Estado de excepción innecesario

No es con estados de excepción como el Gobierno de Gustavo Petro resolverá el déficit fiscal que arrastra Colombia de tiempo atrás, o garantizará la financiación del Presupuesto General de la Nación para el 2026 ni asegurará el cumplimiento de sus obligaciones en el año que se avecina. Será difícil, por no decir imposible, que la emergencia económica y social anunciada por el Presidente de la República, que le da facultades durante 30 días para expedir por decreto las medidas que considere necesarias, pase los filtros de revisión a los que debe someterse en el Congreso y en la Corte Constitucional, hoy en receso.

La decisión tomada desde la Casa de Nariño, y firmada el lunes 22 de diciembre por todo el gabinete ministerial, no llegó por sorpresa para los colombianos. Era el camino previsible que tomaría el Ejecutivo luego de la frustración que significó el hundimiento de su más reciente proyecto de ley de financiamiento, con el que pretendía solventar el hueco fiscal que arrastra desde hace meses y para lo que necesita $16,3 billones. Esa era una muerte anunciada, en la antesala de un año electoral, con un Congreso de mayorías opositoras y cuando el Gobierno Central sigue sin hacer el mea culpa de sus fallidas políticas económicas ni avanza en el apretón urgente que demandas los gastos públicos.

Si bien es cierto que el país enfrentará un 2026 complejo para las finanzas del Estado, ello no quiere decir que exista justificación para que el presidente Gustavo Petro declare un estado de excepción que, como bien lo dice el Artículo 215 de la Constitucional Nacional, solo puede convocarse “Cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública”.

Según los argumentos expuestos en la declaración de la emergencia económica, el país enfrenta una “situación grave e inminente consistente en la incapacidad material y jurídica de garantizar el goce de derechos fundamentales” y hay “hechos sobrevinientes y concurrentes que afectan de manera extraordinaria la actual situación de las finanzas de la nación”.

Entre las causas que justifican la expedición del decreto 1390, están la no aprobación en el Congreso de dos proyectos sucesivos de Ley de Financiamiento; la obligatoriedad de cumplir el Auto de la Corte Constitucional relacionado con la UPC –el costo que reconoce el gobierno por cada ciudadano afiliado al sistema de salud; la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana debido a las alteraciones de orden público, más de cara a las próximas elecciones; sentencias judiciales pendientes de pago; atención a desastres naturales y el agotamiento de alternativas de endeudamiento así como las restricciones en la caja de la Tesorería General de la Nación.

Si se analiza cada uno de los argumentos, se puede afirmar, como lo han manifestado varios constitucionalistas, que en este caso no existen causas extremas o sobrevinientes que ameriten declarar un estado de excepción. La crisis fiscal no es nueva, como tampoco lo es que el Gobierno Petro, al cual le quedan ocho meses de funciones, no ha logrado frenar en estos años el deterioro de las finanzas públicas, sostener e incrementar el recaudo impositivo, ni ha hecho lo suficiente para solventar la escalada del gasto del Estado, pese a las constantes advertencias de los diferentes sectores de la economía y la sociedad. En sus estertores el Presidente de la República sigue mirando el espejo retrovisor para justificar su inoperancia.

Ahora debe llegar un nuevo pulso sobre la declaración de emergencia económica y social, en el que se determinará si se ajusta a lo que prevé la Constitución Política y si los decretos que se expidan son pertinentes y cumplen con la ley. Como lo establece la Carta, la decisión del Gobierno Nacional deberá pasar por la Corte Constitucional y por el Congreso de la República, garantizando así la separación de los poderes que rigen a un Estado de Derecho como lo es Colombia. Hoy el Poder Judicial se encuentra en receso, y el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Alta Corte, anunció que legalmente no puede interrumpir la vacancia judicial, por lo que el estudio no tendrá lugar antes del 13 de enero. Mientras tanto, el Legislativo queda a la espera de los decretos que se deriven del estado de excepción.

Resta por pedirle al Mandatario de los colombianos que se apegue a la ley, que no intente pasar por encima de los demás poderes públicos, ni mucho menos generar una crisis fiscal aún más grave por cuenta de su afán y obstinación.