Análisis: la ambigüedad en el discurso del Gobierno Petro frente al narcotráfico

Por Sofía López
Periodista de El País
​"Los primeros esbozos del gobierno Petro frente a la política contra las drogas es una confusión total y el mundo al revés que le va a costar mucho a Colombia”. Así se refirió el analista político Jhon González sobre el revuelo generado a raíz de las decisiones y los comentarios del Ejecutivo en torno a la legalización de la coca.
​“El Gobierno confunde un aparente fracaso de la lucha contra las drogas con la abdicación frente a la amenaza que representan las drogas. También confunde el introducir un enfoque de salud pública en el manejo de los drogodependientes con la complacencia frente a un fenómeno que trae criminalidad, que destruye familias y es el motor de la guerra en Colombia”, agregó el analista.
Esa situación ha generado comentarios que únicamente han servido para confundir, en opinión de los especialistas. Ocurrió con las declaraciones del ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien afirmó el martes pasado ante el Congreso: “No se va a legalizar la cocaína. Si ha habido alguna información que se haya podido entender en ese sentido, hay que aclararlo; no se va a legalizar la cocaína en este Gobierno”.
Además, recalcó que “se va a intentar centrar la persecución, el aparato de Policía, digamos, y de jueces del Estado en las estructuras de narcotráfico, de mafias, de lavado de activos, y se va a enfocar hacia la salud pública y a la supervivencia económica para los consumidores y para los campesinos cultivadores”.

Sin embargo, el mismo día, el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, anunció la suspensión de los operativos de erradicación forzada de los cultivos de mata de coca.
Adicional a esto, en una reunión con la comitiva del Gobierno de Joe Biden en la Casa de Nariño, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, anunció que se le está prestando especial atención a “los recursos para la seguridad integral, la seguridad humana, empezando por la lucha contra distintos delitos; delitos ambientales, avances en la seguridad rural y en la titulación de tierras; obviamente, esto en el marco de la lucha frontal contra el narcotráfico”.

Los analistas consideran que estas declaraciones, que van en contra de las acciones, se deben a una desarticulación dentro del Gobierno.
Para el sociólogo Carlos Charry, “pareciera que hay cortocircuitos tanto en el interior del Gobierno, como en la coalición de Gobierno, porque se quieren hacer muchas cosas, pero no se tiene claro cuáles de todas ellas se van a implementar y cómo; es ahí donde surge toda esta polémica que debe ser aclarada lo más pronto posible, para no generar efectos colaterales en términos de opinión pública”.
El consultor político Álvaro Benedetti respalda ese argumento: “El Gobierno necesita unificar un discurso que dé claridad sobre adónde va la política de erradicación, de sustitución, de despenalización y, posteriormente, de legalización, que ya es un tema que definitivamente se sale de la órbita de competencia exclusiva de Colombia; en el escenario internacional, el país no tiene la fuerza suficiente para imponer una agenda de legalización”.

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El origen de la conmoción
El senador Gustavo Bolívar ha sido uno de los principales promotores de la regulación de las drogas. El mes pasado, publicó a través de su cuenta de Twitter que “La paz grande no es posible sin acabar el narcotráfico. Los firmantes proponemos la regulación de las drogas, incluso la cocaína”, seguido de un documento firmado por congresistas y líderes de comunidades.
Se anunciaba la presentación de un proyecto de ley que permitiera regular el uso de la hoja de coca. Uno de sus principios era que “la política del nuevo Gobierno debe basarse en la no criminalización de los pequeños productores y consumidores. Descriminalizaremos la política de drogas”.

Para el sociólogo Charry, las palabras del senador reafirman esa descoordinación que existe en el interior de la coalición del Pacto Histórico.
“Temas tan centrales, tan polémicos, y que pueden tener una repercusión fuerte en términos de opinión pública, e incluso de dinámica electoral, deben tener la coordinación del partido”, agregó Charry.

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Sin embargo, para algunos analistas, hay estrategias que el Ejecutivo ha dejado claras y quiere implementar, como justificación para legalizar la coca.
Para el consultor Benedetti, se tiene la intención de “promover desde el marco de la reforma agraria y desde el marco de las oportunidades económicas en territorio rurales procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, de cambios de las estructuras económicas rurales, y eso va a tener que impactar en la producción y, posteriormente, en su transformación”.
Para Charry, “dándole un enfoque de salud pública al tema de la cocaína y de otras drogas sintéticas o narcóticas, podría justificarse el cambio de las medidas que el Gobierno está haciendo en términos de erradicación. En general, el propio gobierno Duque demostró que la erradicación manual de cultivos no es exitosa”.