Análisis: ¿Cuál es el poder político que tiene la Primera Línea?

Más allá de que al final fue rechazado por el Legislativo, el indulto que se pretendía incluir en la llamada ‘ley de la paz total’ puso sobre el tapete una pregunta: ¿cuál es el poder político de la Primera Línea?

“Es un grupo que se ha organizado para participar en el poder político, y lo pudimos evidenciar en las elecciones al Congreso, cuando muchos de los integrantes de la Primera Línea decidieron participar en los procesos para la Cámara de Representantes”, responde el senador por el Partido Cambio Radical Carlos Fernando Motoa.

Y dice que esa participación tiene dos vertientes: una legítima representación de cierto sector de la sociedad, jóvenes inconformes, “donde algunos políticos han tratado de sintonizarse con ellos o ser representantes o voceros de ellos, no sé si autorizados o no”.

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Y la otra “es un interés, cómo se ha demostrado también por parte de las autoridades de Policía y judiciales, de representar por el lado perverso unas organizaciones al margen de la ley, como se pudo demostrar cuando algunos de estos integrantes de la Primera Línea de Yumbo y de Cali tenían financiación de grupos al margen de la ley”.

“¿Y en el Congreso, quién los representa?”, se pregunta Motoa y contesta: “Claramente, el Pacto Histórico se ha autodenominado defensor o vocero de la Primera Línea. Es el partido que más trata de entender lo que los integrantes de ese colectivo desean que se haga en el Congreso”.

Según él, hubo un acuerdo entre integrantes del Pacto y miembros de la Primera Línea de Bogotá, Cali y otras ciudades del país “y ahora están tratando de cumplir con esos acuerdos”.

Aunque según los analistas consultados no se puede decir que alguno de los actuales congresistas haya sido elegido específicamente con los votos de quienes participaron en el estallido social ocurrido en el 2021, sí hay por lo menos cuatro legisladores del Valle del Cauca que, se dice, sumaron respaldos de los manifestantes, en las urnas.

El primero de ellos es el hoy representante a la Cámara José Alberto Tejada, quien se dio a conocer entre “la muchachada” porque, en su condición de periodista del Canal 2, hacía transmisiones en directo desde los distintos puntos de bloqueo que tenían instalados en la ciudad de Cali.

Igualmente se mencionan a los también representantes por el Pacto Histórico Alfredo Mondragón y Alejandro Ocampo, así como a los senadores por esa misma coalición política Alexánder López y Wilson Arias.

“El primero que hay que mencionar en esa lista, porque es el padre putativo de la Primera Línea es el senador Gustavo Bolívar, que es el que siempre ha dado la pelea por ellos”, asegura el periodista político Argemiro Piñeros, con quien coinciden otras fuentes.

Sin embargo, el congresista le dijo a El País que “son varios” los legisladores que apoyan a quienes salieron a protestar a las calles y que eso no debe ser motivo de estigmatización ni para los unos ni para los otros.

Lo cierto es que entre quienes buscan proteger a los manifestantes desde el Congreso también se menciona al representante por el Pacto Alirio Uribe, quien habría sido abogado de varios de ellos, y su colega por la Alianza Verde Inti Asprilla, entre otros.

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“Nosotros conocemos a los jóvenes, y por tres o cuatro que estén infiltrados con otras intenciones no se puede estigmatizar a toda la juventud colombiana. Hemos hecho muchas reuniones estos días con ellos y con ministros y uno lo que ve son jóvenes preparados, sedientos de una oportunidad de empleo o educación”, añade Bolívar.

Para Argemiro Piñeros es claro que el actual Gobierno de izquierda “siente tener una deuda grande” con la Primera Línea, junto con los indígenas y los jóvenes, “porque realmente fueron los que comenzaron a hacerle la base formal de lo que fue el triunfo de Petro, que fue la protesta social”.

