Editorial
¿Quiénes sabían?
Es por ello que la Casa de Nariño debería ser la primera interesada en que, si como dice es inocente del señalado entramado de corrupción...

Es claro que, si se trata de hablar de corrupción, el escándalo más sonado del 2024 en el país es el detectado en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y de Desastres, Ungrd. Si bien los hechos que aún son motivo de investigación ocurrían hace justo un año, fue en febrero pasado cuando se conoció que algo no estaba bien con 40 carrotanques que se habían comprado para llevar agua a los habitantes de La Guajira y no cumplieron esa función.
Sin embargo, ese caso, que comprometía los $ 50 mil millones que costaron esos vehículos, solo fue la puerta por la que el país comenzó a entrever el entramado de malversación de fondos públicos que tuvo lugar en una entidad pensada para atender de manera rápida las emergencias que se pudieran presentar en el territorio nacional.
En efecto, tras las denuncias periodísticas que dieron lugar a las confesiones de los entonces, director y subdirector de la Ungrd, se ha fijado en $ 380 mil millones el monto de los dineros que se habrían usurpado del erario para destinarlos al direccionamiento de contratos que tendrían como beneficiarios a congresistas claves para la aprobación de proyectos de ley de alto interés para el Gobierno de Gustavo Petro.
Es por ello que la Casa de Nariño debería ser la primera interesada en que, si como dice es inocente del señalado entramado de corrupción, las investigaciones sobre el caso avancen con la mayor celeridad, a fin de que se conozcan quiénes fueron los responsables del desfalco.
Lo cierto es que al menos siete altos funcionarios del Ejecutivo, incluidos cuatro ministros, y cinco empleados de rango medio, han sido involucrados en las indagaciones que la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia adelantan por la entrega de sobornos multimillonarios a al menos nueve congresistas para que votaran positivamente las iniciativas legislativas del oficialismo.
Por supuesto que el alto tribunal debe llevar hasta las últimas consecuencias las investigaciones en contra de los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, así como contra los miembros de la comisión interparlamentaria mencionados en las confesiones hechas por los cerebros del entramado de corrupción de la Ungrd.
Pero también es urgente que las autoridades ahonden en la responsabilidad que le atañe a la Casa de Nariño por las artimañas con las que supuestamente se querían acceder a créditos internacionales que debían ser avalados por el Congreso, recurriendo a los recursos de la Unidad de Gestión de Riesgo.
No es suficiente con que los ministros que vayan siendo mencionados por los delatores salgan del Gobierno Nacional. Las declaraciones dadas a la Fiscalía por la exconsejera presidencial para las Regiones, en medio del proceso que la llevó a la cárcel, deben contribuir a que los colombianos conozcan la real dimensión de un escándalo que no puede convertirse en otro alboroto que, tras llenar muchos titulares de prensa, se va diluyendo en el tiempo sin que se conozca realmente qué pasó y quiénes fueron los responsables.
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