Uso y abuso de la emergencia económica

La nueva emergencia económica decretada por el gobierno Petro es justificada y necesaria a los ojos de un lego en la materia. A diferencia de la anterior, que suspendió con sólidos argumentos la Corte Constitucional por no existir hechos sobrevinientes que la justificaran, en este caso las inundaciones en Córdoba, Sucre y otros seis departamentos de la Costa Atlántica sí constituyen un hecho sobreviniente grave que requiere medidas extraordinarias para enfrentarlo. Sin embargo, hay que estar atentos para que no se abuse del estado de excepción.

La diferencia es clave para entender por qué la anterior emergencia fue rechazada y la última debe ser aprobada. El requisito que impone la Constitución es que “sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social o ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública”.

Es evidente que el deterioro de las finanzas públicas y el aumento del déficit fiscal, que el gobierno adujo como argumentos para la anterior emergencia, no solo no era un hecho sobreviniente, sino que además fue generado por el mismo gobierno al presentar un presupuesto desfinanciado. Tampoco tenía ninguna justificación pretender adoptar con facultades de emergencia propuestas tributarias que ya habían sido negadas por el Congreso.

En esta ocasión, por el contrario, sí es evidente que los habitantes de los ocho departamentos afectados enfrentan un verdadero desastre por las torrenciales lluvias en una temporada que tradicionalmente es seca. Son aterradores los datos que presenta el decreto de emergencia en materia de hectáreas inundadas, familias afectadas, viviendas arrasadas e infraestructura vial y de comunicaciones destruida. Es una catástrofe humanitaria, social y económica similar a la del 2010, cuando el gobierno de Santos declaró una emergencia que enfrentar otra inusual temporada invernal. Hasta ahí, todo bien.

El riesgo está en que el gobierno quiera usar un justificado estado de excepción para tratar de solucionar otros problemas, o para recaudar recursos más allá de los necesarios para atender la calamidad invernal. En otras palabras, para meterle micos a la emergencia.

En el decreto de declaratoria ya aparece un primer mico al mezclar los graves problemas financieros del servicio de energía eléctrica en la costa con el desastre invernal. Se afirma en los considerandos del decreto que : “Existe un riesgo sistémico latente en el Mercado de Energía Mayorista (MEM) por efecto de las obligaciones financieras insolutas por las empresas de la región caribe (…), el cual se ha agudizado de manera ostensible por los fenómenos climáticos referidos en el presente Decreto”, pero no hay ningún argumento ni hecho que muestre la relación entre los dos problemas.

De otra parte está el tema de los $8 billones que aspira recoger el gobierno con nuevos impuestos de la emergencia, según declaraciones del Ministro de Hacienda. Acá el mico puede ser el destino de esos recursos, porque, a pesar del gran detalle de las afectaciones por el invierno, no hay ninguna cifra del monto de dinero necesario para atenderlas, ni del uso que se daría a los nuevos tributos. Si es menos de los $8 billones, entonces, ¿el gobierno devolvería el excedente a los contribuyentes? ¿O lo usaría para fines distintos a los que motivaron la emergencia?

El uso de un instrumento tan poderoso como la emergencia económica se justifica en las circunstancias actuales, pero hay que evitar el abuso de estas facultades.