Salud y democracia

Al igualar el POS para todos los colombianos se cumple la principal promesa de la Ley 100 de 1993, columna vertebral del sistema de salud que rige en Colombia. Es decir, pasaron 19 años para llegar a esa aspiración, aunque haya sido exigida por un fallo judicial de obligatorio cumplimiento.

Cumpliendo la sentencia T 260 de 2008 expedida por la Corte Constitucional, a partir del pasado domingo 22,5 millones de colombianos afiliados que pertenecían al régimen subsidiado de salud tendrán acceso al mismo Plan Obligatorio de Salud que hoy cubre a los más de 20 millones que aportan al régimen contributivo. Todo un ejemplo de democracia que debe ser reconocido, sin que ello implique preguntar si el país y las finanzas públicas están preparados para cumplir ese reto.Al igualar el POS para todos los colombianos se cumple la principal promesa de la Ley 100 de 1993, columna vertebral del sistema de salud que rige en Colombia. Es decir, pasaron 19 años para llegar a esa aspiración, aunque haya sido exigida por un fallo judicial de obligatorio cumplimiento. Y se produce, aunque el sistema atraviesa una crisis que puede ser terminal si las autoridades no se deciden a tomar los correctivos que reclama una situación ya al borde de lo insostenible. Haciendo un poco de historia necesaria, hay que recordar que la Ley 100 contempló la división entre el régimen subsidiado y el contributivo pensando en las limitaciones del Estado para pagar todo el sistema y los cálculos que se hicieron entonces sobre el aumento del empleo formal. Lo cual significaba que en los siguientes siete años se reduciría el aporte en subsidios gracias a la cantidad de personas que pasarían a sufragar su salud. No ocurrió así porque además de crecer la población, el porcentaje de desempleados aumentó. Con lo cual se hundió uno de los presupuestos que dieron vida a la Ley 100. Esa es una de las razones por las cuales el Estado debe dedicar más de $30 billones a pagar el desbalance de la salud. Y que además llevó a la Corte Constitucional a acatar la promesa, ante el incumplimiento y el drama social que representa aún el precario cubrimiento que experimentan los afiliados al régimen subsidiado, generador de millones de tutelas que en la práctica desnaturalizaron el POS.Ahora, con la entrada en vigencia de la nivelación, el Estado deberá destinar una cifra que la Ministra de Salud calcula en $120.000 millones adicionales por mes, para cumplir con el propósito de lograr la democracia total. Eso es apenas el inicio, porque también significará reducir lo ingresos de las IPS. Pero, lo más grave, es que deberá ser manejado a través del enjambre de entidades que creó la ley para administrar el régimen subsidiado. Son precisamente las EPS que más le deben a la red hospitalaria y que, en casos como el Hospital Universitario del Valle, la tienen al borde de la parálisis.Así las cosas, podría decirse que el 1 de julio pasado se dio un paso fundamental para democratizar la salud en Colombia. Pero no parece ser así ante los temores que deja entrever la propia Ministra del Ramo. Por eso, lo que el país debe hacer es reconocer la quiebra del sistema de salud y reclamar que se resuelva, eliminando males que como la intermediación y la corrupción se quedan con una tajada creciente de los dineros públicos. De lo contrario, Colombia llegará al populismo que tanto daño causa y no a la democracia que todos reclamamos en un servicio público vital para la Nación.