Aplausos para el Consejo de Estado

El Consejo de Estado hizo lo que le ordena la Constitución, revisar si el decreto expedido por el Gobierno sobre el salario mínimo se ajustaba a lo que la Carta y la ley ordenan. No podía hacer menos ni nada distinto. Hubiera prevaricato.

No se trataba entonces de que el alto tribunal hiciera evaluaciones económicas, consideraciones políticas o cálculos sobre el impacto electoral de su decisión. No puede.

En democracia, las tareas, los derechos y las obligaciones de las instituciones y los funcionarios públicos son regladas. Es la esencia del Estado de derecho. No pueden hacer lo que se les antoje. Su radio de acción está claramente definido por las normas jurídicas y solo pueden hacer lo que les está expresamente permitido.

De manera que el Consejo de Estado falló en derecho. Al estudiar el decreto, encontró que el monto del aumento fue caprichoso, no se ciñó a los criterios establecidos en la ley y violó los precedentes constitucionales.

El gobierno pretende reemplazar esos criterios objetivos legales por la idea de un ‘salario vital’ que justificaría su aumento. Ni la Constitución ni la ley hablan de ‘salario vital’. La Constitución habla de una “remuneración mínima vital y móvil”. Su contenido está por definirse. Tampoco el decreto argumenta por qué la cifra que establece constituiría un ‘salario vital’ ni explica por qué en los años anteriores de este gobierno no se usó esa pauta.

En todo caso, si el Gobierno cree que los criterios en la ley para establecer el salario mínimo son inconstitucionales, debe demandarla en la Constitucional. Lo que no puede hacer es saltarse la ley y la consecuente decisión del Consejo de Estado. No es a Petro a quien le corresponde determinar qué norma es o no inconstitucional o escoger qué sentencia cumple.

De manera que, en lugar de asustarse con la decisión del Consejo de Estado, debemos apoyarlo. Merece aplauso porque reitera que ni este ni gobiernos futuros pueden actuar caprichosa o arbitrariamente.

En cambio, sí debe repudiarse la reacción de Petro. Irrespeta y sabotea al Consejo de Estado, sugiere desconocer su sentencia, pretende convertir una decisión jurídica en un conflicto político, amenaza con un ‘enfrentamiento social’, una vez más pone en peligro la división de poderes y busca subordinar y someter a los jueces.

Petro actuó por puro cálculo electoral, por conveniencia politiquera. El aumento del salario mínimo se hizo contra la ley y contra todo criterio técnico y con el único propósito de ganar unos votos en las elecciones. Es tan absurdo que estaba 8 puntos por encima del 16 % que pedían los sindicatos para empezar a negociar.

Todo este problema lo ocasionó Petro y seguiremos pagando las consecuencias: la inflación subió 1,18 % en enero, la más alta en 25 años; muchas empresas quebraron; el desempleo y la informalidad empeoraron. Aunque se haya suspendido el decreto, ese daño está hecho y no tiene reversa.