La pelea por la propiedad de 1300 inmuebles que dejaron los narcos en Cali

La encrucijada que enreda a lotes, casas y edificios que fueron del narcotráfico en Cali parece estar lejos de acabarse. Sus víctimas son familias, comerciantes, compradores de buena fe, constructoras y hasta iglesias.

Hoy por hoy, muchas de estas personas y organizaciones ya fueron desalojadas de las que consideraban sus propiedades, mientras que otras aún se niegan a perder lo que dicen que “es suyo por derecho”.

Desde el año 2014, cuando la Sociedad de Activos Especiales, SAE (antigua Dirección Nacional de Estupefacientes), asumió la administración de los bienes que están en proceso de extinción de dominio o se les decretó dicho mecanismo, encontró en Cali un portafolio de 5200 inmuebles, 1800 de ellos con ocupación ilegal. Desde ese entonces, comenzó una batalla por recuperarlos. Como resultado, hasta la fecha, ya se logró hacer efectiva la medida en 500, sin embargo, aún tiene tarea de recuperar 1300 más.

Uno de los casos más recientes de esta puja se remonta al pasado 1 de octubre, cuando el personal de la SAE llegó hasta el centro comercial Panamá, en la Calle 15 # 3 - 33, para recuperar 107 inmuebles, entre ellos 105 locales comerciales y dos sótanos de parqueaderos con capacidad para 52 vehículos. Ese día la diligencia se hizo efectiva solo sobre 62 inmuebles.

Vale la pena precisar que Panamá es un edificio que, a pesar que se encuentra en proceso de extinción de dominio desde el año 2007, solo lo intentó recuperar la SAE hasta este año porque, según la entidad, durante los últimos cuatro años hubo un infructuoso acercamiento con sus ocupantes “quienes mostraron reticencia y oposición” para realizar la entrega de los locales de manera voluntaria.

“En la primera diligencia encontramos que los sótanos de este edificio eran utilizados como parqueaderos sin autorización de la entidad. También evidenciamos unas excavaciones, sobre las que se dice que con ellas se quería llegar a una caleta. A raíz de eso, cerramos los sótanos y establecimos una denuncia penal por daño en bien ajeno, mientras se hacen las respectivas investigaciones y se taponan los túneles”, explica Nury Moscoso, gerente regional de la SAE. 

Carlos Alberto Pérez, administrador del centro comercial Panamá, cuenta que la caleta tendría una suma de 25 millones de dólares, además de varias municiones de armas, y habría sido construida por trabajadores del fallecido narcotraficante ‘Pacho Herrera’.

“Pero no me consta que de verdad esté allí. Solo me di cuenta de su existencia hace dos años, cuando apareció un supuesto trabajador del capo y dijo que había participado en la excavación . A partir de esa fecha, las personas a las que la SAE les tenía arrendado los parqueaderos, empezaron a construir esos túneles. Y ahora, que esta entidad se da cuenta de la caleta, ahí sí vino a recuperar los locales y a sellar los túneles, pero además sigue con las excavaciones, poniendo en riesgo la seguridad del lugar”, asevera Pérez.

El hombre agrega que el centro comercial se ha desvalorizado porque los visitantes no tienen donde guardar sus vehículos y los comerciantes se han ido ya que no están dispuestos a pagar los cánones de arrendamiento que pide la SAE. “Ellos estaban pagando entre $150.000 y $200.000 pero muchos salieron despavoridos cuando la sociedad subió el alquiler”, dice.

Frente a esta situación, la SAE informó que está revisando el avalúo de renta de los locales, que actualmente oscila entre $300.000 y $330.000. Además, negó que haya seguido con las excavaciones en los túneles e indicó que una vez se realice el relleno de los mismos, “procederá a promocionar los inmuebles para su arrendamiento”.

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El panorama de la accidentalidad en Cali

La pugna de la SAE por hacer efectivas sus funciones llega a todos los rincones de Cali. En el Sur, Jorge Villavicencio, pastor y representante legal de la iglesia cristiana Misión Carismática Al Mundo, alega ser un comprador de buena fe del terreno ubicado en la Calle 9 # 82-10, en el barrio Mayapán, en el sur de Cali.

