema de salud de la ciudad está obligando a muchas madres a acudir a sitios clandestinos donde las practiquen el aborto, lo que pone en peligro sus vidas.

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De ahí la importancia de lo que sucedió esta semana, cuando la Corte Constitucional estableció que las mujeres en Colombia pueden abortar “sin importar el número de semanas de gestación”.

La decisión fue tomada después de que la magistrada Cristina Pardo propusiera que este derecho se debía limitar a la semana 24 de embarazo.

“Para el país, el no imponer límites de tiempo para acceder a servicios de aborto legal y seguro, representa un triunfo en el camino hacia la garantía de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Y, aunque queda un largo camino por recorrer, aplaudimos que los derechos de nuestras mujeres primen por encima de cualquier estigma y señalamiento impulsado por la desinformación que existe alrededor del derecho al aborto”, dijo al respecto Profamilia.

Si una buena parte de los embarazos peligrosos para la salud de la madre llegan a las semana 24 o más es porque, en una buena parte de los casos, los problemas de salud se diagnostican de manera tardía. Las demoras de las citas en las EPS para los chequeos, por ejemplo, es otra de las problemáticas.

Con respecto a las estadísticas, en la región no concuerdan las cifras entre las entidades, pero en todo caso los números de abortos son elevados.

Solamente los datos de Profamilia revelan que en el Valle, durante 2017, se practicaron en sus sedes 1305 abortos, “en el marco de las tres causales aprobadas por la Corte Constitucional”. En Cali, solo en Profamilia, fueron 1111.

Sin embargo, en los registros de la Secretaría de Salud de la ciudad apenas aparecen 538 abortos “legales” reportados en 2017; 464 en lo que va del año. La cifra real en todo caso se desconoce. La mayoría de los abortos en Colombia se realizan de manera clandestina.

Aquello se debe a que las madres o bien no cumplen las causales de aborto determinadas por la Corte Constitucional, o desconocen que tienen ese derecho cuando su vida está en peligro, o cuando fueron víctimas de violencia sexual, o si el feto es diagnosticado con malformaciones graves.

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015, realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social y Profamilia, solo el 56.1 % de las mujeres y el 47.2 % de los hombres entre 13 y 49 años conocen que el aborto es legal en estas tres circunstancias.

El desconocimiento de los Derechos Reproductivos es, entonces, otra de las barreras que llevan a muchas mujeres a poner en riesgo su vida en clínicas clandestinas, advierte Elizabeth Benavides, de la Secretaría de Salud.

Aunque, de otro lado, no todos los abortos que no están bajo la ley se hacen necesariamente en clínicas de garaje.

Una fuente que pidió la reserva de su identidad aseguró que conoce casos de algunos especialistas que trabajan en clínicas reconocidas y que sin embargo practican abortos que no están bajo la ley. Ingresan a la paciente al quirófano, la diagnostican por ejemplo con sangrado irregular, cuando en realidad lo que están practicando es una interrupción del embarazo.

El Secretario de Salud de la ciudad advierte al respecto que un médico y una paciente que realicen un aborto que no cumpla con las causales determinadas por la Corte Constitucional están cometiendo un delito y por lo tanto, pueden ir a la cárcel.

Juan Carlos Vargas, asesor científico de Profamilia, asegura que el panorama de Cali y el Valle frente al tema del aborto no difiere mucho al del resto del país.

Según los registros de la entidad, el 60% de la población que se practica una “interrupción voluntaria del embarazo” son mujeres del estrato 1 y 2 cuyo rango de edad está entre los 20 y los 30 años; un 2.9 % son mujeres que están entre los 40 y los 50 años. Apenas un 3 % corresponden al estrato 5.

Además, el 25 % de las mujeres no estaban afiliadas al sistema general de seguridad social en salud.

Entre las causales aprobadas por la Corte, la mayoría de los abortos en Profamilia tienen que ver con problemas de salud de la madre o el feto: entre el 60 % y el 70 %. Un 12 % de los casos se debió a la violencia sexual.

Por ello, en Profamilia insisten en la urgencia de garantizar los Derechos Reproductivos de las mujeres.

“Colombia, desde hace 12 años, ha sido un referente legislativo para el mundo, al impulsar una sentencia que pondera los derechos de las mujeres. Sin embargo, muchas de ellas siguen siendo expuestas a situaciones de riesgo, inseguridad, vulnerabilidad, violencia, crueldad reflejadas en un sinnúmero de barreras: discriminación social, trámites innecesarios, y falta de acceso a servicios de salud oportunos y de calidad. Frente a ello, una barrera más hubiera sido inaceptable, por lo que la decisión de la Corte debe ser reconocida y celebrada”, concluye Vargas

"Se requiere prevención"

Para el psiquiatra Leonardo Ajá, frente al tema del aborto en Colombia “la Corte ha establecido que se trata de un derecho individual y por lo tanto las clínicas, EPS o centros de salud no pueden objetar esta práctica.

Aun así, las entidades de salud continúan alegando objeción de conciencia, pero aquí lo importante es que se logre la prevención, porque es la mejor solución a que las mujeres no queden en embarazo”.

Para el psiquiatra, se deben aplicar políticas educativas que prevengan y así se evite las consecuencias del aborto para las mujeres.

“Aquí la historia no se está contando completa, siempre se olvida cómo es la vida después de interrumpir un embarazo. La mayoría de las mujeres sufre de depresión, incluso llegando al suicidio”, dijo el experto.

Y añadió: “ Nos debatimos frente a la posibilidad del aborto, pero poco hacemos frente a la prevención. La discusión debe ser en cómo lograr que las mujeres y los hombres asuman una sexualidad de una manera más responsable”.

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