Los proyectos de la Consulta Anticorrupción agonizan en el Congreso, ¿pueden sobrevivir?

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Los proyectos de la Consulta Anticorrupción agonizan en el Congreso, ¿pueden sobrevivir?

Diciembre 12, 2018 - 11:30 p.m. Por:
Redacción de El País 
Casa de Nariño Iván Duque Anticorrupción Consulta Claudia López

El pasado miércoles, las distintas fuerzas políticas con representación en el Congreso de la República se reunieron por espacio de cuatro horas en la Casa de Nariño para convenir un respaldo mayoritario al mandato anticorrupción expresado por los colombianos el domingo pasado en las urnas.

Presidencia de la República

Lo soñado

Después de la Consulta Anticorrupción que logró 11.674.951 votos, los promotores de la iniciativa, encabezados por la exsenadora Claudia López y la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano, y el Gobierno Nacional llegaron al acuerdo de crear una mesa técnica para impulsar las ideas en el Congreso.

Después de tres semanas de trabajo se logró concertar un paquete que incluía congelar y reducir el salario de los congresistas, cárcel para corruptos y prohibición de contratación con el Estado, la extensión de los pliegos tipo a otros sectores del Estado, la implementación de audiencias públicas para definir presupuesto, la obligatoriedad de la rendición de cuentas, la presentación de rendición de cuentas y de declaración de renta, y la limitación a máximo tres períodos en las corporaciones públicas de elección popular.

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Lo que se hundió

La Veeduría Ciudadana al Mandato Anticorrupción, que le hace seguimiento al trámite legislativo, reportó que del primer paquete presentado por el Gobierno Nacional en el Congreso, tres proyectos ya se hundieron: El límite a los períodos de los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa, que pasó primer debate en Comisión Primera de Cámara, pero en plenaria fue archivado con 69 votos de los partidos Liberal, La U, Conservador y Cambio Radical; el tope para el salario de los congresistas y servidores públicos del Estado no superó su primer debate. En la Comisión Primera de Cámara la mayoría de sus miembros de declararon impedidos (incluidos sus ponentes) por conflicto de intereses, por eso el Ministerio del Interior decidió retirarlo.

Siguen vivos

El proyecto que busca la aprobación de pliegos tipo, que busca transparencia en la contratación con el Estado con un formato único para este tipo de procesos, ya pasó su primer debate en la Comisión Primera de Cámara.

Así mismo, sigue viva la iniciativa que busca la divulgación de la declaración de bienes y renta (uno de los proyectos con mensaje de urgencia), “cuyo trámite empezó mal, ya que fue aprobado con la proposición sustitutiva según la cual la publicación de bienes tiene carácter restringido a los órganos de control, por lo cual no es pública”, explicó la Veeduría.

El proyecto quedó en la Cámara de Representantes con 85 votos a favor y 55 en contra.

Sin acuerdos

La exsenadora y promotora de la Consulta Anticorrupción Claudia López asegura que con el hundimiento de la mayoría de los proyectos que buscaban mayor transparencia, “el Congreso desconoció a casi doce millones de colombianos”.

Explicó que el presidente Duque había adquirido el compromiso de llevar al Congreso las iniciativas con mensaje de urgencia, pero “él no cumplió lo fundamental” y desde la Cámara de Representantes el pasado martes la bancada verde dijo que el Gobierno buscaba excusas para sacar adelante los trámites.

Sin embargo, los representantes del Centro Democrático, Samuel Hoyos y Álvaro Hernán Prada, cuestionaron que en ocasiones la bancada de la oposición se salió del recinto para no votar los temas relacionados. “Verdes, Farc, Polo y algunos de otros partidos se salieron de plenaria. No querían proyectos anticorrupción, solo discursos”, dijo Prada.

Salvavidas

La Veeduría Ciudadana al Mandato Anticorrupción, que agrupa a más de 70 organizaciones, recomienda que en el proyecto de Pliegos Tipo se incluyan los tiempos de reglamentación, además de empresas de economía mixta y alianzas público priva- das en la aplicabilidad de la ley.

La declaración de Bienes y Rentas y de conflictos de interés debe ser de acceso público a la ciudadanía, tener una plataforma nacional de acceso a la información y actualizarse con periodicidad.

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