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La otra invasión del corregimiento El Saladito queda en la vereda El Palomar. Allí las casas se han construido en pendientes de hasta 75 grados. | Foto: Wirman Ríos / El País

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Crecen asentamientos ilegales en El Saladito, ¿qué hay detrás?

En los asentamientos ilegales viven, por lo menos, 800 personas. Más de 40 procesos de desalojo se han adelantado contra ellos. Piden más controles para evitar su expansión.

13 de junio de 2019 Por: Redacción de El País

Lo que viene ocurriendo en El Saladito, corregimiento ubicado sobre la antigua vía a Buenaventura, a escasos 15 minutos de la Portada al Mar, es otro caso de invasión masiva de predios en la zona rural de Cali.

Según moradores de este corregimiento, decenas de casas se han edificado de manera irregular desde hace más de 30 años en este sector, declarado como reserva forestal, por ser protector de la cuenca de los ríos Cali y Aguacatal.

Con el pasar de los días, aseguran, los asentamientos irregulares vienen tomando fuerza y, actualmente, suman cerca de 260 viviendas, ubicadas en las veredas de Montañuelas y El Palomar y en el sector conocido como la ‘Vuelta del cerezo’. En estos sectores viven, por lo menos, 800 personas.

“Los que empezaron a hacer esa carretera se fueron quedando en estos terrenos como invasores. Simplemente decían: yo voy construir mi casa aquí y allí la hacían, y eso fue creciendo hasta lo que es hoy en día.
Algunas personas hasta han sacado escrituras de sus viviendas, mientras que otras que tienen casas de más de 50 años no tienen ningún tipo de documentación”, contó un habitante que vive en la cabecera de El Saladito.

A simple vista, si usted transita en su vehículo por la vía al Mar, la magnitud de estos asentamientos, construidos a ambos lados de la carretera, no se puede percibir. Se necesita bajarse y observar, unos 300 metros antes de la Vuelta del Cerezo, la vista panorámica de los ranchos y casas (de ladrillo y hasta tres pisos) que se han edificado en el sector.

De hecho, los habitantes de esas dos veredas ya tienen su respectiva Junta de Acción Comunal, JAC, una carretera y varios caminos de acceso y, algunos, hasta pagan impuesto predial y servicio de energía. Además, están adportas de lograr que les instalen el servicio de acueducto.

“Nos instauraron una acción popular y nosotros (la comunidad de El Saladito) la ganamos en primera instancia. Sin embargo, ellos apelaron, ganaron y el fallo del juez es que el Municipio les debe poner el agua. En estos momentos, la Alcaldía va a hacer un estudio de $127 millones para saber si es viable instalársela , pero ya la CVC nos dijo que no teníamos capacidad para abastecerlos, porque tomamos el agua de un nacimiento y no directamente de un río”, dijo otro morador de El Saladito.

¿Mafias, detrás de las invasiones?

De acuerdo con Marlenny Angulo, corregidora de este municipio, son los invasores profesionales “quienes se aprovechan de la ingenuidad de las personas” para venderles lotes, bajo falsas expectativas de que en esa zona es permitido construir porque no es reserva forestal.

“Además, hay políticos que, con el propósito de captar votos, también los engañan, prometiéndoles que los van a legalizar”, comentó Angulo.

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Por lo general, antes de vender el lote, el invasor limpia el terreno o lo quema con el propósito de volverlo apto para la construcción (así es como varias conflagraciones inducidas se han salido de control, dejando a su paso cientos de hectáreas quemadas en la zona rural de Cali).

“Dependiendo del nivel de cercanía que tenga el invasor con la persona interesada en comprar el terreno varía el precio. Por ejemplo, un lote de 50 metros cuadrados, lo pueden vender en $4 millones, $5 millones, $8 millones”, comentó un morador de la cabecera de El Saladito, quien prefirió omitir su nombre.

Según la corregidora de este municipio, este fenómeno toma más fuerza cuando las personas que compran los terrenos empiezan a traer a sus familiares o vecinos.