“Adquirimos este terreno en el 2007 para expandirnos ya que en ese entonces éramos la iglesia más grande de la ciudad. Tres inmobiliarias me ofrecieron este predio y todas pedían $3500 millones. Al final, se negoció con una de ellas por $3000 millones. Antes de comprarlo, estudiamos los títulos del inmueble y no encontramos ninguna irregularidad, también pedimos el concepto de la Fiscalía y de la Dirección Nacional de Estupefacientes y ambas entidades nos dieron la viabilidad para realizar la inversión”, explica Villavicencio.

Pero la adquisición se convirtió en una pesadilla en el año 2009, cuando la Fiscalía lo visitó con el argumento que ese predio le habría pertenecido al narcotraficante ‘Pacho Herrera’. Desde esa fecha, su bien entró en proceso de extinción de dominio por parte de la SAE, entidad que encontró que el inmueble tenía deudas millonarias.

“Solo en impuesto predial, estas ascendían en el 2017 a más de $158 millones y este año subieron a los $219 millones. Lo que el señor aboga es que, por ser una iglesia cristiana están exentos en el pago de impuestos, pero tuvieron que hacer mal la solicitud porque cuando yo pedí recibos ante la Secretaría de Hacienda, eso fue lo que pude evidenciar”, señala Nury Moscoso, gerente regional de la SAE.

La funcionaria añade que el representante legal del inmueble, por estar este en proceso de extinción de dominio, debe pagar un canon de arrendamiento a la SAE, o de lo contrario debe desocuparlo. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna de las dos opciones ha sido efectiva, por lo que la entidad informó que para el próximo año procederá a hacer el desalojo del predio.

El pastor Jorge Villavicencio advierte que eso no será fácil. “El día en que eso suceda voy a traer a 15.000 feligreses de todas las iglesias que hacen parte de la Misión Carismática para ver si son capaces de sacarnos de aquí”, dice.

Duvia, Juana y Alex fueron algunos de los primeros habitantes que llegaron en el año 1988 a Villa del Lido, un lote de 20.000 metros cuadrados ubicado entre las carreras 50 y 52, en el barrio del mismo nombre. Dicen que ‘Pacho Herrera’ les asignó ese terreno con el fin de que se lo cuidaran y tuvieran donde vivir.

Hoy, 30 años después, en este sector habitan cerca de 348 familias, distribuidas en 58 casas numeradas que cuentan con servicios públicos.
El asentamiento, está limitado en ambos extremos por dos grandes portones que tienen como propósito controlar el acceso de las personas. Hay tanto ranchos de madera como casas de ladrillo bien edificadas. Y, a pesar de que la única vía que lo atraviesa está sin pavimentar, allí se pueden observar carros de gama media, motos de alto cilindraje y hasta cuatrimotos.

“Aquí la mayoría de familias que llegamos somos desplazadas de la violencia y por eso le solicitamos al Gobierno que nos dé un reconocimiento y que no nos desaloje porque nos llevaría a una revictimización. En este lugar hay bebés, niños, madres cabeza de familia, adultos y ancianos que han construido su proyecto de vida”, indica Gloria Amparo Ríos, integrante de la Junta de Acción Comunal de Villa del Lido.

Al respecto, Nury Moscoso señala que desde el 2014, cuando la SAE encontró el predio en ocupación ilegal, se han hecho varios levantamientos de caracterización de los ocupantes.

“Sin embargo, dada la sensibilidad que produce para el desarrollo de la vida cotidiana de la ciudad, se han buscado acercamientos con la Alcaldía y Defensoría del Pueblo para revisar el manejo en que se puede recuperar el inmueble o si este puede ser vendido a la Administración Municipal para que esta de una solución a las personas que allí habitan”, concluye la gerente de la SAE.

Mientras tanto, la pugna de esta entidad por recuperar 1300 inmuebles en Cali sigue en firme. Es un largo camino que tomará años. Prueba de ello, son las 500 casos de recuperación que ha logrado hacer en cuatro años de creación.

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Cuando un inmueble es declarado en proceso de extinción de dominio o se le decretó dicho mecanismo jurídico por tener un origen o destinación ilícita, el Estado le otorga a la SAE, el derecho legal para que lo administre.

Si el ocupante de dicho inmueble no tiene un contrato de arrendamiento para utilizar el bien, lo primero que hace la SAE es un acercamiento para que se legalice.

Si la persona no tiene como suscribir el alquiler, la SAE le invita a hacer una entrega voluntaria . Si no lo hace, la SAE empieza la recuperación.