Salario mínimo y alzas reales: alegría efímera

El Gobierno Nacional ha insistido en que los impactos que tendrá el alza del 23,7 % del salario mínimo en la economía nacional durante el presente año, sea en la inflación o en el empleo, serían muy bajos y que, por el contrario, habrá mayor demanda y consumo.

Para conocer las reales consecuencias de esa decisión, los colombianos tendrán que esperar que pase, por lo menos, la primera mitad de este 2026. Sin embargo, algunos de estos impactos ya empiezan a evidenciarse en el inicio del año.

Aunque la Administración Petro no quiera reconocerlo, es claro que hay unos efectos inmediatos. No es una teoría de conspiración ni una exageración de la oposición; es una reacción básica al incremento salarial que se decretó.

El valor de arriendos, matrículas, peajes, servicios públicos y tarifas médicas subieron 5,1 %, es decir, la inflación del 2025. Pero los servicios de vigilancia, las multas de tránsito, las consultas médicas particulares, los servicios de cuidado de personas mayores o niños, el trabajo doméstico, los restaurantes, el transporte público y la vivienda VIS y VIP aumentan el 23,7 % por indexación con el sueldo mínimo.

Este último es uno de los casos más críticos. Los topes de la vivienda básica presentan un fuerte incremento. Ahora una VIS puede costar hasta $ 262 millones y una VIP $ 157 millones. Las familias con encargos fiduciarios, es decir, quienes ya tienen contratos de compra pactados en salarios mínimos, verán incrementos del 23 % en el valor previamente concertado.

Quiénes viven en conjuntos cerrados analizan cómo evitar un incremento de esa magnitud en las cuotas de administración, los restaurantes hacen estrategias para no despedir empleados ni aumentar el valor de los precios de los platos y las empresas buscan la manera de reducir costos laborales, por un lado, para soportar, por otra parte, el incremento salarial.

Aun así, el panorama no es tan claro como lo pinta el Ejecutivo y las alzas son reales. Las proyecciones de los centros de pensamiento sobre la inflación empezaron a cambiar: algunas entidades como Corficolombiana ya hablan de un IPC (Índice de Precios al Consumidor) del 2026 de hasta 7 %, lejos de la meta del Banco de la República (3 %).

El gran pecado del alza en el sueldo básico no ha sido el porcentaje alto, sino la alarmante improvisación en su implementación. Un aumento de esta naturaleza exigía una cirugía mayor en la estructura de costos del país; específicamente, una desindexación agresiva y previa de más productos, servicios y tarifas que legalmente están atados al salario mínimo.

El mensaje enviado al sector productivo ha sido de una desconexión total con la realidad. Las micro, pequeñas y medianas empresas, que generan la gran mayoría del empleo en Colombia, se enfrentan hoy a una encrucijada letal: las consecuencias seguramente se verán en los próximos meses.

Gobernar por decreto y bajo la lógica del aplauso inmediato en redes sociales tiene un costo que siempre termina pagando el ciudadano de a pie. Hoy, el trabajador que celebra recibir una importante alza en su sueldo, pero también el que no tendrá ese incremento, se encuentra con que el transporte, el almuerzo ejecutivo y el arriendo han subido en una proporción que anula su alegría.

Adicionalmente, aporta un grado más de incertidumbre por las demandas que se han interpuesto contra el decreto del alza salarial que, aunque no han prosperado, generan un ruido frente a las perspectivas económicas del país.

Lo cierto es que las alzas en los precios son reales, la inflación estará por encima de lo esperado y, para completar, seguramente las tasas de interés del Emisor no se reduzcan como se esperaba. Un cóctel que ojalá no termine afectando a la mayoría de los colombianos.