Sin embargo, ni para él ni para otras fuentes existe una representación de esta fuerza política en el Ejecutivo, al menos de manera visible.
De hecho, el senador Motoa cree que el relacionamiento entre el Presidente y la Primera Línea “lo están tratando de manejar tras bambalinas, en reuniones muy privadas, secretas, precisamente para no generar mayor discusión en la opinión pública y para no inquietar aún más a los ciudadanos”, pero sí “ir avanzando en los intereses de ellos”.

Ahora bien, sí hay un nombre que ha saltado a la palestra pública como presentante de esa nueva fuerza política en el Alto Gobierno, es el de la actual consejera presidencial para la Juventud, Gabriela Posso Restrepo.

No obstante, Alejandro Ocampo asegura que ella pertenece a un colectivo que hace política al interior de la Universidad del Valle, pero “no estuvo en la Primera Línea, ni siquiera estuvo en un punto de bloqueo”.

De hecho, una fuente señaló que quienes participaron en el estallido social no la reconocen como representación suya en el Gobierno, por lo que la funcionaria estaría intentando acercarse a ellos. El País intentó confirmar esa versión con la consejera, pero no fue posible contactarla.
Y el pasado domingo, en medio de una protesta de miembros de la Primera Línea que tuvo lugar en Bogotá, salió a relucir el nombre de otro funcionario que estaría, al menos, interesado en proteger a estos jóvenes.

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Se trata del viceministro del Interior, Gustavo García, de filiación liberal, quien habría intercedido para la liberación de algunos manifestantes que habían sido detenidos por la Policía.

Entre tanto, Carlos Charry, director del Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, señala que “los artículos de la Ley de Orden Público que pretendían darle poderes especiales al Presidente para indultar a esos jóvenes se quitaron del proyecto y eso habla de qué capacidad política real y efectiva tienen. Una cosa es recibir apoyos de determinados líderes, congresistas, pero, en términos de representatividad política, no veo que esta haya tenido mucho efecto positivo”.

En su opinión, los movimientos sociales, como la Primera Línea, “deben diferenciarse de la política institucional y ser precisamente un grupo de presión sobre esta para que introduzca reformas que la ciudadanía exige”.

Entonces, más que un ‘matrimonio’ con el Gobierno Petro, los protagonistas del estallido social estarían buscando resultados concretos e inmediatos a sus demandas, siendo hoy la principal de ellas la liberación de los jóvenes detenidos por delitos cometidos en medio de las protestas. Así lo evidenciaría el retorno de fuertes manifestaciones esta semana a Bogotá, justo después de que el Congreso rechazara el indulto propuesto para los miembros de la Primera Línea.

“Es muy presuntuoso que alguien quiera representar las ideas de esos jóvenes. Yo comparto el desarrollo del estallido social y creo que el Presidente está en lo mismo. Hay una fuerza indudable en ellos y sus reclamos siguen vivos y él responde a ese sentimiento. Petro y yo los tenemos en el corazón”, dice el representante Alejandro Ocampo, autor del artículo que pretendía incluir en la reforma a la Ley de Orden Público un indulto para miembros de la Primera Línea.

Agrega que seguirá insistiendo para que puedan salir de la cárcel (son 64 en el Valle), ya que “si vamos a facilitar acuerdos con traficantes, secuestradores y autores de masacres, ¿por qué no hacerlo con estos jóvenes cuya única motivación era protestar contra el Gobierno? Además, ellos son un actor político, porque no tenían la idea de delinquir y tuvieron logros en educación y empleo para jóvenes pobres”.

”¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la Primera Línea? Porque en realidad ese es un mundo muy complejo. Incluso en el furor del Paro Nacional no había una clara coordinación ni política ni organizacional entre las diferentes primeras líneas de cada ciudad”, como se evidenció en Bogotá y Cali, señala Carlos Charry, director del Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario.

En su concepto, a veces los propios actores del sistema político “hacen referencia a determinados actores y no a toda esa complejidad que engloba lo que llamamos las primeras líneas”.