“Aquí en un fin de semana te arman una casa y es muy difícil ejercer control. Y después, para hacer un desalojo, se necesita una logística muy grande, que debe incluir entidades como Bienestar Familiar, Policía de Infancia y Adolescencia, el Esmad, la CVC, entre otras”, indicó Marlenny Angulo.

La funcionaria también señaló que desde el año 2012 se han adelantado en El Saladito más de 40 procesos de desalojo contra los asentamientos ilegales, pero advirtió que “se necesita más apoyo de la comunidad, de la Administración y de la CVC porque, a pesar de que el sub comisario de Policía Lin Yonson y el alcade Maurice Armitage nos han colaborado mucho con la Unidad de Control de Invasiones, este es un asunto que debe tratarse de raíz porque, de lo contrario, estas invasiones podrían volverse otro barrio de Terrón Colorado”.

Sin embargo, Carmenza Bolaños, presidenta de la JAC de la vereda Montañuelas, aseguró que en este sector están censadas 160 casas, en las que, por unidad habitacional, viven un promedio de cuatro habitantes. No obstante, aseguró la señora, desde esta organización se vela “para que no llegue una personas más”.

“Dicen que nosotros somos invasores, pero hay personas que han vivido aquí toda la vida y tienen protocolizaciones de 7, 8, 10, 15 años... pero eso no se respeta y la autoridad viene y hace lo que le da la gana. Aquí no se puede hacer ni siquiera una mejora, porque todo es malo; hay gente que tiene ranchitos pero no pueden poner ni una viga, entonces no los dejan acomodarse ni vivir dignamente”, manifestó la presidenta de la JAC de la vereda Montañuelas, quien es una de las casi seis personas que viven allí y tienen escrituradas sus viviendas.

El País conoció que a varios habitantes de la vereda se les suspendió el proceso de construcción de viviendas en el sector, durante el último año.
Impacto ambiental, otro lío de los asentamientos irregulares
A las quemas y tala del bosque que generan los asentamientos en las veredas de Montañuelas y El Palomar y en el sector de la ‘Vuelta del cerezo’, se le suma el deficiente manejo de las aguas residuales que, en la mayoría de los casos, son vertidas directamente y sin tratamiento al río Aguacatal (afluente del río Cali).

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Estas inadecuadas prácticas de disposición también originan problemas ambientales y estructurales por los procesos de infiltración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. De hecho, la erosión y desestabilización de los suelos, son una consecuencia directa de esta problemática.

Además, algunas de esas viviendas se encuentran construidas en pendientes iguales o mayores a 75 grados, “esto representa una amenaza alta para sus habitantes debido a posibles movimientos en masa (derrumbes)”, explicó Rodrigo Zamorano, secretario de Gestión de Riesgo de Cali.

Por su parte, Darío Daza, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali, explicó que desde la Administración Municipal se vienen adelantando acciones para evitar la expansión de este tipo de invasiones, no solo en El Saladito, sino en diferentes sectores de la zona rural de la ciudad. Sin embargo, sostuvo que es “dispendioso” controlar el 100 % del territorio rural de la capital del Valle.

“Tenemos el Comité de Control de Invasiones y Protección de Ecosistemas, con el cual venimos trabajando desde el año pasado. Este articula de muchas instituciones del Municipio que tienen competencia, bajo preceptos legales, para poder combatir durante las primeras 72 horas las invasiones en territorios particulares y que no son de uso público”, dijo Daza.

Asimismo, el funcionario explicó que la ciudad cuenta con grupos de control a las licencias de construcción y control preventivo a licencias no construidas, la cuales trabajan tanto en el perímetro urbano como rural de Cali.

“Pero eso ya tiene un proceso administrativo predeterminado en el Código de Policía y nace de un informe técnico que se traslada a los inspectores o corregidores, para que estos adelanten un proceso verbal abreviado, que tiene también unos recursos y unas instancias, y son las que llevan a determinar si se aplican o no las sanciones a las personas que hayan construido sin licencia en la ciudad”, precisó Daza.

Las veredas Montañuelas y El Palomar hacen parte del área de reserva forestal protectora del Municipio de Santiago de Cali por ser protectoras de fuentes hídricas de la la ciudad.

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